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El caos judicial, la rebelión de los jueces y la hipocresía del Gobierno

jueces Gobierno Mariano Fernández Bermejo Mari Luz Cortés

@Antonio Casado - 16/01/2009

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Hipocresía preventiva. En eso incurren, en mi opinión, quienes, empezando por el propio Gobierno, acusan por anticipado a los jueces de provocar una jornada caótica en el servicio si finalmente se produce la huelga anunciada para el 26 de junio. Eso puede evitarse con la eventual predisposición del Ejecutivo a arreglar los endémicos problemas en el funcionamiento de la Administración de Justicia. Pero si llega a ocurrir sería muy parecido al caos que ya reina en las oficinas judiciales, con huelga y sin huelga.

Carece de sentido tildar de irresponsables a los jueces porque, siendo uno de los poderes del Estado, tendrían que ejercer de juez y parte -nunca mejor dicho- a la hora de establecer los servicios mínimos y, sobre todo, según se les reprocha en general, por inducir la desatención al ciudadano. Como si la atención al ciudadano fuese ahora la norma de la casa y el servicio funcionase a pedir de boca.

Cualquiera que haya tenido la desgracia de meterse en pleitos y visitar los juzgados con cierta frecuencia sabe perfectamente de qué estamos hablando. De esperas irritantes, acumulaciones, retrasos, extravíos, aplazamientos, colas, desinformación, etc. Es el pan nuestro de cada día en las oficinas judiciales. Y no por la desidia de un juez o un secretario judicial que hacen novillos, se lo toman con mucha calma o, ay, olvidan activar la ejecución de una determinada sentencia.

Es una simplificación intolerable quedarse en eso. El problema es la carencia de medios materiales y humanos para hacer frente a una carga de trabajo absolutamente desproporcionada respecto a dichos medios. Pero es verdad que en la reclamación de los mismos, sin renunciar a la huelga como elemento de presión al Gobierno, que tiene el deber de aportarlos, las asociaciones judiciales y los decanos han aprovechado el detonante del caso de Mari Luz Cortes, la niña asesinada por un violador con sentencia pendiente de ejecución.

¿Y cuántas sentencias pendientes de ejecución pueden derivarse de los dos millones y medio de casos pendientes de resolver a fecha de hoy en los tribunales y juzgados españoles? Háganse ustedes una idea sabiendo que esa carga de trabajo, visualizada en caóticos montones de papeles polvorientos, en unas oficinas donde la informática no está ni se la espera, tiene que ser afrontada por 4.415 jueces y magistrados. Eso  equivale a menos de 10 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea es de 16 ¿Con qué medios? Los disponibles con el 1% de las inversiones previstas en los Presupuestos Generales (el 3% es la media de la Unión Europea) ¿Jueces perezosos, además? Mentira. Más allá de casos concretos, triplican la carga de trabajo mínima que, según los protocolos del Ministerio de Justicia, le corresponde a cada uno de ellos.

A pesar de una realidad tan cruda, tan incontestable, el Gobierno ha decidido desacreditar la posición reivindicativa de los jueces asignándoles pretensiones que no tienen, como la de interferir en el Poder Legislativo. Que son secundarias, como las de carácter retributivo. O formuladas de mala fe, como el afán de desquite corporativista por la sanción al juez Tirado.

Sin embargo, en Moncloa y en Ferraz se han puesto las pilas para impedir que el conflicto se cuele en las inminentes campañas electorales (vascas, gallegas y europeas). La hoja de ruta incluye una sentada de las asociaciones judiciales con el ministro Fernández Bermejo el próximo día 26 y el posterior paso de los representantes judiciales por el Parlamento, donde, en palabras de Ramón Jáuregui, secretario general del grupo socialista, “les vamos a oír, pero también nos van a oír”. Si descontamos un cierto tono conminatorio, la ecuación es la deseable. Escuchar y ser escuchado. Es la base del diálogo para empezar a resolver un problema endémico: la falta de medios en la Administración de Justicia. Una asignatura pendiente de la democracia española.

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Opiniones de los lectores (15)

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15. usuario registrado simbad el marino16/01/2009, 19:08 h.

Los jueces tiene toda la razón, encuentro que han aguantado demasiado, y es que en esta partitocrácia lo ha corrompido todo, lo que depende de la administración pública. Desde que se creo este modelo de falsa democracia, y esta nefasta constitución que tenemos, todo, absolutamente todo lo público está cayendo en picado, por la politización y nepotismo. El ejercito, sanidad, policía guardia civil universidades, justicia, Sindicatos etc. Por ejemplo los sueldos públicos no llegan, al menos en sanidad, a 1/3 de PORTUGAL, por desgracia para los jueces ellos no pueden irse, pero en el sector sanitario ya pasan de 8000 [ahora lo intentan paliar con médicos no homologados sudamericanos etc]. Son una casta parasitaria, sean del partido que sean. Han montado un agujero negro con las autonomías a cual mas corrupta y despilfarradora, que se lo llevan todo crudo. Están todos tan podridos e involucrados en su negocio, que sencillamente para ellos el estado no existe, solo se preocupan de lo suyo. Actualmente los políticos españoles son:
Una casta de profesionales endogámicos, mediocres y corruptos, si se acepta el nepotismo como corrupción aparte del latrocinio absolutamente todos.

