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Maaruf Uld Udaa Nuakchot, 30 enero (EFE).- Una vaca y un barracón insalubre es lo que les espera a los refugiados mauritanos cuando regresan a su país procedentes de Senegal, una magra compensación al sufrimiento que han tenido que soportar durante veinte años.

"Hemos pasado de ser refugiados en otro país a serlo en nuestra casa", sentencia Adama, un hombre de 54 años, que, tras volver de Senegal, está instalado cerca de Rosso, en el sur de Mauritania.

"Fue una gran decepción cuando descubrimos las condiciones de vida que nos esperaban en nuestra propia patria", protesta.

La voz de Adama es la de 7.035 refugiados mauritanos que ya se han acogido a la operación de retorno a su país de origen que el Gobierno lanzó hace ahora un año.

Decenas de miles de mauritanos de raza negra fueron obligados a abandonar su país durante los enfrentamientos étnicos con los árabes-bereberes, ocurridos en Mauritania y Senegal en abril de 1989.

En total hay más de 24.000 inscritos para regresar, que están siendo reubicados en una treintena de poblaciones en las regiones de Trarza y Brakna, ribereñas del fronterizo río Senegal.

Todas las familias reciben una vaca lechera por cada tres personas, así como el equipamiento que les permita reengancharse a la vida productiva, como molinos de grano, barcas y material de pesca o carretas.

Sin embargo, el mayor problema que se encuentran casi todos los retornados son los barracones provisionales en los que se les aloja hasta que comience la construcción de viviendas dignas.

Desde abril de 1989, algunos de los refugiados regresaron a Mauritania de forma individual durante el régimen del antiguo presidente Maauya Uld Taya (entre diciembre de 1984 y agosto de 2005), quien rechazó categóricamente cualquier regreso organizado por organismos internacionales.

Hizo falta esperar 18 años para que Sidi Mohamed Uld Cheij Abdalahi, elegido presidente democráticamente en marzo de 2007 y depuesto en un golpe de Estado en agosto de 2008, emprendiese la Operación Retorno de estos refugiados con la ayuda de la Alta Comisaría de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Sin embargo, la improvisación y la poca profesionalidad han provocado las quejas de los primeros contingentes regresados a lo largo de este año.

Adama confiesa haber recuperado la esperanza tras el golpe de Estado contra Abdalahi, quien, pese a todo, "conserva el mérito de haber comenzado la operación".

Hace sólo un mes, Adama recibió su carné de identidad y los documentos civiles que le facultan para circular y trabajar libremente, es decir, para convertirse en un ciudadano de pleno derecho.

Para Ba Madine, director general de la Agencia Nacional de Acogida e Inserción de los Refugiados (ANAIR), el retorno de los desplazados "ha estado ´sobrepolitizado´, en detrimento de la gestión humanitaria".

"Se hizo mucha propaganda mediática mientras la operación transcurría en medio de una anarquía marcada por la dispersión de los esfuerzos y la no complementariedad de las tareas asumidas por las diferentes partes", señala Madine, nombrado en el cargo tras el pronunciamiento militar.

La ANAIR dispone de un presupuesto anual de 2.000 millones de uguiyas (seis millones de euros) para la acogida y reinserción de los refugiados, pero que no alcanza siquiera para cubrir el 20 por ciento de las necesidades habitacionales de los retornados.

Por ello, explica Madine, su organismo ha remitido al ACNUR un proyecto de construcción de casas por un coste global de 60 millones de dólares.

Hasta el momento, los niños en edad de escolarización, que representan el 60 por ciento de los retornados, reciben clase en hangares rehabilitados y las condiciones para conseguir agua todavía son muy precarias.

En la lista de espera, todavía quedan más de 16.000 refugiados que, tras más de veinte años fuera de su país, confían en regresar pronto. Y a ser posible, en condiciones dignas. EFE mo-er/fpa (foto)(audio)

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