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El presidente de Ciutadans, Albert Rivera. EFE.

El Tribunal Supremo ha puesto contra las cuerdas a la Generalitat catalana al obligarla a que en los folletos de preinscripción escolar de infantil y primaria incluya una casilla que permita a los padres escoger el idioma en que quieren que sean escolarizados sus hijos. Esta sentencia confirma otra del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del 14 de septiembre del 2004, dictada después de un pleito iniciado por Convivencia Cívica Catalana para poder escoger la lengua en los primeros cursos de la educación.  

El Supremo dice que el procedimiento que emplea el Gobierno autonómico incumple el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística de 1999 -de la propia Generalitat- “por omitir en el modelo de preinscripción que se entrega a los padres las preguntas dirigidas a conocer la lengua habitual de los niños”. Como consecuencia de ello, todos pasan a estudiar en catalán y sólo dan dos horas de clase en castellano. Si se incluyeran las preguntas que dice la ley, los padres o tutores podrían escoger el idioma oficial en el que su hijo recibiría las clases, fuese castellano o catalán. El Ministerio de Educación quiso obligar ya el curso pasado a impartir, como mínimo, tres horas en castellano, pero la Generalitat tampoco ha aplicado esta normativa.  

Reacciones

“La sentencia del Supremo es magnífica, muy importante”, declaró José Domingo a El Confidencial. Domingo fue el iniciador del expediente que ahora ha culminado con la sentencia del Supremo. Cuando interpuso la primera demanda, el 15 de febrero del 2000, era secretario de Convivencia Cívica, organización de la que se desligó posteriormente. Hoy, es diputado de Ciutadans en el Parlamento autonómico.  

El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, también calificó ayer la sentencia del alto tribunal de “histórica, porque consolida la doctrina de la libertad lingüística en la educación española en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales”. Rivera recordó que su partido “ha exigido, reiteradamente, al presidente de la Generalitat de Cataluña que cumpla la ley, incluyendo la casilla para elegir la lengua oficial vehicular en la enseñanza en las escuelas de Cataluña”. El Gobierno autonómico siempre ha hecho caso omiso de esta petición, por lo que el líder de Ciutadans critica que la Generalitat “no cumple ni sus propias leyes”. La consejería de Educación, que pilota Ernest Maragall, siempre se ha negado a aplicar las sentencias del TSJC aduciendo que no son todavía firmes.

Acaba con la discriminación

Para José Domingo, el Tribunal Supremo acaba de marcar un hito histórico al acabar “con la inmersión lingüística” y con la discriminación de los castellanohablantes. En este sentido, Rivera felicitó ayer "el trabajo de las asociaciones cívicas de toda España, y en especial las que actúan en comunidades autónomas donde se violan los derechos lingüísticos de los ciudadanos".  

Otra cosa será su aplicación práctica. “Me temo que desde la consejería de Educación sabían ya que se iba a dictar algo en este sentido, porque las últimas semanas se han dado muchas prisas para aprobar la nueva Ley de Educación de Cataluña, que pretende eliminar el artículo 21.2 de la Ley de Política Lingüística vigente ahora. Y quieren llevar adelante la reforma por procedimiento urgente”, afirma Domingo. En el nuevo redactado, se prevé que un alumno, si tiene menos de 8 años y llega a Cataluña, sólo pueda ser escolarizado un curso en castellano. Luego, habrá de ser escolarizado obligatoriamente en catalán sin opción al bilingüismo.

El tiempo juega en contra de la Generalitat. La intención de Maragall es tener aprobada la ley de educación en un corto plazo de tiempo. Si no hay ninguna traba, las preinscripciones que comenzarán en marzo ya no han de tener en cuenta el idioma materno del niño, puesto que no habrá obligación de introducir en las hojas que reparte la Administración las preguntas sobre la lengua en que se desea la escolarización. De momento, la Generalitat cuenta con el respaldo de Convergència i Unió (CiU) y la oposición de Partido Popular y Ciutadans. Una fuente de CiU afirma que la federación nacionalista apoyará el texto “porque se han recogido muchas de nuestras principales tesis”.  

Pero el problema del tripartito que preside José Montilla está en su interior: uno de los socios del gobierno, ICV, está en contra de la ley, ya que la considera poco intervencionista y demasiado liberal, al dejar manga ancha a las escuelas concertadas, que son la gran mayoría. Los propios dirigentes de ICV se han puesto al frente de las manifestaciones de protesta contra la nueva ley, lo qu ha creado un enorme malestar dentro del Ejecutivo catalán. Algunos dirigentes de ERC también han acudido a las manifestaciones, anque los republicanos afirman que sólo han asistido como “observadores”, para conocer de primera mano las reivindicaciones que se hacen en ellas.

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