Denuncia  de García Marcos

Esta no es la primera vez que el caso de estos terrenos es tratado en un juzgado. Ya en el año 1997, la también imputada en el caso Malaya, que por aquel entonces militaba en el partido socialista, denunció este convenio urbanístico ante los tribunales. Casualmente, y como casi todos los procesos judiciales que tenían que ver con irregularidades del partido de Jesús Gil, recayó sobre la juez decana Pilar Ramírez, suspendida de sus funciones por el Consejo General del Poder Judicial y expedientada por dos faltas muy graves. La juez archivo el caso.

En esa etapa donde se firmaron la mayoría de los convenios urbanísticos de la ciudad. El fiscal jefe anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, siempre se hizo eco  de la "manifiesta parcialidad" de la jueza Pilar Ramírez a favor de Gil exponiendo en sus continuas denuncias que la magistrada usaba las normas de reparto en favor del  alcalde marbellí.   Este precisamente fue el caso del convenio de Alexandra Marie Sybille Sophie, que ayer justificó ante el juez Pérez “que ella siempre actuó en esta venta conforme a lo que la ley determina”. 

La juez decana apartó en aquel momento al  instructor que debía llevar el tema de los Bismarck,  “hecho que ocurría de manera sistemática y en aplicación sui géneris de las normas de reparto”.
La fiscalía denunció que  esta magistrada “utilizaba estas normas para apartar de un determinado asunto al juez competente, sin que ningún otro juez plantee la cuestión, haciéndolo sólo a instancia de una de las partes procesales que, por cualquier razón, prefiere que el asunto en el que tiene interés sea resuelto por un juez distinto a aquel a quien ha correspondido inicialmente el despacho del asunto”. Esta práctica judicial era “insólita” en el resto de los juzgados de España.

Roca dice estar pasando problemas económicos
 
Juan Antonio Roca defendió ayer ante el magistrado  la compra "legal" de los terrenos de la familia Von Bismarck, y señaló que el terreno no ha sido recalificado. El abogado de Roca, José Aníbal Álvarez, explicó que se trata de un terreno que "continúa rústico, no se ha recalificado y tampoco se produjo ninguna intervención" por parte de su cliente. Los hechos ocurrieron hace 12 años, y el letrado de Roca entiende que “está prescrito”.

"Los terrenos se compraron cuando eran rústicos y así continúan. No se han recalificado. Además, la compra fue legal", aseguró el letrado, quien precisó que "los pagos se hicieron mediante cheques bancarios, no con dinero en efectivo".
 
El ex asesor de urbanismo se quejó de que le llamaran para declarar en calidad de imputado, y en ningún momento se le leyó la imputación que le atribuía el juez. Esta nueva pieza suma más presuntos delitos a Roca. Precisamente, el magistrado amplió recientemente el procesamiento del ex asesor de Urbanismo por delitos fiscales y por nuevos hechos investigados que constituyen delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencia, cohecho, prevaricación, fraude e inducción a la falsificación de nacimiento.

Roca permaneció mas tiempo que en otras ocasiones en las dependencias judiciales de Marbella. El motivo fue, que tras finalizar su declaración por el caso “de la condesa alemana”, el ex asesor de urbanismo se reunió casi tres horas con el administrador judicial para saber en que situación se encuentran sus propiedades, así como estudiar la posibilidad de vender y alquilar algunas de ellas. Ya que según Roca su familia “está pasándolo económicamente mal (…), ya que los bienes embargados, no pueden disponer de liquido para vivir”.