Caníbales
Montero Ríos, Gómez de Liaño, Félix Pantoja
@Cristina Falkenberg - 07/02/2009
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Un Estado lo es de Derecho porque existen normas jurídicas, distintas de otras por “ser susceptibles de imposición coactiva”, decía de Castro, lo que sólo garantiza un Poder Judicial independiente. Lo dice el artículo 117.1 de la Constitución: “La justicia emana del pueblo” —directamente—“y se administra en nombre del Rey” —esto es, del Jefe del Estado— “por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial,” —poder en sí, no mera dependencia administrativa— “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley” y sólo a éste.
“Sois responsables porque sois independientes” escribía Montero Ríos en 1872 a los Jueces. Esta responsabilidad es para los ciudadanos la garantía última del cumplimiento del Derecho. En España existía ya desde las Partidas y el Fuerzo Juzgo como culpa lata; hoy toma forma de responsabilidad penal, civil y disciplinaria (artículos 405 y siguientes de la Ley orgánica del Poder Judicial - LOPJ).
Pero si esta responsabilidad es garantía para los ciudadanos frente a las veleidades de algún Juez o Magistrado la inamovilidad es instrumental a garantizar la independencia judicial frente a las injerencias del Ejecutivo. El artículo 24.2 de la Constitución lo confirma cuando consagra el derecho “al juez ordinario predeterminado por la ley” como parte del derecho a la tutela judicial efectiva; lo que por supuesto y aunque haya quien pretenda obviarlo, abarca el escrupuloso respeto por las normas de reparto de asuntos.
La máquina no está tan mal diseñada, no. Son los desequilibrios posteriores los que ponen en jaque la justicia, única verdadera garantía de la libertad de las personas frente al poder omnímodo del Estado.
En su cegadora ansia de poder nuestra casta política no parece ver esto claro y lo cierto es que las cosas se les están yendo de las manos. Son demasiados los que no cumplen la ley: unos sabedores de que ante su posición real de poder una Justicia lacaya y genuflexa, en expresión de Gómez de Liaño, acabará por ceder; otros porque ante el caos y la lentitud saben que pleitear, pedir justicia, no va a tener sentido económico. Y así España está dejando de ser un Estado de Derecho donde las grandes compañías mienten y estafan a sus clientes mientras las Administraciones públicas roban a manos llenas mediante sanciones completamente desproporcionadas, incluso directamente ilegales.
Hace unos años hubo una conferencia en el Centro Mira de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Los ponentes eran D. Félix Pantoja y D. Juan Pablo González, vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); D. Eduardo Torres-Dulce, Fiscal de Sala del Tribunal Constitucional; D. Manuel Marchena entonces Fiscal del Tribunal Supremo y hoy Juez de su Sala de lo Penal; y D. Eduardo Esteban, “fiscal de a pie” de los Juzgados de Plaza de Castilla hoy ascendido a Fiscal Jefe de Madrid. Éste expuso las reformas que el Gobierno de Zapatero pretendía introducir en la Ley de Enjuiciamiento Criminal atribuyendo al Ministerio Fiscal la instrucción penal y sustrayéndola del poder de los Jueces. El público reaccionó con alarma y ninguno de los ponentes, que lo eran de lujo, supo rebatir uno solo de los argumentos que se le hacían. Y es que el artículo 124.2 de la Constitución dispone que “El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones… conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica…” o lo que es lo mismo, el Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno, podrá impartir órdenes vinculantes para quien esté instruyendo un caso penal.
¿Qué también rigen los criterios de legalidad e imparcialidad? Sí… y para la Administración Pública que debe actuar con “desinterés objetivo” y “sometimiento pleno a la ley y al Derecho”; pero que también se rige por el principio de jerarquía…
El tema no se volvió a tocar hasta la segunda legislatura de Zapatero y de nuevo causó un gran revuelo que se trató de atenuar adjudicando al Fiscal una especie de instrucción paralela a la judicial también en principio improcedente.
Plan fallido. Intentemos algo más suave.
La huelga de Jueces que se avecina será algo inusual en un país civilizado: pero no carece de fundamento. Y no es sólo porque los carteles de las obras del plan municipal “E” de ocho mil millones vaya a costar tres veces la partida presupuestaria extraordinaria para la renovación de la Justicia ofrecida por un nerviosamente risueño Bermejo sin recursos (en el más amplio sentido), sino porque la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) que se pretende, mina las bases constitucionales de la Justicia en el orden civil, legislación que es supletoria a los demás órdenes (artículo 4 LEC).
Entre otras lindezas se pretende que sean los Secretarios Judiciales quienes decidan sobre la admisión de demandas y el señalamiento de las vistas. Esto es, se pretende que sean estos “funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia” —artículo 440 de la LOPJ— los encargados de “impulsar y gobernar” los procesos… y si no conviene, pues no, oiga: por orden de la superioridad.
El golpe de gracia al CGPJ se lo vino a asestar la reforma de la LOPJ por Ley Orgánica 1/2002, hecha bajo el nefasto Ministro Michavila, ese Diputado sancionado por cobrar un sueldo sin realmente aparecer por Cortes - algo muy en línea con esos asesores que no conocen a quien asesoran.
Partiendo de que la sintaxis española es algo previo a la Constitución no cabe duda de que el artículo 122.3 exige que doce miembros del CGPJ sean elegidos necesariamente por y entre “Jueces y Magistrados de todas las categorías”, interpretación que es además la única congruente con el resto del Título VI de la Constitución dedicado al Poder Judicial.
