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El Gobierno andaluz quiere cubrir legalmente a los pacientes en estado terminal que decidan voluntariamente interrumpir los tratamientos que los mantiene atados a la vida. Por primera vez en España, Andalucía ha mandado al Parlamento regional una propuesta de ley en la que, si llega a aprobarse, los enfermos terminales podrán ser desconectados de un respirador si ésa es su decisión. Por encima de cualquier institución pública o privada, incluso religiosa, la voluntad de paciente será la que tenga la última palabra. El debate ya está servido: ¿Junto al derecho a la vida coexiste otro derecho a decidir tu propia muerte?

El anteproyecto de ley explica claramente que deja fuera de juego dos actuaciones clínicas: la eutanasia directa (muerte que se ocasiona de una manera directa para que el paciente deje de sufrir) y el suicidio asistido (alguien dota de los medios necesarios a un paciente para que pueda terminar con su vida). Unos términos que recoge el Código Penal y al que ninguna autonomía tiene competencia de legislar. Por el contrario, sí puede legalizar que un paciente rechace un tratamiento, limitar las medidas de soporte vital que lo tengan atados a la vida y ofrecerles sedación paliativa.

Ante las ampollas que levanta la palabra eutanasia con solo mencionarla, la futura ley explica detalladamente que su objetivo no es buscar deliberadamente la muerte, “sino aliviar o evitar el sufrimiento, respetar la autonomía del paciente y humanizar el proceso natural de la muerte”. Cuando el paciente sea menor de edad, la información y el otorgamiento del consentimiento correspondería a sus representantes legales, una vez escuchada su opinión si es mayor de 12 años.

El 93% de los andaluces defiende que “todo el mundo tiene derecho a morir dignamente”, según el barómetro sanitario andaluz de 2007. Son los datos sobre los que María Jesús Montero, consejera de Salud de Andalucía, justifica así su decisión de que la futura ley prime la voluntad del paciente por encima de todo. Para los profesionales sanitarios hay una advertencia: deberán respetar las decisiones de los pacientes por encima de sus opiniones personales, morales, religiosas o fisiológicas.

Asimismo, los facultativos tendrán la “obligación” de ofrecer al paciente todas las intervenciones que necesiten para garantizar su adecuado cuidado. También deberán darle toda la información clínica al paciente siempre que así lo desee, con un pronóstico y diagnóstico comprensible, para ayudarle a tomar la decisión. Los cuidados paliativos integrales le serán proporcionados en su propio domicilio siempre que sea posible y el paciente lo desee. Si descartan esta opción, dispondrán de una habitación individual y podrán estar acompañados en todo momento por su familia durante el proceso de la muerte.

Casos como el del Hospital de Leganés los cubriría la ley

Al mismo tiempo, el gobierno andaluz quiere regular los deberes de los profesionales sanitarios encargados de la atención a personas ante el proceso de muerte. Casos como el del Hospital de Leganés tendrían cubiertos las espaldas con esta ley en la calle. César Caballero, portavoz de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, defiende que la sedación no es sólo un derecho para los pacientes en situación de agonía, sino una obligación como quedó demostrado en el el caso de Leganés, “así que es fundamental que se apruebe una norma que regule este tipo de prácticas”.

Plataformas en defensa de la vida no han tardado en oponerse a la ley advirtiendo que es “un proyecto extremista y de muerte de Zapatero”, como avisó ayer el presidente de la plataforma Hazteoir.org, Ignacio Arsuaga, quien advirtió de que “reduce la protección de la vida cuando más protección necesita”. Del Gobierno andaluz criticó que con esta ley lo único que pretende es “someter un bien absoluto a un criterio economicista” y considera que la única intención de esta legislación es “ahorrar dinero”.

Si se da luz verde a la ley, casos como el de Eulana, la joven italiana que fue retirada del respirador que la mantenía con vida, o el de Inmaculada Echevarría, en el que la Orden Hospitalaria San Juan de Dios pidió su traslado a un hospital público para retirar la ventilación mecánica, no alimentaría a la polémica en Andalucía. Un ejemplo de suicidio asistido al que la norma andaluza no daría cobertura es el caso de Ramón Sampedro, el tetrapléjico inspirador de la película Mar Adentro que murió envenenado con cianuro potásico gracias a la ayuda de su amiga Ramona Maneiro.

Portavoces del Defensor del Paciente aplauden la medida andaluza pero no entienden por qué no se habla de eutanasia si se acorta la vida del paciente. “Hablar de otra cosa es hipocresía política”, defienden. Tampoco se explican por qué la ley no es nacional ya que deja a los ciudadanos a merced de los pensamientos e ideas políticas dependiendo de la comunidad en la que residan. “Esto es agravio comparativo y discriminación”.

Ante situaciones así, la sociedad entera se convierte en juez directo y cada uno dicta su propia sentencia al creer que se tiene la respuesta correcta a un montón de preguntas: ¿Es lícito moralmente dejar morir a una persona que así lo desea? ¿Está vivo alguien que respira y come gracias a una máquina? ¿Puedo yo decidir personal y voluntariamente mi propia muerte? ¿Se puede diferenciar legalmente la eutanasia activa (hacer morir a una persona) de la eutanasia pasiva (dejar de suministrar los medios para que una persona siga viviendo)?

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