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La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, tiene previsto dar por terminado a finales de esta semana el periodo de recogida de información sobre la supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid, cumpliendo así el encargo que le hizo el pasado día 22. Una vez elaborado el informe, Cospedal hará traslado del mismo al Comité de Derechos y Garantías, tal y como está previsto en los estatutos del partido. Sin embargo, la sensación general es que será un informe ‘light’.

Y no por falta de ganas en la dirección nacional del PP de abrirle un expediente al vicepresidente de la CAM, Ignacio González, y al consejero de Presidencia, Francisco Granados, pero si por “responsabilidad”, señalan fuentes del PP consultadas por este diario. “No podemos permitirnos una guerra total con la Comunidad de Madrid”, añaden. Pero había que encontrar una excusa para cerrar el informe sin “heridas ni consecuencias”, y esa excusa la ha dado el juez José Sierra.

La apertura de una investigación judicial por parte de este magistrado permite al PP ‘lavarse las manos’ en el asunto al menos hasta que la justicia se pronuncie, de manera que el informe de Génova ni actúe contra Granados y González, ni cierre la puerta a una posterior apertura de un expediente disciplinaria si la justicia confirmara las informaciones que se han venido publicando o, como sospechan en Génova 13, de la investigación surjan nuevos elementos que apunten al vicepresidente de la CAM.

Esta es la opinión mayoritaria en la dirección nacional, aunque también hay algún miembro de la misma que cree posible un informe “duro, que ponga en un aprieto a los hombres de confianza de Aguirre en la Comunidad de Madrid”. Pero lo cierto es que tal y como han ido sucediéndose los hechos, parece poco probable que el PP apueste por una guerra declarada y “en campo abierto” con Aguirre, sobre todo cuando la opinión generalizada es que todo esto ha debilitado mucho a la presidenta regional.

Incluso el entorno de Alberto Ruiz-Gallardón considera que un informe que cuestionara de manera directa a Granados y González sería difícil de asumir por todo el PP, y consideran que lo más manejable para Rajoy es dejar que sea la justicia la que actúe. Además, estas fuentes del Ayuntamiento añaden que una vez que todo el asunto está en manos de la Justicia, lo mejor que puede hacerse es no interferir y dejar que los jueces “actúen rápido y de manera contundente”.

En lo que sí coinciden todas las fuentes consultadas por este diario en Génova y en el Ayuntamiento es en asegurar que lo único que le cabía hacer a Rajoy en el momento en el que encargó el informe a Cospedal era eso, “porque lo que no podía pretender Aguirre es que Rajoy uniera su destino al de Granados y González, como ha hecho ella”. Obviamente, esta opinión no se comparte en Sol donde se reprocha a Rajoy, precisamente, que dudara de la palabra de estos dos dirigentes del PP de Madrid.

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