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Barcelona, 10 abr (EFE).- La banda de narcotraficantes y agentes presuntamente corruptos, destapada a raíz de la desaparición de 400 kilos de cocaína en el puerto de Barcelona, se sirvió de información e infraestructura policial para robar a otros distribuidores de droga con todo tipo de artimañas, incluyendo detenciones simuladas.

Por su presunta implicación en esta trama, que investiga un juzgado de Martorell (Barcelona) desde el robo de la cocaína en 2005, están imputados una decena de delincuentes comunes -varios de ellos ex confidentes policiales-, diez guardias civiles, entre ellos un teniente coronel, dos ex policías nacionales, otros dos abogados y un periodista, entre otras personas.

En el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Efe, constan indicios de que la banda, integrada por narcos, guardias civiles y policías nacionales, se lucró presuntamente "embaucando" a otros traficantes y montando operaciones policiales "ex profeso" para robarles la droga.

Para ello, la organización se aprovechaba de informaciones reservadas que les habría facilitado un ex inspector jefe de la Policía Nacional, Antonio G.R., quien supuestamente a cambio de parte del botín señalaba nombres de traficantes que estaban buscando quién les comprara droga.

Otro de los que suministraba datos sobre narcotraficantes era el guardia civil Antonio S., conocido como "Tete" y al que las investigaciones sitúan en la cúspide de la estructura policial de la banda.

Los delincuentes contaban con la colaboración del guardia civil en excedencia y policía local de Sant Fost de Campsentelles (Barcelona) Roberto D.P., que, juntamente con "Tete", pondría a disposición de la banda la infraestructura policial para llevar a cabo sus golpes contra los narcotraficantes.

El proceder de la banda se ha puesto al descubierto, en parte, gracias a la delación de uno de los presuntos miembros de la organización y de su esposa, que explicaron ante el juez los distintos métodos que empleaba la red para sustraer la droga a otros narcos.

Según esas declaraciones, para dar apariencia de credibilidad, los imputados se entrevistaban en un piso de Lloret de Mar (Girona) con los narcos a quienes pretendían estafar y se ganaban su confianza para que les fiaran la droga, con el compromiso de pagársela una vez la hubieran "colocado".

Realizada la entrega de la sustancia, entraban en escena los guardias civiles imputados, quienes presuntamente simulaban que detenían a sus propios compinches y que incautaban la droga, con lo que el pacto con los narcos se daba por roto y la banda se quedaba el alijo sin tener que pagarlo.

Incluso, en una de las ocasiones comentada por uno de los delatores, los guardias civiles habrían irrumpido para detener a un traficante de éxtasis justo cuando éste acababa de entregar la droga a los imputados, que de esa manera también se libraron de pagar.

Otra de las artimañas que la banda supuestamente empleó fue fingir que, huyendo de la policía, habían tenido que abandonar a toda prisa el vehículo en el que acababan de cargar un alijo de cocaína fiado por el narcotraficante.

Previamente, sin embargo, los delincuentes habían estado vaciando los paquetes de cocaína del vehículo para quedarse con la droga y colocar harina en su lugar, dejando sólo un mínimo de estupefaciente en los fardos que diera positivo en el "narcotest".

En otro de esos golpes que investiga el juzgado, los guardias civiles, en colaboración con los delincuentes, habrían rellenado con arroz y azúcar varios fardos de hachís procedentes de una incautación que se guardaban en un cuartel del Instituto Armado y que iban a ser incinerados.

Según se desprende de lo investigado, los narcotraficantes, que llevaban años actuando, disfrutaban de un alto nivel de vida y, presuntamente, pagaban también a los agentes corruptos con coches de lujo y viajes. EFE rg-jf/rq/ero

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