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Las malas noticias se acumulan para el Partido Popular. El Tribunal Supremo tumbó ayer la última operación a gran escala contra la política de José Luis Rodríguez Zapatero al rechazar el derecho a la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía. Los tribunales apagaron así los rescoldos del estilo de oposición frontal que caracterizó al PP en la pasada legislatura, cuando Mariano Rajoy contaba con Eduardo Zaplana y Ángel Acebes como escuderos. La dirección del PP y destacados presidentes autonómicos, como Esperanza Aguirre y Francisco Camps, habían apostado fuerte por el derecho de objeción a esta asignatura como medio de castigar al Gobierno socialista en la calle y en los juzgados. Pero el Supremo dio la razón ayer al Ejecutivo de Zapatero, propinando un nuevo varapalo a la estrategia 'popular', y hurgando en la crisis que padece el partido.

Tras conocerse la sentencia del Supremo, diferentes figuras del PP reaccionaron contrariadas ante esta derrota judicial. El diputado Alfonso Alonso afirmó que el PP seguirá “dando la batalla política” contra el “adoctrinamiento de nuestros hijos"; mientras que la secretaria de Organización, María Dolores de Cospedal, aseguró que su partido defenderá “la libertad que tienen los padres para elegir la educación moral que quieren para sus hijos”. Aguirre y Camps, que habían hecho bandera de su oposición a Educación a la Ciudadanía, se vieron obligados a rectificar.

La Consejería de Educación del Gobierno madrileño anunció que acatará el fallo, y que se dirigirá a los 217 colegios donde se habían detectado objeciones para “trasladarles el contenido de la sentencia e indicarles que actúen conforme a la misma”. Además, el Ejecutivo de Aguirre, pese a que había respaldado a los padres objetores, reconoció que los actuales decretos autonómicos que desarrollan la asignatura “no lesionan ningún derecho fundamental de los padres en relación con la formación religiosa y moral de sus hijos”.

Por su parte, la Generalitat Valenciana, que ordenó que Educación para la Ciudadanía se imparta en inglés, comunicó que el fallo del Supremo “no afecta en absoluto” a la lengua en que los alumnos deben recibir la asignatura. El Gobierno de Camps defendió su normativa y aprovechó para cargar contra Zapatero por haber “provocado división en la sociedad”. No obstante, la Generalitat aplicó recientemente una moratoria para que los colegios pudieran impartir la asignatura en castellano o valenciano, dados los problemas que suponía hacerlo en inglés.

Los objetores llegarán “hasta la ONU”

El PP puede encontrarse ahora en las comunidades que gobierna con el problema de obligar a los padres que objetan, a quienes apoya, a que lleven a sus hijos a las clases de Educación para la Ciudadanía. Las plataformas de objetores manifestaron ayer que piensan recurrir la sentencia del Supremo “hasta la misma ONU”. Las asociaciones de padres CONCAPA y COFAPA, la patronal CECE, el Foro Español de la Familia, Profesionales por la Ética, Hazte Oír y los centros universitarios San Pablo CEU ofrecieron una rueda de prensa conjunta para señalar que los padres objetores seguirán sin enviar a sus hijos a clase de esta asignatura, puesto que, a su juicio, “no están cometiendo ninguna ilegalidad o acto nocivo para sus hijos”.

El Gobierno, a través de la ministra de Educación, Mercedes Cabrera, aprovechó para criticar a los “grupos políticos y sociales que no han dudado en crear una polémica artificial y estéril con fines partidistas”. Cabrera hizo un llamamiento a los padres para que “realicen un acto de responsabilidad” y permitan a sus hijos regresar a las aulas. Para ello, la ministra se ofreció a buscar con todos los responsables autonómicos el modo de que los niños recuperen los meses de clase perdidos. Una propuesta que obligará al PP a elegir entre dar la espalda a sus simpatizantes o al fallo del Supremo. Un dilema peligroso para un partido afectado por convulsiones internas.

Una sombra en el día de Rodrigo Rato

Precisamente, el fallo del alto tribunal se dio a conocer pocas horas después de que algunos de los protagonistas de la batalla interna del PP se vieran las caras en el acto de investidura de Rodrigo Rato como Doctor 'Honoris Causa' por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Rajoy, Aguirre, Jaime Mayor Oreja, Soraya Sáenz de Santamaría, Manuel Pizarro y Javier Arenas, entre otros, acudieron a este homenaje a Rato, que resultó ensombrecido por la supuesta trama de espionaje de la Comunidad de Madrid. Y es que el escándalo de los dossieres, además de romper definitivamente el vínculo entre Aguirre y Rajoy, ha lastrado significativamente la labor de oposición del PP. Prueba de ello es que el presidente 'popular' tenga que dedicarse a esquivar a decenas de periodistas, así como a encontrar el modo de no hacer declaraciones públicas, en un país que atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia. 

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