Las organizaciones que promueven la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía se aferraron ayer a la letra pequeña de las sentencias del Tribunal Supremo para reafirmar su oposición a la asignatura. El Alto Tribunal rechazó el derecho de tres familias asturianas y una andaluza a objetar, pero las asociaciones contrarias a Ciudadanía aseguraron que el resto de padres objetores continuarán sin enviar a sus hijos a clase.  

La plataforma que respalda la objeción (que incluye organizaciones como CONCAPA, CECE, COFAPA, Foro Español de la Familia o Profesionales por la Ética) emitió ayer un comunicado donde subrayan que “las sentencias confirman el deber de neutralidad del Estado en lo que se refiere a la formación moral”. Por ello, estas organizaciones sostuvieron que el Supremo ratifica “el acierto de las familias que han defendido sus derecho a educar”, y reiteraron su apoyo a los padres objetores, a quienes continuarán proporcionando “asesoramiento a medida”.

Fuentes de CONCAPA, Profesionales por la Ética y el Foro Español de la Familia afirmaron a este diario que estos cuatro fallos del Supremo no sientan jurisprudencia, por lo que solo afectan a los casos concretos juzgados. Así, para estas organizaciones, el resto de padres objetores que han acudido a la vía judicial podrán seguir impidiendo que sus hijos reciban clases de Ciudadanía. Además, estos colectivos anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional y que agotarán todos los recursos legales para defender su derecho a la objeción.

De acuerdo con el Foro Español de la Familia, actualmente hay 277 resoluciones emitidas por los diferentes tribunales de justicia de toda España, así como 1.700 recursos presentados por padres que reclaman su derecho a objetar. Asimismo, esta organización cifra en 51.000 el número de objeciones registradas contra Ciudadanía.

Advertencia del Supremo

El Supremo, que hizo público ayer el contenido de las cuatro sentencias sobre la materia, advierte al Gobierno que no debe utilizar la asignatura como “pretexto para tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas que -independientemente de que estén mejor o peor argumentadas- reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española”.

El Alto Tribunal señala que, tal y como está diseñada en los reglamentos, Ciudadanía se ajusta a derecho y, por tanto, los alumnos tienen el deber de cursarla. Sin embargo, insiste en que esto no autoriza al Gobierno, ni a los colegios o profesores, a “imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales controvertidas”.

Concretamente, se refiere a la posibilidad de que se utilicen textos o explicaciones en los colegios “desviados de los fines de la educación”, por lo que recuerda que los tribunales de lo contencioso administrativo prestarán “una tutela judicial efectiva, preferente y sumaria”. El Supremo precisa que los materiales para impartir Ciudadanía deben respetar el derecho de los padres y no deslizarse “en el adoctrinamiento por prescindir de la objetividad, exposición crítica y del respeto al pluralismo imprescindibles”. Un pluralismo que el Alto Tribunal recuerda como un “valor superior” que prohíbe al Estado “incurrir en cualquier forma de proselitismo”.

El Gobierno, satisfecho

La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, aseguró en declaraciones a la prensa que los fallos del Supremo niega definitivamente la objeción, así como “que pueda haber lesión alguna al derecho a la educación moral y religiosa que los padres quieran para sus hijos”. Por su parte, el Partido Popular, instó al Gobierno a revisar los contenidos de la asignatura para que se atengan a los valores constitucionales, y eviten invadir el ámbito privado de la moral o la religión.

Hay que recordar que el PP hizo de Educación para la Ciudadanía uno de sus principales ejes de oposición al Gobierno durante la pasada legislatura. No obstante, pese a las matizaciones del Supremo y de la existencia de votos particulares de magistrados a favor de la objeción, el Alto Tribunal no deja lugar a dudas de que la asignatura es ajustada a derecho.

20.  haciendo las maletas18/02/2009, 17:49 h.

Si en Suecia un alto cargo socialdemócrata osara enviar a sus niños a un colegio privado,duraría semanas en el cargo. En España es normal hacerlo y al tiempo predicar las bondades de una enseñanza pública que otorga CERO derechos a los padres, un caso escandaloso por imposible de encontrar en el resto del mundo es que en ciertas partes de España los padres sin poder adquisitivo para pagar un centro privado no pueden elegir escolarizar a sus hijos en la lengua oficial común a todo el país. Muy mal va a acabar esta basura de país con semejantes atropellos, régimen mexicano,violencia venezolana y corrupción y gestión pública argentina, a eso tiende. No creo que las pensiones y salarios púiblicos se paguen completamente en euros pasados unos años, será parte en euros y parte en cuponcitos [patacones] porque España está arrasada, ni a conciencia se habría hecho mejor.

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19. GZ18/02/2009, 17:36 h.

Los padres no tiene ningún tipo de DERECHO sobre la educación de sus hijos, lo que tienen es la OBLIGACIÓN de escolarizarlos,que no tiene nada que ver, ustedes que son tan listos sabrán diferenciar ambos conceptos.

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18. GZ18/02/2009, 17:36 h.

Que pasa que les jode tolerar a los que son deferentes a ustedes no?? Pues ya saben señores nacionalistas españoles, agua y ajo.

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17.  poirot18/02/2009, 17:29 h.

Señores de tribunal supremo: se nota que uds. son, como mínimo, bisabuelos. Salvo los que han pronunciado un voto discordante, los demás no han tenido el coraje de tumbar esa ley adoctrinadora. Y les dicen a los padres que si los textos no son acordes a sus principios que recurran a los tribunales. ¡¡¡Es para echarse a temblar!!! ¿Uds. creen que los padres no tienen otra cosa que hacer que litigar? Flaco favor hacen a la sociedad. Yo apoyo la huelga de jueces, pero no la huelga de inteligencia que ha demostrado el tribunal supremo en este asunto.

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16.  haciendo las maletas18/02/2009, 15:41 h.

Uno de los síntomas más obvios del deslizamiento de un régimen hacia la dictadura es la insistencia en,manteniendo las apariencias [ministrillos analfabetos invocando el sagrado "estado de Derecho", presión mediática y administrativo/judicial feroz contra el disidente,etc], machacar al débil no afecto so capa del "dura lex sed lex" mientras con la zurda se dejan pasar escándalos que en UK habrían derribado gobiernos [los de Botín y los Albertos,por ejemplo], o ni llegan a ser noticia hechos gravísimos [la hija del presidente del Senado implicada en a saber qué, el CV de ciertos políticos,jueces o mandos policiales "digitales" que algunos pòr casualidad conocemos y en Suecia sería objeto de público escarnio cada día hasta que abandonaran] mientras se magnifican otros que en no pocas ocasiones acaban en nada sin que los aventadores rectifiquen.
Da mucho asco que un estado basuriento con años de retraso en la Justicia [que no merece ya ese nombre,claro] y corrupción por doquier, dedique tantos esfuerzos a perseguir a niños y padres disidentes. Con lo fácil que sería el cheque escolar,porque ¿dónde está escrito que la educación debe proveerse [otra cosa es financiarse] por el Estado?

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