Madrid, 23 jun (EFE).- El debate sobre el anteproyecto de reforma de la ley del aborto que ha mantenido hoy el Consejo Fiscal -órgano asesor del fiscal general del Estado- ha puesto de manifiesto la división de opiniones entre el sector progresista y el sector conservador de la carrera.

Así se desprende de la nota de prensa remitida esta tarde por la Fiscalía General del Estado, en la que se asegura que este órgano ha acordado finalmente remitir dos informes alternativos al Ministerio de Justicia sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y reproductiva y de la Interrupción voluntaria del embarazo.

Uno de ellos está avalado por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Martín-Casallo, y los vocales del Consejo elegidos a propuesta de la Unión Progresista de Fiscales.

El segundo informe está avalado por los vocales elegidos a propuesta de la Asociación de Fiscales, de carácter conservador.

Los informes del Consejo Fiscal tienen carácter consultivo y no vinculante para el Gobierno, que debe recabarlos antes de enviar el anteproyecto de ley para su tramitación en las Cortes.

También el Consejo General del Poder Judicial debe emitir su dictamen sobre la reforma de la ley del aborto, aunque ayer volvió a pedir al Gobierno que amplíe el plazo que tiene para hacerlo, ya que aunque este órgano ya trabaja en el informe el texto definitivo no está ultimado.

A principios de este mes, el órgano de gobierno de los jueces ya acordó pedir al Ministerio de Justicia que ampliara en quince días dicho plazo y ahora previsiblemente el pleno del CGPJ, a petición de la comisión del Estudios del Consejo, acordará volver a reclamar una prórroga, esta vez de un mes, según fuentes del Consejo.

El anteproyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 14 mayo, contempla el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto.

La nueva norma sustituye a la actual legislación, vigente desde 1985, y sitúa en 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo. EFE jav/jrr

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