Así resulta cómico oír la preocupación de Dña. Gabriela Bravo, portavoz del CGPJ, porque unos días de huelga judicial puedan dejar a los ciudadanos huérfanos “de su derecho a la tutela judicial efectiva”, cuando la admisión de la demanda más simple puede tardar meses… no digamos ya los años si el pleito llega al Supremo. Y repugna al recto sentido de la moral que quienes gobiernan el Poder Judicial no digan la verdad al ciudadano pues la huelga tiene como uno de sus fundamentos la enérgica oposición de nuestros Jueces y Magistrados a que por vía de ley ordinaria unos poderes canibalicen a otros y maten un Estado de Derecho que nos ha costado siglos conquistar.
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Opiniones de los lectores (5)
5. 
camellovolador08/02/2009, 20:29 h.
Ante todo esto, el Reino de la Mentira de España sigue embaucando a sus súbditos con dosis de grandes marra-nos y buena ración de “furbol”, ajenos al corralito que les están montando sus gobernantes. España ya tiene su propio banco malo desde hace tiempo, son las cajitas y los banquitos del Reino, controlados por oligarcas y políticos a partes iguales: casi un 50% del sistema es público, o mejor dicho, partitócrata, y este está quebrado desde hace tiempo por su ladrillitis crónica. Las cajas y los bancos se están convirtiendo en las mayores agencias inmobiliarias del país, al estar acumulando una cantidad de suelo y pisitos sin valor, como dación en pago de los promotores arruinados, que en total deben más de 300 mil millones de euros -el 30% del PIB de España.
Y es que la "pasta" da para mucho y sobre todo para que las deshonras publicas vistas por un pueblo bo-bo no resulten importantes ni a tener en cuenta por el político la-drón.
[ http://ulpilex.es/ ]
Marcar como ofensivo4. observando08/02/2009, 19:28 h.
Muy bien dicho, Cristina, los gobiernos socialistas llevan décadas intentando erigirse en poder único y absolutista, socavando la independencia judicial. Primero abrieron la brecha con la judicatura sin oposición [es decir, e dedo], luego intentando que los procesos los instruya e impulse la fiscalía, que depende de hecho del poder ejecutivo y, finalmente [y ahí no quedará la cosa] otorgando el control de los juzgados y tribunales a los secretarios de la ¿Oficina Judicial?.
Es el ya antiguo y antidemocrático control de instituciones y organos del Estado y territoriales, aplicando la "lucha de clases". Una vez hayan conseguido desacreditar a los Jueces, la emprenderán con los abogados y, finalmente, realizarán su sueño de ser el ejecutivo el que imparta justicia a través de sus peones ya que, según ellos, es la única instancia del Estado surgida de las urnas y, por tanto, la única depositaria de la soberanía popular.
Lo malo es que la soberanía popular no es libre en España, ante tanto condicionante de baja calidad de la enseñanza, baja calidad de nuestra clase politica, demagogia ventajista y malintencionada, y tanto mover basura con el ventilador. ¿Quién no estaría confuso?
3. fapuig08/02/2009, 18:37 h.
La situación es calamitosa. Jueces,Policia y Gobierno hechandose los trastos a la cabeza desde hace tiempo. Y mientras los juzgados colapsados, y la ciudadania cabreada.
Se está con ello promoviendo el ojo por ojo y diente por diente. Hacer un ajuste de cuentas, para eliminar la burocracia asfixiante.
http://fapuigbellacasa.blogspot.com/
2. FernandoVI08/02/2009, 10:59 h.
Todo esto lo saben perfectamente los "juristas" que militan y/o votan al Partido Socialista, encabezados por el estudioso sr. Blanco. ¿Y no se les cae la cara de vergúenza? Por no hablar de algunos peperos como el ínclito sr. Michavila.
A mí, personalmente, me dan ganas de quemar la toga y de dedicarme a la cría del canario.
Dª Cristina, usted siga que nos hacen falta más personas como usted.
1. una misma07/02/2009, 11:52 h.
D. Juan Carlos Escudier n su columna de este fin de semana pone el dedo en la llaga. tenemos una clase política completamente putrefacta y sumamente incapaz. Yo sólo voy a añadir un par de cosas, unas cifras:
*** presupuesto extra para la justicia 20 millones de euros = menos de 50 céntimos por ciudadano
*** carteles para el plan este municipal de los 9.000 millones = 61 mill €
*** subvenciones a los partidos = 4 veces más que en 2008: para el 2009, 81 millones de euros
¿Y si invertimos 9.000 millones en justicia, usando edificios que hay y están vacíos, empleando a más gente, convocando oposiciones que cubran las necesidades? Presupuesto anual en Justicia para toda España = 1.600 millones: eso es lo que gasta el Tercer poder del Estado
Casa Real sólo para sus gastos personales, unos retoques en Zarzuela y un cuadro que le gusta al Rey = más de 15 mill €, es decir, una centésima parte de lo que hay para Justicia
Creo que las cifras cantan...
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Acerca de...
Soy abogado (Complutense) pero estudié también en ICADE y en el Middlesex Business School en Londres (E-4). Tengo un Máster en Economía Internacional y Management de la Università Luigi Bocconi (Milán). Mi tiempo libre lo dedico a las cosas más inconfesables como hacer Pilates y leer El Confidencial. Además, soy una absoluta convencida de que hay que recuperar el binomio 'civitas- libertas'.
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