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Mérida, 27 mar (EFE).- El secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Alfredo Abad, ha manifestado hoy estar satisfecho por el anuncio del Gobierno de reponer el Fondo de Apoyo a la Acogida de Inmigrantes, pero también su preocupación por posibles "recortes de derechos" en las futuras leyes de Asilo y Extranjería.

Abad ha hecho estas afirmaciones en Mérida, donde ha participado en una sesión de trabajo del Consejo Interterritorial de CEAR, un órgano que coordina las actividades de la entidad en las comunidades autónomas.

En una rueda de prensa, ha hecho referencia el hecho de que el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunciara ayer que el Gobierno repondrá el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes, que había sufrido un recorte de 59 millones de euros.

Para Abad, es un motivo de "celebración" este anuncio ya que permitirá mantener las actividades como los procesos de refuerzo educativo y, en general, de integración social de los inmigrantes.

"Celebramos -ha subrayado- que se haya cambiado la actitud de recorte en el presupuesto del Ministerio porque nos parecía que era un recorte muy importante", ya que todo el ahorro "se había hecho sobre estas cantidades".

Ha agregado que la limitación de recursos hubiera afectado notablemente a los programas de refuerzo educativo y de integración que desarrollan administraciones públicas como las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Sin embargo, ha señalado que CEAR está preocupada por dos cuestiones, una de ellas el hecho de que la crisis económica pueda provocar "brotes de racismo y xenofobia", y la otra los procesos legislativos de las futuras leyes de Asilo y de Extranjería.

Sobre este último punto, ha explicado que "en ambos hay un recorte de derechos", a lo que ha agregado que "el recorte de derechos de algunos no es el recorte de derechos específico de esas personas, sino que los derechos humanos de todos sufren menoscabo".

En cuanto a la futura Ley de Asilo, Abad considera que el asilo es "una figura de protección internacional", según la Convención de Ginebra, que "está muy cuestionada por todos los excesos en los controles y la preocupación de los estados por la seguridad", así que "las políticas antiterroristas han afectado seriamente a esta figura".

Acerca de la de Extranjería, ha señalado que sucede lo mismo porque se limitan, en su opinión, derechos "básicos" como los de reagrupación familiar y "la obligación jurídica que tienen las personas a prestar auxilio a aquel que está indocumentado".

Por todo esto, ha reclamado que haya "una reflexión seria" sobre estas cuestiones y que "se cambie la manera como se está legislando en Europa, en particular en España". EFE ap/ero

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