El alcalde de Murcia y secretario regional del PP, Miguel Ángel Cámara, asegura que la acusación de la Fiscalía al jefe de planeamiento municipal, Joaquín Peñalver, ahora excedente, de organizar una trama profesional para controlar todo el urbanismo de la Región desde el ayuntamiento capitalino “no tiene relación” con la institución que preside.

Según la fiscalía, durante diez años, de 1996 a 2006, desde su despacho en la Gerencia de Urbanismo, Peñalver organizó una red de arquitectos e ingenieros que acaparaba proyectos y actuaciones, lo que constituye indicios de delitos de negociación prohibida a funcionarios públicos, cohecho, uso de información privilegiada y blanqueo de capitales. Sin embargo, el alcalde Cámara, que gobierna el Consistorio desde 1995, está convencido, según dice, de que la corporación municipal se encuentra al margen de la actuación de Peñalver, su hermano y su tío -también arquitectos-, su mujer –asociada con promotores-, su suegra, otros familiares y varios promotores locales.

La actitud del alcalde del séptimo municipio en población de España, Murcia, ante las acusaciones de la Fiscalía es reveladora del clima de tolerancia hacia las irregularidades de los cargos públicos que invade la Región del Sureste. El precedente, la semana antes de conocerse estas acusaciones, es el de un edil cartagenero del PP que adjudicó obras del Plan E de Zapatero a su propio hijo por valor de más de 50.000 euros.

Este asunto ha vuelto a poner de relieve lo que se ha convertido en un mal endémico de las instituciones murcianas: los cargos públicos no dimiten, por mucho que sean pillados en falta, y a veces hasta usan sus puestos para eludir o retrasar la acción de la Justicia.

Este caso es ridículo comparado con el de Murcia, pero la actitud es la misma. La alcaldesa cartagenera, Pilar Barreiro, deshoja la margarita desde la semana pasada sobre qué hacer con su concejal de Vía Pública, Enrique Pérez Abellán, que ha incurrido en nepotismo con el dinero público. Le ha retirado las competencias, pero el edil sigue en posesión de sillón aunque lo ha puesto “a disposición” de la regidora.

La oposición socialista municipal brama por los pasillos y por los medios de comunicación olvidando que el caso Pérez Abellán no es sino uno más de la lamentablemente ya larga lista de cargos públicos murcianos que se niegan a dimitir a pesar de que la Justicia los tiene oficialmente imputados o acusados formalmente.

El anterior al del edil cartagenero fue el de un edil y portavoz socialista en otro ayuntamiento, el de Santomera. José Antonio Gil Sánchez fue formalmente acusado por la Fiscalía de delito ambiental en colaboración con el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia a cuenta de una cantera de áridos ilegal propiedad del segundo.

A los pocos días de conocerse la acusación, Gil Sánchez tomó posesión como diputado en la Asamblea Regional, en sustitución de un compañero fallecido, con lo que, como mínimo retrasa su proceso varios meses. El partido socialista cerró filas con él y lo defiende a capa y espada, señalando que su supuesto delito no tiene nada que ver con el de aquellos que meten la mano en la caja del erario público.

De uno y otro bando

Comparaban así en su beneficio los socialistas el caso santomerano con el del ex alcalde de Totana y diputado regional Juan Morales, imputado desde diciembre de 2007 por una retahíla de delitos que pueden ir desde el cohecho hasta las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Nadie le exigió la dimisión desde su partido, el PP: sólo se ha trasladado al Grupo Mixto –con gran cabreo del único diputado de IU–  y sigue cobrando su sueldo a pesar de haber estado un año de baja psiquiátrica.

Con Morales andaba en las lides procesales su heredero del bastón de mando municipal totanero José Martínez Andreo, quien tampoco recapacitó lo suficiente en sus casi tres meses de prisión preventiva como para renunciar a su cargo público.

Al otro lado de la barrera también saltan los astados, como prueba que Manuel Hurtado, todo un senador del Reino, alcalde socialista que fue durante casi 30 años del municipio de Ceutí, se vale de su condición parlamentaria, en la práctica, para dificultar la acción de la Justicia, en cuyas manos lo ha puesto la Fiscalía tras encontrar irregularidades en su larga gestión municipal.

El caso más antiguo, de este tenor, es el del alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado, que lleva diez años imputado por delito ecológico y ya está, desde hace casi dos,  acusado formalmente de tal y con petición de pena de años de cárcel. Otra cosa no, pero sus abogados deben ser maestros en el arte procesal. Su partido, el PP, lo apoya desde el principio hasta el final.

Si cualificados representantes de la clase política mayoritaria murciana, incluyendo al ex consejero y ex delfín del presidente Valcárcel, Francisco Marqués –que ha admitido ante el juez la comisión de varios delitos fiscales para eludir, dicen, las imputaciones penales–, actúan con semejante laxitud los siguientes en la escala no pueden comportarse de manera diferente.

La lista de ediles, altos funcionarios, directores y subdirectores generales murcianos imputados o investigados formalmente por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia regional se aproxima ya al medio centenar, con amplia mayoría del PP, acorde con los resultados electorales, pero con notorio representación del PSOE. Aquí no dimite nadie.