La polémica en torno a Baltasar Garzón no deja de crecer. El Tribunal Supremo ha denunciado en un auto que el magistrado de la Audiencia Nacional ocultó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el cobro de 203.135 dólares durante su estancia, entre marzo de 2005 y junio de 2006, como profesor invitado en Nueva York. Garzón aprovechó una licencia de “docencia e investigación” para participar como director, moderador y ponente en un ciclo de conferencias organizados por el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York.

El magistrado ocultó el salario que iba a recibir para conseguir la licencia de estudios, ya que también continuó cobrando su sueldo base de la Audiencia Nacional. Así, el Supremo señala que Garzón no comunicó al CGPJ  “la percepción de sueldo a través de nómina, limitándose a hacer referencia a sufragio de gastos”. El Alto Tribunal también indica que “las cantidades percibidas pudieran exceder de los límites fijados en la ley 53/1984 de 23 de diciembre, para el supuesto de actividades autorizadas para su compatibilidad con el cargo público”, incluso “dando por supuesto que la licencia conllevase implícita tal compatibilidad”.

Por ello, el Supremo afirma que “habrá de remitirse testimonio de esta resolución y de la documentación recibida sobre el particular a los efectos que dicho Consejo General del Poder Judicial estime pertinentes”. Será el CGPJ quien decida ahora la sanción que corresponde a Garzón por este hecho, considerado una “falta muy grave”.

El Centro Rey Juan Carlos I asumió el pago de los gastos de viaje de Garzón por valor de 21.152 dólares, así como la escolarización de la hija del magistrado en la Escuela Internacional de Naciones Unidas por un importe de 21.650 dólares.  Además, la Universidad pagó a Garzón 160.333,14 dólares en concepto de sueldo.

El auto del Supremo responde a una querella del abogado Antonio Panea, presentada en junio de 2008, en la que acusa a Garzón de cohecho y prevaricación. De acuerdo con la querella, el Grupo Santander patrocinó las conferencias que moderó Garzón, y a su regreso a España, el magistrado archivó con celeridad una querella contra el Santander, pese a que en un principio había considerado que presentaba “características que hacen presumir la existencia de una  infracción penal”. El Supremo no ha observado relación entre ambos hechos y ha rechazado la existencia de alguna relevancia penal en la conducta de Garzón. No obstante, el Supremo sí ha encontrado sancionable que Garzón ocultara su remuneración en Nueva York.