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Jueves, 7 de mayo de 2009

Toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario en virtud de un juicio justo, rodeado de todas las garantías procesales. En eso consiste el derecho a la presunción de inocencia amparado por nuestra Constitución. Que el derecho existe no tiene duda. Sin embargo, en España, éste y otros derechos de salvaguarda de la libertad y de la seguridad de las personas, son sistemáticamente quebrantados.

Las filtraciones del sumario, por ejemplo, tienen el efecto perverso de provocar la apertura de un juicio paralelo -o mejor, linchamiento mediático- en el que la opinión pública dicta sentencia, las más de las veces condenatoria, dando por supuesta la veracidad de lo publicado. Todo ello genera una radical y absoluta indefensión.

Junto a la presunción de inocencia hay otros derechos conexos que suelen ser violados con demasiada frecuencia. Es el caso del derecho a ser informado de la acusación que justifica la apertura de diligencias penales y de la prohibición de instrucciones generales para investigar toda la vida y milagros de una persona a partir de la denuncia -a veces anónima- de un hecho delictivo concreto.

Hace unos días se publicó la noticia de que la UCO de la Guardia Civil, de quien se dice que es nuestro 'Gran Hermano', junto al CNI y la UDYCO de la Policía Nacional, recorre los comercios de una ciudad mediterránea en busca de pistas que permitan probar que el ex presidente de la Comunidad gastó sumas millonarias en decoración y obras de arte. No consta que se haya abierto ninguna investigación judicial contra el ex presidente. Pero se sabe que la Fiscalía lo tiene en su punto de mira y que ha abierto una verdadera causa general contra él, sin que el interesado haya sido informado de semejante proceder.

Más aún, son muchos los cargos políticos no socialistas que tienen la sensación de encontrarse bajo sospecha generalizada. La mayoría están convencidos de son objeto de escuchas ilegales. Lo peor de todo es que la Fiscalía anticorrupción no hace nada para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, que es su primer deber.

A esto se añaden las detenciones espectaculares de personajes públicos, siempre del PP, realizadas ante las cámaras de televisión y con un despliegue impresionante de medios policiales. Los detenidos, después varios días incomunicados, suelen acabar en prisión preventiva ante la “alarma social” que genera la gravedad de su conducta. En bastantes casos, todo queda en nada, aunque mucho tiempo después. Pero el gravísimo quebranto producido en el honor de la persona víctima de semejante linchamiento queda absolutamente impune.

Pues bien, el actual ministro de Justicia, Francisco Caamaño, catedrático de Derecho Constitucional, es un firme defensor de la presunción de inocencia. Escribió Caamaño ('La garantía constitucional de la inocencia', 2003) que la Constitución de los Estados Unidos de América prohíbe expresamente a las fuerzas de orden público “iniciar averiguaciones sobre la vida de las personas sin una ‘probable cause”. Se trata de impedir que “un ciudadano pueda verse sometido indebida e innecesariamente a una investigación policial y a un ulterior proceso judicial (lo que entre nosotros denominaríamos pena de banquillo”.

Advierte Caamaño que en nuestra Constitución no existe una garantía semejante a la norteamericana. “Por el contrario, el riesgo de una instrucción general, esto es, de una investigación genérica (sin ‘probable cause’) de la vida de una persona, tendente a la búsqueda de una hipotética conducta ilícita inicialmente desconocida, se produce no sólo en relación con la actuación policial, sino -y esto es lo realmente grave- dentro de la propia instrucción judicial, de suerte que el Juez Instructor, lejos de operar como garantía frente a instrucciones generales puede convertirse, mediante un uso indebido de sus facultades, (y así actúa, en mi opinión, cuando acuerda abrir las denominadas diligencias indeterminadas), en el primero y más peligroso inquisidor”.

Pero esta omisión constitucional “no significa que esa garantía no exista en absoluto”. “En mi criterio -añade Caamaño-, la prohibición de instrucciones generales es una garantía ínsita al derecho fundamental a ser informado de la acusación que no se limita a operar como un genuino derecho de defensa vinculado al principio contradictorio sobre el que debe articularse el proceso penal...; es también, y sobre todo, un derecho previo, presupuesto de aquél, y por el que el ciudadano tiene que saber, no ya los contenidos de la acusación sino, más sencillamente, la mera existencia de las diligencias judiciales iniciales... Se trata, también, de que con anterioridad, conozca la sola existencia del proceso, de modo que éste no pueda seguirse a sus espaldas”.

