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Lunes, 1 de junio de 2009

El canon que tendrán que abonar las telecos para financiar TVE no sólo es contrario al derecho comunitario; también a la Constitución española. Así de tajante. La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) no deja títere con cabeza en su informe al proyecto de ley que elimina la publicidad en la televisión pública. Según reza el documento de 58 páginas, al que ha tenido acceso El Confidencial, es “sumamente cuestionable” que la renuncia de ingresos por publicidad en TVE vaya a incrementarlos en los operadores de telecomunicaciones, lo que conculcaría los principios constitucionales de igualdad y generalidad en el sistema tributario.

De hecho, la CMT cita al Tribunal Constitucional para recordar que los principios de igualdad y generalidad se lesionan “cuando se utiliza un criterio de reparto de las cargas públicas carente de cualquier justificación razonable y, por tanto, incompatible con un sistema tributario justo como el que nuestra Constitución consagra en el artículo 31”. El Ejecutivo aprobó el pasado viernes el proyecto de ley, que ahora iniciará el trámite parlamentario por el procedimiento de urgencia. Los operadores de telecomunicaciones tendrán que abonar el 0,9% de sus ingresos brutos de explotación para compensar el fin de la publicidad en la televisión pública. 

Y más advertencias. El regulador cree que la fijación de este gravamen no sólo no dinamizará las telecomunicaciones, como expone la ley, sino que supondrá un incremento de los precios al público y un freno de las inversiones en el sector, precisamente cuando los operadores acometen el despliegue de las redes de fibra óptica en España, lo que requerirá dotaciones por encima de los 4.500 millones. Los operadores de comunicaciones electrónicas “podrían buscar una compensación económica aumentando sus precios minoristas y reduciendo sus inversiones, en un momento crítico para el despliegue de redes de nueva generación”, avisa.

También el Consejo de Estado, a cuyo informe fechado el 28 de mayo ha accedido este diario, plantea la incertidumbre que genera la medida sobre la evolución de las tarifas de las telecos, así como su eventual ajuste a la normativa europea. “Las nuevas fuentes de ingresos dejan planteados los problemas de la certeza y alcance de los efectos que la supresión de la publicidad va a producir en el mercado, del posible incremento de las tarifas (…), la incidencia en el derecho comunitario y la indefinición de la nueva figura tributaria que se crea denominada aportación en el anteproyecto y contribución específica en la memoria justificativa”, asevera en su dictamen.

Definir y cuantificar el servicio público

Este último organismo apunta uno de los principales obstáculo que suscita la CMT. Y es que la iniciativa sería contraria al principio de proporcionalidad fijado por el derecho comunitario para las ayudas públicas. En este sentido, la Comisión aboga por cuantificar primero, “con criterios de eficiencia”, el coste del servicio público de TVE, para luego “establecer un modelo de financiación que cubra de modo proporcionado la eliminación de la publicidad”. El Gobierno ha apostado, sin embargo, por establecer en primer lugar en 1.200 millones la cuantía anual de que dispondrá TVE, sin que esté definido el coste que supondrá satisfacer ese servicio público.

A raíz de esta reflexión, la CMT recuerda que el presupuesto inicial de explotación de la Corporación RTVE para 2009 contempla unos ingresos por publicidad de 511,9 millones, mientras que las nuevas tasas para compensar su eliminación generarían unos inputs por valor de 681 millones, casi 170 millones más. En esta línea, hace hincapié en que no debería existir un fondo de reserva, como contempla el proyecto de ley, “en tanto que desde el momento que se prevé que existan operadores privados que contribuirán a financiar el coste neto del servicio público, dichas aportaciones deben ser destinadas a cubrir éste y sólo éste”.

También advierte del problema que puede suponer que “la pérdida de contacto con el mercado publicitario” vaya a eliminar “el único referente de eficiencia de que dispone la Corporación RTVE en relación con su gestión”. Dicho de otro modo, el share ya no es un referente. Ni mucho menos fomentará el mejor uso de los recursos. De hecho, el Consejo de Estado pide un sistema de valoración específico para la cadena, en línea con los test de valor público u otros indicadores introducidos en diferentes países, ya que el nuevo modelo “puede conducir a un alejamiento del mercado, a sustituir la atención de la audiencia y sus necesidades e intereses por criterios excesivamente burocráticos”.

