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Un ex directivo de la constructora y promotora Grupo DICO Empresarial ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción que los propietarios de la compañía, Julián Jiménez de los Galanes y Francisco Colado, pagaron sobornos millonarios a cambio de favores urbanísticos a funcionarios y alcaldes de municipios gobernados por el PP, entre ellos el consejero de Presidencia de Esperanza Aguirre y número dos del PP de Madrid, Francisco Granados, que fue primer edil del Ayuntamiento de Valdemoro entre 1999 y 2003.

Granados, en declaraciones a El Confidencial, rechazó anoche las acusaciones del ex directivo del Grupo DICO. "No he recalificado un solo metro cuadrado a esta empresa y, que recuerde, tampoco le concedí obra pública", aseguró Granados. Además, el secretario general del PP en Madrid reiteró las manifestaciones hechas en la mañana de ayer a este diario. En ellas, Granados afirmaba que está "absolutamente tranquilo" porque "no hubo nada irregular en Valdemoro". Asimismo, el consejero de Presidencia indicó que ninguna empresa se dirigió a él para “pedir u ofrecer nada”.

Fuentes del ámbito municipal de la Comunidad de Madrid explicaron que Granados mantiene desde su época de alcalde de Valdemoro -un municipio de 55.000 habitantes al sur de Madrid- una estrecha relación de amistad con Julián Jiménez de los Galanes, con el que compartió reuniones sociales y cacerías a las que solían asistir otros constructores y políticos del PP. No obstante, Granados señaló ayer que no le une una "gran relación" con Jiménez de los Galanes, a quien aseguró haber visto en pocas ocasiones.

Manuel Jiménez de los Galanes, hermano del anterior y director financiero de DICO, no negó esos vínculos personales entre Granados y su hermano: "Es posible que coincidieran en actos sociales a los que acude mucha gente", señaló ayer a El Confidencial.

En su denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, formalizada en un acta notarial, el ex directivo de DICO aporta pruebas de las comisiones supuestamente pagadas por los máximos responsables de la constructora para obtener contratos y recalificaciones de terrenos en una docena de municipios de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía, entre ellos Valdemoro, Majadahonda y Boadilla.

Estos dos últimos ayuntamientos están en el epicentro de la investigación que dirige el juez Baltasar Garzón sobre la presunta trama de corrupción y tráfico de influencias vinculada a distintos cargos del PP, y que ayer se saldó con la imputación de los ex alcaldes de ambas localidades, Guillermo Ortega y Arturo González, respectivamente.

Testigo protegido

El ex ejecutivo de la constructora asegura que el "soborno a políticos y funcionarios" de esos ayuntamientos era una práctica "constante" por parte de Jiménez de los Galanes y Colado. Este último expresó ayer su "rechazo total a esas acusaciones", y aseguró a este periódico que no tenía "conocimiento" de que DICO hubiese pagado comisiones.

Según las fuentes consultadas por El Confidencial, el antiguo empleado de DICO ha solicitado a la Fiscalía Anticorrupción prestar declaración en calidad de testigo protegido, ya que "teme por su vida y la de su familia" si se revela su identidad.

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción evitaron ayer pronunciarse sobre todos estos extremos, y no confirmaron ni desmintieron ningún detalle de la investigación en marcha. Según las fuentes consultadas, Anticorrupción ha dado instrucciones a las fiscalías de Madrid, Ciudad Real, Toledo, Almería y Cádiz -las provincias en las que ocurrieron los hechos denunciados- para que colaboren en la investigación.

El Grupo DICO se ha convertido en una de las empresas que más obras ha desarrollado en los municipios de la Comunidad de Madrid. En 2007, esta compañía se convirtió en la novena constructora de España como parte del conglomerado DHO (Dico Harinsa Obrum).

Sin embargo, la crisis del sector inmobiliario no tardó en acabar con esta aventura empresarial. En mayo de 2008, DICO tuvo que vender su participación y abandonar DHO para que el grupo evitara una suspensión de pagos. El resto de socios, Obrum, Avantis, Aricam y Caja Castilla La Mancha, adquirieron el 34,23% de las acciones de DICO, que una vez fuera del proyecto continuó su actividad de forma independiente. Pero la marcha de DICO tampoco mejoró la situación de DHO, que el pasado mes de enero solicitó concurso voluntario de acreedores. Un hecho que desembocó en el anuncio de la supresión de unos 712 de los 1.187 trabajadores de su plantilla.