Caamaño debería desempolvar su propia doctrina. Como ministro de Justicia tiene ahora la oportunidad de impulsar la introducción en nuestro ordenamiento jurídico y nuestra praxis judicial y policial las reformas legales y las medidas necesarias para garantizar los derechos fundamentales. Asimismo, está en su mano evitar que algunos jueces y fiscales anticorrupción se conviertan en peligrosos inquisidores que, so pretexto de luchar contra ese gran cáncer de nuestra democracia que es la corrupción, vulneren los derechos fundamentales de personas que, aunque sean políticos, tienen derecho al honor y a la presunción de inocencia.

21.  Olic»06/05/2009, 18:40 h.

2.000.000 de Lectores Influyentes" ¿QUÉ 3.000.000 de lectores quiere El CONFIDENCIAL?

Hasta hace unos pocos meses, suponía un placer para muchos de nosotros poder aportar a los foros nuestras contribuciones, basadas en puntos de vista personales que se discutían, aprobaban o rebatían en un ambiente de educación y respeto ejemplar.
Puede que en algo hayamos contribuido para llegar a la cifra de cabecera. ¿Por qué este medio no quiere alcanzar los 3.000.000 lectores?. Es lo que parece deducirse a tenor de la deriva de los artículos y de la falta de moderación que apreciamos en los foros; en uno y otro caso se ha instalado el “todo vale con tal de...” tan propio del deterioro que todos observamos en la política este país.
Si lo que quiere este Confidencial es aumentar el número de páginas vistas, manteniendo su prestigio,no creemos que esa sea la mejor forma de actuar; muchos estamos convencidos de que la senda abandonada de la calidad ofrecida por los columnistas y el control más estricto del respeto debido a los foreros es absolutamente imprescindible para mantener nuestra fidelidad.
Sólo entonces este periódico volverá a ser el referente ejemplarizante deseado.

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20.  pinoalto»06/05/2009, 17:42 h.

Totalmente de acuerdo con el artículo y con el derecho inalienable e inviolable de la presunción de inocencia del individuo, hasta tanto sea juzgado y haya sentencia condenatoria.

La prensa, en el libre ejercicio de expresión, sea de una u otra cuerda, no debería de acometer juicios paralelos, que inclinan la balanza de la opinión pública y someten, a veces, a una presión desmedida a los encargados de aplicar las leyes.

Presunción de inocencia, si. Pero para todo hijo de vecino. En la operación malaya, ha habido más de un inocente al que han masacrado sin comerlo ni beberlo. Pero así funciona a veces el estado de derecho. A los que resulten inocentes ya los Tribunales los absolverán cuando se celebre el juicio. Les darán la razón en el cementerio y que se den con un canto en los dientes. Nosajoío Mayo con la presunción de inocencia. La presunción de los que mandan, claro.

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19.  Marqués del Rif»06/05/2009, 17:10 h.

Darwin, un afectuoso saludo.

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18.  darwin»06/05/2009, 15:21 h.

Buenas tardes, estimado Marqués del Rif.

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17.  darwin»06/05/2009, 15:20 h.

"2.000.000 de Lectores Influyentes"... ¿QUÉ 3.000.000 de lectores quiere El CONFIDENCIAL?

Hasta hace unos pocos meses, suponía un placer para muchos de nosotros poder aportar a los foros nuestras contribuciones, basadas en puntos de vista personales que se discutían, aprobaban o rebatían en un ambiente de educación y respeto ejemplar.

Puede que en algo hayamos contribuido para llegar a la cifra de cabecera. ¿Por qué este medio no quiere alcanzar los 3.000.000 lectores?. Es lo que parece deducirse a tenor de la deriva de los artículos y de la falta de moderación que apreciamos en los foros; en uno y otro caso se ha instalado el “todo vale con tal de...” tan propio del deterioro que todos observamos en la política este país.

Si lo que quiere este Confidencial es aumentar el número de páginas vistas, manteniendo su prestigio, no creemos que esa sea la mejor forma de actuar; muchos estamos convencidos de que la senda abandonada de la calidad ofrecida por los columnistas y el control más estricto del respeto debido a los foreros es absolutamente imprescindible para mantener nuestra fidelidad.

Sólo entonces este periódico volverá a ser el referente ejemplarizante deseado.

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