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Barcelona, 11 ene (EFE).- La Coordinadora Gay-Lesbiana de Cataluña ha reclamado hoy mayores indemnizaciones para las personas que fueron encarceladas durante el franquismo por su orientación sexual, cuando se cumplen 30 años de que los homosexuales dejaran de ser perseguidos por la Ley de Peligrosidad Social.

Un día como hoy de 1979 se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que la homosexualidad quedaba excluida de la Ley de Peligrosidad Social, una legislación que comportó que los gays y transexuales encarcelados por su orientación sexual fueran los últimos en quedar libres, ya que no pudieron beneficiarse de los indultos y amnistías para presos políticos durante la transición.

En declaraciones a Efe, el presidente honorífico de la Coordinadora Gay-Lesbiana, Jordi Petit, ha celebrado que España sea el primer país que concederá indemnizaciones a los presos víctimas de una legislación que perseguía a las personas por su orientación sexual.

No obstante, ha advertido que tanto la Coordinadora como el movimiento gay en general reclaman que esas indemnizaciones sean mayores para compensar el agravio comparativo que sufrieron los homosexuales respecto a los presos políticos y por los años que se retrasó su amnistía.

Todavía se desconoce con exactitud cuántos homosexuales pasaron por las prisiones del franquismo hasta que dejaron de ser perseguidos en el año 1979, después de una ola de movilizaciones, que, recuerda Petit, se habían iniciado en Barcelona en junio de 1977 y después se extendieron por otras ciudades españolas.

Para Jordi Petit, que el año pasado recibió la Creu Sant Jordi, esas protestas abrieron un camino que ha culminado con la aprobación de los matrimonios homosexuales y que ha beneficiado a la sociedad española en su conjunto, al descubrirle la diversidad sexual y la importancia del sexo seguro.

Pese a la igualdad legal conseguida en España, que para Petit constituye "un oasis en el mundo", ahora es necesario conquistar la igualdad social y combatir las "discriminaciones en la vida cotidiana", que, en su opinión, exigen educación pero también sanciones.

En ese sentido, preocupa al activismo gay la "bajada de la guardia" respecto al sida entre todo tipo de jóvenes, el "difícil encaje" de los jubilados homosexuales en las residencias de ancianos o el acoso escolar que sufren numerosos adolescentes, a menudo por su identidad sexual.

El otro gran deber del movimiento es la solidaridad internacional, según Petit, que advierte de que cada dos días un gay es asesinado entre México y Brasil y que la homosexualidad es ilegal en 86 países y en otros siete castigada con pena de muerte.

Por este motivo, Jordi Petit ha exigido que la diplomacia europea condicione la cooperación internacional al respeto de esos derechos y que las ONG que trabajan en América Latina abran la agenda a los grupos homosexuales, rechazados por la sociedad y que suelen sufrir hasta amenazas de muerte. EFE.

rg/pz

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