Esto significa que, en cuanto lleguen a este país, que parece que será el próximo viernes, las autoridades keniatas los detendrán para enjuiciarles. Andreu ha explicado al JEMAD que va a continuar con la investigación, de forma que la orden de libertad sólo afecta a su procedimiento con lo que no entra a valorar lo que hagan las autoridades keniatas.

El embrollo comenzó cuando el JEMAD, tras la detención de los piratas, presentó una denuncia en la Audiencia Nacional. En ese momento se judicializó el asunto, que quedó en manos del juez Fernando Andreu. Ese fue el germen del embrollo.

Seguidamente, la Fiscalía pidió la prisión incondicional para los arrestados al entender que la Audiencia era competente para investigar la piratería porque es un delito contra la comunidad internacional, perseguible por todos los países por el principio de jurisdicción penal internacional que expresamente regula el Convenio de Ginebra. Además, hacía mención a la Ley Orgánica del Poder Judicial que recoge el principio de jurisdicción penal universal para el delito de piratería, que atribuye la competencia a la jurisdicción española y en concreto a la Audiencia Nacional, al tratarse de un delito cometido en el extranjero.

Y el juez así lo hizo. Pero un día después, el Ministerio Público se dio cuenta de que existía un acuerdo entre la Unión Europea y Kenia y pidió que se les dejara en libertad y fueran entregados a las autoridades keniatas. En contra de su criterio, Andreu levantó la medida de privación de libertad, pero no ordenó su entrega a Kenia porque, de hacerlo, se quebrantarían los principios básicos constitucionales y los plazos de extradición. Es decir, los piratas quedarían libres en cuento pisaran tierra firme.

Los cambios de criterio se suceden

Por su parte, el Gobierno, que a través del JEMAD presentó la denuncia en la Audiencia Nacional para investigar estos hechos, se personó este lunes en la causa pidiendo al juez que entregue los detenidos y Kenia y ordene su ingreso en prisión para evitar que salgan por su propio pie del barco. En su escrito, el abogado del Estado decía que no se podía permitir que resultara "estéril" la operación llevada a cabo por la Armada española y quedaran impunes de graves delitos, además de "frustrar" la pretensión española de contribuir a la seguridad nacional.

Paralelamente, el propio JEMAD escribió una carta al magistrado pidiéndole que les permita entregar a los piratas a Kenia, a lo que Andreu dio finalmente el visto bueno. Por otro lado, la Fiscalía solicitó que se archivara la causa y se permitiera que fuera el país africano el que les enjuicie porque España no es competente para investigarlo.

En otro cambio de criterio, el Ministerio Público dijo a Andreu que el delito de piratería marítima ni siquiera estaba tipificada legalmente en España y, por tanto, de seguir con el proceso en España "con toda probabilidad" no se podría garantizar ni la sujeción al procedimiento penal ni el posterior enjuiciamiento, "con la consecuencia no deseada de que tales hechos podrían quedar impunes".