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14. usuario registrado bednitez 316/01/2009, 18:45 h.

Totalmente de acuerdo con Vd, Sr. Casado. Y ahora yo me dirigiría al padre de Mari Luz en los siguientes términos: estimado Sr., sé que nada de lo que le diga va a mitigar su tormento. Pero, por si le sirviera, aunque mínimamente, de alivio, me atrevo a sugerirle que eche la vista atrás y repare en la siguiente paradoja. Vd, con serenidad y aplomo conmovedores, después del salvaje asesinato de su hija, se propuso luchar para que no se volvieran a repetir los fallos por los que el asesino no estaba en prisión. A partir de ahí, vd centró todo su empeño en acabar con la carrera del juez. Pero eso, si bien pueda servirle como desahogo a su angustia, no va a resolver el problema. Las sentencias siguen sin ejecturse por cientos de miles. Sin embargo, a raiz de esa trágica muerte, y por mecanismos quizá involuntarios, vd ha provocado que hoy en día exista un conflicto entre jueces y gobierno, que, muy probablemente, va a forzar a éste a la adopción de revolucionarias reformas en medios materiales, legales y humanos, con los que, de verdad, pueda evitarse una nueva desgracia. Así que, ya lo ve, a lo mejor, dentro de la pena, aún tenga motivos para pensar que su pérdida no ha sido en vano.

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13. usuario registrado observando16/01/2009, 18:39 h.

Los jueces están para impartir justicia, es decir, aplicar la ley al caso concreto, garantizando el derecho a la defensa. El tema de los plazos, las ejecuciones, el orden interior de Juzgados y Tribunales, el control del personal y demás medios debe ser del Secretario/a judicial, pero sin embargo es la cabeza de los jueces la que se pone siempre en la picota.

Habrá toda la casuística que se quiera y errores judiciales, como en cualquier profesión, pero el conjunto de la judicatura es honesta y trabajadora, aún con el lastre de que los intentos de "democratizarla" ha permitido el ingreso en el cuerpo [antaño solo por exigentes oposiciones] de gente de menor nivel, lo que también ocurre con el personal de juzgados, que está ahora muy "terciado". Por eso hay que modernizar los medios y reciclar a buena parte del personal, para ganar en eficiencia definitivamente.

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12. usuario registrado observando16/01/2009, 15:34 h.

Lo que resulta insultante y desafiante no es el plante de los jueces [por fin], sino la actitud del ejecutivo. Es su costumbre, porque son de esa pasta [por no decir otra cosa peor], el intentar desacreditar a quienes se les enfrentan y el desfigurar el fondo de la cuestión para minimizar el problema. Esa actitud es miserable y de muy baja estofa.

Mi opinión no es parcial. Soy un simple ciudadano que conoce, como muchos otros, la ineficacia de nuestra justicia, su lentitud y su clamorosa escasez de medios modernos de gestión. Y eso es notorio y bien conocido, por lo que la actitud del gobierno en esto es inapropiada, negativa y vergonzosa.

En lugar de parapetarse para evitar afecte a su masa de votos en las elecciones de marzo, mejor harían [han tenido y siguen teniendo tiempo] con explicarnos a todos qué plan y qué recursos van a aplicar a una URGENTE e inaplazable mejora de los medios para impartir justicia, dejando de entrometerse en el control de jueces y tribunales, y dejando a la fiscalía que elija la posición jurídicamente más adecuada en cada caso, sin manejar politicamente los tiempos en sentencias y resoluciones que puedan no ser de su gusto.

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11. Mahouuu16/01/2009, 13:58 h.

[cont.] De manera general, las instituciones funcionan cuando hay un mínimo de lealtad o de cooperación. Es como si una parte del cuerpo se niega a cumplir su función: si el ojo dice que dejar de ver, los pies tendrán problema apara saltar los charcos. Esto ocurre con las CC.AA., alabadas y denotadas al mismo tiempo. No se puede entender en los países donde hay miniestados federales, las cosas funcionen medianamente bien, sin embargo aquí todo parece abogar al desastre. La falta de lealtad o respecto de las instituciones, la ausencia de mecanismos de colaboración y de cooperación hacen peligra el progreso que todos anhelamos. Cuando se habla de la lealtad, debe de entenderse como una operación en doble dirección: Estado central hacia CC.AA. y vis versa.

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Acerca de...

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Desde sus inicios en el viejo diario Pueblo, Antonio Casado se especializó en información política, a la que sigue dedicándose en prensa, radio y televisión. De la generación profesional de la Transición, está casado y tiene dos hijos. En los años ochenta se incorporó a RNE, donde dirigió el 'Diario de la Tarde' y 'España a las ocho'. Posteriormente fue corresponsal diplomático de RNE y redactor jefe de Tiempo. Actualmente es comentarista político en Onda Cero, Antena 3 TV y Canal Nou. Antonio Casado es socio fundador de El Confidencial.

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