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OPINIÓN

Política, religión, ética y ciencia en el debate sobre el aborto

BIOGRAFÍA

Desde sus inicios en el viejo diario Pueblo, Antonio Casado se especializó en información política, a la que sigue dedicándose en prensa, radio y televisión. De la generación profesional de la Transición, está casado y tiene dos hijos. En los años ochenta se incorporó a RNE, donde dirigió el 'Diario de la Tarde' y 'España a las ocho'. Posteriormente fue corresponsal diplomático de RNE y redactor jefe de Tiempo. Actualmente es comentarista político en Onda Cero, Antena 3 TV y Canal Nou. Antonio Casado es socio fundador de El Confidencial.

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Antonio Casado .-  18/03/2009

Saltan chispas en medios de comunicación y foros de Internet por la campaña del lince. Nos entendemos: el consabido alegato publicitario del Episcopado contra la futura ley del aborto. Ayer hubo turno para el debate científico, por un lado, y el político, por otro. También bajo el signo de la división, pero bastante más civilizado. Veamos lo más representativo.

El profesor Nombela, catedrático de Microbiología de la Universidad Complutense, sostiene, como los obispos, que “el embrión es un ser humano desde la concepción” y, por tanto, “no es de recibo que la mujer decida por él”. Muy respetable la opinión del profesor Nombela, uno de los firmantes del 'Manifiesto de los 300'. Pero no más respetable que la del jefe del Servicio de Ginecología del hospital Severo Ochoa de Madrid, Javier Martínez Salmeán, quien defiende el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente el embarazo “al menos hasta el segundo trimestre” (22 semanas).

Mientras Nombela cierra la polémica cuestión sobre el origen real de la vida de un ser humano, Martínez Salmeán se atiene a las convenciones científicas internacionales e invoca un plazo que no es ni mucho menos arbitrario. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud define el aborto como “la interrupción de la gestación antes de la viabilidad fetal”. Y la viabilidad fetal, según la OMS, se fija en la semana número 22 de la gestación. Es el supuesto asumido en casi todas las legislaciones europeas, a las que España se parecerá más si el actual borrador se convierte en ley. A saber; aborto libre en la las 14 primeras semanas y con condiciones hasta la semana número 22.

El delicado y secular asunto sigue en pie como pasto siempre fresco para la discusión entre filósofos, clérigos, biólogos, médicos e incluso poetas ¿Sólo biología, sólo biografía? ¿Hemos de buscar el punto de cruce? Pero las mujeres, los poderes públicos y la ciudadanía en general no pueden seguir esperando. De algún modo hay que regular lo que no puede ser castigado con la cárcel ni prohibido por decreto.

Al fondo, la vieja tensión entre ciencia y ética. Entre ciencia y religión, en el presente caso. De nuevo la necesidad de asignar códigos civiles, no religiosos, a la regulación de la convivencia civil. Y de nuevo la necesidad de separar para no confundir. De un lado, los imperativos legales que emanan de la soberanía nacional. De otro, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Claro que la Iglesia marcha por un camino distinto al de la sociedad, como ayer recordó el ministro Bernat Soria ¿Es tan difícil aceptarlo sin recurrir a simplezas como la de la campaña del lince?

En el plano político, sin embargo, las posiciones no están tan polarizadas. Los dirigentes que han hablado en nombre de los distintos partidos ni siquiera entran en los contenidos de la campaña, si bien son unánimes en el derecho de la Iglesia a publicitar sus opiniones. Sólo faltaría. A lo más que se ha llegado es a calificarla de “excesiva”, por parte del católico Durán i Lleida (CiU). O de “provocadora”, por parte del número dos del PSOE, José Blanco, asimismo creyente.

El PP, en cambio, se mantiene a una prudente distancia respecto a la campaña en sí misma, a juzgar por las declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría. Ni critica la campaña del lince ni la apoya expresamente, aunque, como es propio de su papel en el ámbito político, no en el religioso, reprueba la iniciativa del Gobierno porque “reabre de forma frívola un debate cerrado en su día por el Tribunal Constitucional”. Y critica como algo “preocupante”, también en una perspectiva civil, la posibilidad legal de que una mujer pueda decidir sin conocimiento ni consentimiento de sus padres a partir de los 16 años. Un aspecto de la cuestión que, efectivamente, merece unas cuantas vueltas más.

 

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