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Lunes, 8 de junio de 2009

La 'Operación Astapa', que sacó a la luz las miserias del Ayuntamiento de Estepona poniendo de manifiesto la debilidad de las arcas municipales sustentadas por la actividad urbanística de los últimos años, bate récords en su primer aniversario y no precisamente para bien. La paralización judicial, debido a la falta de un magistrado titular que reactive la instrucción de la trama contra la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona, está creando un vacío legal que no tenía antecedentes en la provincia.

El Juzgado número 1 de este municipio que se encarga de su instrucción lleva medio año funcionando con la juez sustituta Virtudes Molina Parra. Para más inri, los 63 imputados del caso desconocen por el momento qué hechos delictivos concretos se les atribuyen, debido a la prórroga que viene sucediéndose todos los meses del secreto de sumario. Los letrados defensores han solicitado a la Audiencia Provincial de Málaga que adopte alguna solución para acabar con esta situación.

La juez Isabel Conejo, principal instructora de este complejo caso, dejó el juzgado a comienzos de este año porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no le permitió compatibilizar su nombramiento en un juzgado de nueva creación en Estepona con una comisión de servicio. Desde entonces, el sumario por el que ingresaron en prisión preventiva el entonces alcalde Antonio Barrientos (PSOE), su jefe de gabinete y dos ediles siguen en secreto de sumario, “y nadie sabe de qué van las implicaciones”, denuncia uno de los letrados.

Según los abogados defensores de Astapa, “los avances en la instrucción apenas se perciben, aunque estamos solicitando información de la Audiencia Provincial para que nos permita el acceso al sumario. De momento, a casi un año vista, no tenemos ningún resultado”. En el caso del alcalde Antonio Barrientos, que pasó seis meses en la cárcel, su defensa ha recurrido ocho de los autos del secreto de sumario. "Todavía estamos pendientes del   primer recurso. Esto demuestra la insolvencia de nuestro sistema judicial", asegura el abogado José Carlos Aguilera. Todos los letrados esperan que la “indefensión procesal de sus clientes” se solvente.

Por su parte, el TSJA está buscando candidatos dispuestos a pasar una temporada en este juzgado. A comienzos de año ya sacaron la vacante. La única juez que lo solicitó no recibió el visto bueno del Consejo General del Poder Judicial porque su marcha podría ser perjudicial para su juzgado de origen.

Se teme una moción de censura

Este vacío jurídico en el caso Astapa está causando graves problemas dentro del ambiente de la corporación municipal. El actual alcalde, David Valádez, reconoce que la gestión en el municipio no está siendo nada fácil. El PSOE ofreció a los populares formar parte del gobierno después de la Operación Astapa y estos lo rechazaron con el argumento de que la disolución del Ayuntamiento era la única salida posible a la situación del municipio. Tras el pacto del PP realizado en Benalmádena, el alcalde ha temido que los  populares pudieran pactar una moción de censura para desalojarle. “No me da miedo que se fragüe un acuerdo de estas características, estoy en política por amor a la política como servicio público, por coherencia y por dignidad. Cuando me vaya de aquí sólo me llevaré la foto de mi mujer y las llaves de mi casa, que guardo en el cajón, pero no sería bueno para Estepona”, señala el alcalde.

Los populares le han tranquilizado esta semana. El presidente local del PP y concejal de la Corporación, Ignacio Mena, ha cerrado el paso a cualquier tipo de moción de censura en la localidad, y ha precisado que “sólo habrá cambio de gobierno cuando lleguen las elecciones municipales”.

Los ediles del PP han rechazado siempre el ofrecimiento del regidor socialista para entrar a formar parte del actual equipo de gobierno; incluso han solicitado la convocatoria de nuevas elecciones municipales. Pero ellos tampoco se han salvado de la quema. La 'Operación Gürtel', que investiga dio diana en uno de sus concejales: el edil Ricardo Galeote, que ha tenido que dimitir de su cargo.

A pesar de todos los imponderables políticos, el auténtico  caballo de batalla durante este año ha sido el de paliar las dificultades económicas. Las deudas municipales han ocasionado amenazas de cortes de luz, han dejado sin teléfono al Ayuntamiento, sin suministro de combustible y hasta sin posibilidad de realizar incineraciones en el cementerio municipal. Los números rojos del Ayuntamiento se elevan a más de 164 millones de euros y ningún dato apunta a que la situación mejore.

3.  chankette»06/06/2009, 13:17 h.

Esta causa se encuentra ya con sentencia firme.
"Prescripción de los delitos cometidos"
Lo que únicamente ocurre es que se está ejecutando la sentencia, a saber, se está "pudriendo en el más absoluto olvido" hasta que pasado ¿5 o tal vez 10 años? se retomará la causa para con todo el teatro y actores togados se represente el acto final.

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2.  olle»06/06/2009, 10:21 h.

El problema es probablemente que no encuentren un juez, o jueza, estilo Garzon, que haga lo que quiera PSOE ya que , aqui como en muchos sitios, hay que proteger algunos/as con vinculo a la "familia sevillana" y sus bochornos actividades en Andalucia.

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1.  observando»06/06/2009, 09:36 h.

Vamos, hombre! Y uno que ha de creerse que no se encuentra juez para esta causa, que se ventilará precisamente como un proceso de corrupción de un gobierno municipal socialista, estando también mezclada una hija del presidente socialista del Senado.

Y la Junta de Andalucía, impasible el ademán.

Esto es un régimen que actúa con visos de totalitarismo antidemocrático. Azuza a la Justicia contra la oposición, detiene o diluye las causas contra su propia gente, y compite en la urnas con sucias artimañas que no son ilícitas porque según la ley que se han dado los politicos a sí mismos, en periodo electoral todo vale y cualquier disparate, infundio o calumnia ha de quedar impune.

Este empeño en dirigirnos a la tercera república marxista, en pleno siglo XXI, no tiene límites. !Qué democracia ni qué ocho cuartos!

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