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El conflicto de Grupo Zeta está entrando en el terreno político. Ante el expediente de regulación de empleo que el holding de Antonio Asensio Mosbah quiere aplicar y que afecta a 470 personas, los empleados han comenzado a movilizarse. Y no es sólo el calendario de huelgas, protestas y concentraciones que ya adelantó El Confidencial el pasado sábado. La pasada semana, según ha podido saber este diario, miembros de los comités de empresa se entrevistaron con el diputado del Partido Popular (PP) José Ignacio Echániz, que lleva los temas laborales en el partido de Mariano Rajoy. Hoy, está prevista también una reunión con el diputado de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares. Ningún miembro del PSOE, sin embargo, ha atendido a los representantes de los comités, que han pedido también una reunión de alto nivel para explicar su conflicto.

El pasado lunes, empresa y trabajadores habían sido convocados de nuevo por el director general de Relaciones Laborales de la Generalitat de Cataluña, Salvador Álvarez, para intentar poner bálsamo en las relaciones entre ambas partes. La semana pasada, casi habían roto relaciones y el grupo periodístico corría grave riesgo de iniciar un conflicto letal. Con la nueva mediación, la empresa volvió a poner sobre la mesa otra propuesta que apenas difería de la que había proporcionado a los trabajadores días antes. Sólo añadía que algunas indemnizaciones pasaban de 20 a 24 mensualidades y que el número de directivos que podían perder su empleo era de cuatro. Con anterioridad, la medida sólo afectaba a uno de éstos. Para los sindicatos, esta cifra es ridícula, teniendo en cuenta que Grupo Zeta tiene una plantilla de una cuarentena de directivos de alto nivel y que en esta categoría, por ejemplo, no están incluidos los subdirectores de medios.

Un ‘notario’ en cada reunión

La intermediación de la Generalitat, sin embargo, va a ser aprovechada por los trabajadores para dejar constancia de las propuestas de la dirección del grupo, que se ha negado sistemáticamente a firmar las actas de las reuniones. Una persona de la Administración catalana que pertenece al gabinete de la consejera de Trabajo, Mar Serna, asistirá a todos los encuentros de empresa y empleados y su presencia se aprovechará para dejar constancia de lo que se dice en ellos. En otras palabras, actuará como una especie de notario que levantará acta de las propuestas de cada cual. De este modo, los comités esperan zanjar definitivamente la cuestión de los temas que se tratan en las reuniones y de lo que dicen las partes.

Fuentes de los trabajadores y de la compañía aseguraron a El Confidencial que quieren llegar a un acuerdo, pero las posiciones están como hace casi dos semanas, cuando se suspendió el periodo de consultas del expediente para tratar de llegar a un acuerdo paralelo. Esta semana será crucial para conocer la estrategia a seguir por los comités y por la dirección del holding. Si las posturas no se aproximan, el conflicto se recrudecerá.

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