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Jueves, 4 de junio de 2009

Nuevo capítulo en el caso Villa PSOE, un bloque de apartamentos de lujo erigido en la Isla de Arosa (Pontevedra) que podría vulnerar la Ley de Costas y entre cuyos futuros inquilinos figuran José Blanco y otros destacados dirigentes del PSdeG. Ayer arrancó el juicio contra Raimundo Piñeiro, vicepresidente del Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC), que destapó el escándalo, y José Carlos Piñeiro, abogado del mismo, quienes fueron denunciados en su día por el alcalde socialista de la isla, José Manuel Vázquez, y otros miembros de la corporación municipal por un presunto delito contra el honor.    

“Los socialistas están utilizando torticeramente la ley por intereses políticos para dar un escarmiento a los ciudadanos que denuncian la corrupción”, señaló ayer a este diario José Carlos Piñeiro, representante legal del SUGC. “Nuestra red social es potente. Con los medios de comunicación alternativos ejercemos mucha presión y, de ahí, la persecución a la que nos someten. Nos quieren acallar”, añade.

Según informan los demandados, durante la vista se rechazó el personamiento en el pleito como perjudicado del ministro de Fomento. Asimismo, los representantes del partido socialista llegaron a achacar la reciente derrota electoral en las autonómicas gallegas a la campaña emprendida por Cafines. “Es gravísimo que digan en una vista pública que perdieron las elecciones por el escándalo de Villa PSOE”, afirma Piñeiro.

El inicio del procedimiento coincidió ayer una acampada de varios vecinos de la isla frente al polémico bloque de apartamentos, erigido a escasos 20 metros del mar, lo que, según Cafines, vulnera tanto la Ley de Costas como la Ley Gallega del Litoral. Los ciudadanos se movilizan ante el inminente derribo de sus casas. Resulta paradójico que estas viviendas, con décadas de antigüedad, estén amenazadas por la misma Ley que parece no afectar a Villa PSOE.  “Es indignante que al lado del mar se esté levantando un macro proyecto y que ciudadanos corrientes estén acampando para defender la única vivienda que tienen”, concluye Piñeiro.   

18.  Esternocleidomastoideo»17/04/2009, 11:21 h.

Al margen de que sea legal o no la construcción de ese edificio, lo que es inconcebible es que personas afines a los diferentes gobiernos socialistas, al central y al anterior autonómico, estén claramente interesadas en adquirir una vivienda allí cuando saben que eso va a levantar ampollas en la sociedad, y más, en los vecinos de la costa gallega afectados por la actual ley de costas que además, fue tramitada por su propio partido desde el parlamento gallego. Mil veces he discutido con afines al PSOE esta cuestión y siempre les repito lo mismo "no basta que la mujer del César sea honesta; también tiene que parecerlo" y desde luego con este comportamiento no lo parecen. ¿Por qué núcleos urbanos pegados al mar y con muchísimos años, algunos cientos, de existencia quedan afectados por dicha ley, con lo cual, los vecinos de esas zonas no podrán llevar a cabo obras de acondicionamiento de sus casas [poner tejas, pintar, cambiar ventanas,....] sin el permiso de la Demarcación de Costas y en cambio si se puede construir una edificación nueva a 20 metros de la playa?. Y por cierto, Feijoo no podrá echar abajo esa construcción mientras la justicia no diga si es legal o no.

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17.  Guerrero del antifaz»16/04/2009, 20:18 h.

"Fendtestas", preguntas de que hablamos. Pues de no chuparnos el dedo, hombre. ¿Tu crees que tamaña ilegalidad, porque lo es, habría ido adelante si no fuesen quienes son los que tienen la "opción de compra"? ´Hasta el Zarrías se enteró del proyecto y tiene otra "opción". Como nadie va a tragar que sea legal si las viviendas contiguas, pero mas alejadas de la playa, quieren derribarlas. Que no construyen ellos, dices. ¿Sabes lo que es un testaferro?

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16.  JOTALE»16/04/2009, 19:41 h.

fendetestas39, #14. Una cosa es que la responsabilidad de haber concedido permisos para su construcción no sea de los compradores de esas viviendas y, otra, que los permisos sean legales.
Los ayuntamientos también cometen ilegalidades, ejemplos tienes los que quieras. Sin ir más lejos, el ayuntamiento de Marbella hizo recalificaciones y dio permisos de construcción [licencias de obras] que, siendo oficiales y estando ajustados a su PGOU, eran ilegales en si mismos por ser contrarios a una normativa legal superior de la Junta de Andalucía.
Las indemnizaciones se las podrán reclamar al promotor que les vendió las viviendas, no al ayuntamiento. A quien le pueda reclamar a su vez el promotor ya se verá, suponiendo que pueda hacerlo.
Permisos sí, de legalidad nada.
Que aparte de esto el ayuntamiento que concedió los permisos esté regido por socialistas y se haya favorecido al promotor que vendió esas viviendas a Pepiño y colegas, es algo sospechoso y ya veremos en que queda, pero, efectivamente, los responsables no son los compradores.

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15.  adolphere»16/04/2009, 18:03 h.

Amigo, ¿a cuento de qué te pones así?, yo no he mencionado en ningún momento a ningún gobierno fachapepero culpable o sospechoso de ilegalidades urbanísticas. Que derriben todo lo que sea ilegal, sin mirar a quién o no tuvo la culpa.

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14.  fendetestas39»16/04/2009, 17:39 h.

La casa NO ES del que tú llamas Pepiño Blanco [simplemente tiene una opción de compra, que puede ejercitar, o no].En cuanto a lo de las otras casas, no sé porqué están afectadas, simplemente expongo unos hechos referentes a Villa Psoe, que algunos parecen querer desconocer.
Si dicha villa posee TODOS los permisos legales, habrá que preguntarle a los que los concedieron porqué lo hicieron, no a los inquilinos, que llegaron mas tarde.
Hay cantidad de edificios que tienen licencia, y que posteriormente fueron declarados ilegales [caso Piricoto en vigo, etc], pero los propietarios actuales NO SON CULPABLES de las irregularidades cometidas por las administraciones, y tendrán que ser indemnizados.
Lo que quiero decir es que el edificio NO LO HIZO José Blanco, simplemente es uno de los futuros propietarios [?].

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