F.Vega pide al PP respeto para Garzón y no desvivirse en descalificaciones
EFE - 29/05/2009 14 : 25
Madrid, 29 may (EFE).- La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha considerado, en referencia a la decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite una querella de Manos Limpias contra el juez Baltasar Garzón, que el PP debería mostrar respeto y no desvivirse en descalificaciones.
"Los mismos que se rasgan las vestiduras y resucitan autos de fe se desviven por la descalificación al juez", adelantándose a los acontecimientos y antes de saber qué va a hacer la Justicia, ha dicho Fernández de la Vega durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La vicepresidenta ha expresado el respeto del Gobierno a la decisión del Tribunal Supremo, al procedimiento y a los tiempos judiciales, y ha considerado que ese respeto deberían aplicárselo igualmente los dirigentes del Partido Popular.
Asimismo, ha asegurado que la resolución de esa querella contra Garzón no tendrá consecuencias en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica aprobada por el Ejecutivo.
Según ha dicho, la posición del Gobierno sigue siendo la de "amparar, reconocer y ampliar derechos a aquellos españoles que no los tenían reconocidos en algunos aspectos de su vida o de su historia familiar, poner fin a una etapa triste de nuestra historia y que todo el mundo pueda sentir que lo hace con el honor y dignidad debidos a la memoria personal, familiar y colectiva".
"Vamos a seguir trabajando como estamos haciendo, no va a cambiar nada esta cuestión", ha indicado.
Sobre el hecho de que la querella contra Garzón presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias, que ejerce la acción popular, haya sido admitida en contra del criterio de la Fiscalía, Fernández de la Vega ha defendido el ejercicio acción popular como una garantía para los ciudadanos, siempre que los jueces eviten un uso fraudulento.
El Ejecutivo, según ha señalado, es partidario de la acusación popular, siempre que su finalidad no sea ajena a lo previsto en nuestro ordenamiento, que es garantizar el acceso de los ciudadanos a la Justicia. EFE slp/br
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