La CMT también tiene un modelo

La CMT matiza el modelo de financiación mixto propuesto por el Ejecutivo. El supervisor propone que se combine una partida de los Presupuestos Generales con una cuota de lo que el Estado ingresa por la tasa de ocupación del dominio radioeléctrico y con aportaciones de los operadores audiovisuales, pero no de los de telecomunicaciones. De mantenerse la obligación para éstos, aboga por plantear un umbral por debajo del cual se quedara exento, así como limitar el canon a los ingresos derivados de las actividades audiovisuales y no al conjunto de los ingresos brutos de explotación.

Dejar fuera de la tasa a las telecos podría financiarse, plantea la CMT, aumentando desde 80% hasta el 90% el porcentaje del canon sobre reserva del espacio radioeléctrico que se destina ahora en el texto legal para financiar TVE. Una medida que tendría una segunda derivada: “Para conseguir una mayor financiación con cargo a dicho recurso que permitiera eliminar la aportación de los operadores de comunicaciones electrónicas, sería aconsejable que se destinara a servicios móviles parte del dividendo digital, contribuyendo así además al desarrollo de nuevos servicios de gran valor añadido para el conjunto de la sociedad”.

8.  alfonsoserrano20»01/06/2009, 18:37 h.

La financiacion de TVE y demás tv's públicas debe estar casi exclusivamente basada en la "publicidad".
¿Existe mejor referente "democrático" que la preferencia del publico al conectar el programa televisivo que le apetezca?
Y decía casi "exclusivamente" porque el "parlamento", [-no el ejecutivo-] si podría "comprar" espacios para divulgar lo que sus señorias tengan por oportuno. Así sabriamos con limpieza lo que nos quieren "adoctrinar", porque dichos espacios SERIAN CLARAMENTE SEÑALIZADOS COMO INSTITUCIONALES.
El equipo directivo del "ente", dada la trascendencia de la manipulacion informativa posible, seria elegido por el parlamento con mayoria de 2/3, signo inequivoco de pluralidad "obligada".
Restringir la "financiacion" publica a un máximo del 20% del presupuesto del año anterior "liquidado", ASI SE EVITAN DEFICITS CONSECUTIVOS POR UTILIZACION TORTICERA DEL DINERO PUBLICO. Es decir el 80% tendria que buscarlo en el mercado publicitario como "todos", Y SOLO SE LES APORTARIA EL 20% DE LO QUE FUERAN CAPACES DE HABER CONSEGUIDO EL AÑO ANTERIOR.Y caso de "deficit" superior al 5% todo el equipo directivo a su casa sin indemnizacion de ningun tipo e inhabilitados 10 años.¿NO?

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7.  pinpinelaescarlata»01/06/2009, 14:34 h.

TV Española, como los antiguos monopolios, tiene su razon de ser. No es precisamente ser un Negocio, ni dar beneficios. Es un ENTE con unos fines concretos. Por lo tanto y siempre en mi opinion su presupuesto debiera estar en los presupuestos del Estado.
La competencia desleal entre lo publico y lo privado es desleal y en el caso de una empresa publica doblemente desleal. Dicho esto, creo que la medida de financiarse de la publicidad o cualquier otra medida similar es cuestionable. Ahora bien si se supone que el ENTE por estar financiado por los presupuestos del Estado es un Ministerio con unos funcionarios y sin limite de credito .. Esto es Cuba y nosotros los Negritos.
Modelo de Gestion, racionalizacion de costes y gastos y ... Zapatero a tus Zapatos.

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6.  caldera»01/06/2009, 11:08 h.

Este gobierno es muy dado a hacer leyes ad hoc según le interese,no tiene en cuenta sí con ello perjudica a unos y favorece a otros, se pasa por el forro la ceguera de la justicia, comportándose de forma sectaria.

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5.  Rolania»01/06/2009, 10:02 h.

¿Y que mas da? si el CONSTITUCIONAL con el estatuto,cuando llegue a estudiar este asunto ,estaremos todos en el otro barrio.

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4.  Miguel García»01/06/2009, 09:37 h.

#3 coscolino. Y cita usted sólo a los grandes operadores: si echan a alguno en Telefónica antes habrán echado docenas en Alcatel-Lucent, en Ericsson, en Nokia... y en las subcontratas de todos estos.

Mención aparte merece la degradación de condiciones y el reemplazo de personal interno, por ejemplo en Orange, por personal externo con menor paga y peores condiciones.

¿Inversiones? ¿fibra óptica? ¿banda ancha de verdad? Nos podemos ir olvidando, mientras caminamos hacia un modelo tercermundista, con el decidido apoyo de la mafia sindical [a la que se la pelan los despidos en el sector de telecomunicaciones y la destrucción de inversión en nuevas redes] y de la muy subvencionada pandilla e la ceja.

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