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El vicepresidente de la Generalitat, Carod-Rovira (Efe).

La fiscalía de Barcelona confirmó ayer que estaba interesada en investigar los informes que ha encargado la Generalitat de Cataluña durante los últimos años por si pudiese haber algun caso de malversación de fondos. La nota fue tan breve como intensa. Desde hace meses, la oposición ha venido insistiendo en que puede haber una gran cantidad de dinero que se ha ido dilapidando en informes que a veces parecen no tener sentido.

El colectivo 'Manos Limpias' había iniciado hace unos meses una acción judicial con la presentación en fiscalía de varios cientos de informes que habían encargado las distintas consejerías de la Generalitat, algunos de ellos de dudosa utilidad. Otros, aunque con nombres exóticos, tenían al final verosimilitud. “Hay estudios cuyo nombre puede ser muy llamativo, pero que son muy técnicos y útiles. Sin embargo, hay otros que pueden pasar desapercibidos pero que son copias y que pueden dar lugar a pensar que hay una malversación de fondos públicos”, señala una fuente conocedora del tema a El Confidencial.

De todos modos, los fiscales consideraron que hay indicios para suponer que se deben esclarecer informes -que en total sumen decenas de miles de euros- que no se atañen a las normas éticas que deben regir en cualquier adjudicación pública. Los informes dudosos salpican, al menos, a seis consejeros del Gobierno catalán, aunque también hay uno que podría ser responsabilidad del departamento de Presidencia.

Uno fue copiado del BOP

El grueso de los informes bajo sospecha pertenece a departamentos que encabezan el vicepresidente, Josep Lluís Carod Rovira (ERC); el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal (PSC); Joan Puigcercós (que es el actual presidente de ERC pero que había sido consejero de Gobernación hasta marzo pasado); el consejero de Cultura, Joan Manuel Tresserras (ERC); la consejera de Sanidad, Marina Geli (PSC); y el consejero de Interior, Joan Saura (ICV).

“Algunos de los informes habían sido copiados literalmente de textos de Internet”, señaló a El Confidencial una fuente cercana a la investigación. Aparte de los departamentos citados, existe otro estudio dudoso: se trata de uno sobre la avellana -Tarragona es una de las mayores zonas productoras de avellanas- que, según todos los indicios, fue copiado punto por punto de otro que había sido publicado anteriormente en el Boletín Oficial de la Provincia. Aún así, costó a las arcas públicas 30.000 euros.

Muchos de estos informes fueron adjudicados por algo más de 11.900 euros. La razón es muy sencilla: si el estudio cuesta menos de 12.000 euros, se adjudica directamente sin necesidad de que haya un concurso. Es el procedimiento que se denomina de adjudicación directa. Desde 12.000 a 30.000 euros, ha de haber tres ofertas y se ha de justificar la adjudicación en un informe coherente. A partir de 30.000 euros, la oferta ha de ir a concurso público, por lo que ha de publicitarse en el Diario Oficial de la Generalitat.

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