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Para dar la razón a Bertolch Brecht cuando decía que algunos jueces son tan incorruptibles que no hay manera de convencerles para que hagan justicia, el Consejo General del Poder Judicial ha perseverado en su decisión de imponer una multa de 1.500 euros al juez Tirado, un señor tan desbordado por el trabajo y la falta de medios que dejó sin ejecutar la sentencia contra el presunto asesino de la pequeña Mariluz, razón por la cual, la niña cría hoy malvas en vez de jugar con la PlayStation 3. Simultáneamente, el gremio de la toga quiere ir en febrero a la huelga para expresar lo mucho que sufren sus integrantes por lo mal que está la justicia, una situación en la que sus ilustrísimas no tienen ninguna responsabilidad por si no se habían dado cuenta.

La decisión sobre el juez Tirado tendría que crear jurisprudencia, de manera que otras profesiones tan estresantes como la de juez, que es un sinvivir, puedan beneficiarse de la comprensión de la Judicatura. Así, si a un ingeniero se le cae una presa y ahoga a cuatro pueblos, habrá que valorar antes de condenarle cuántos proyectos tenía sobre su mesa, porque es humano distraerse y tener un error en una suma. De la misma forma, si un médico ocupadísimo se deja el teléfono móvil en el interior de un paciente estaremos obligados a ser indulgentes, aunque la alarma del despertador suene en el entierro y distraiga de su dolor a la familia.

Gracias a Montesquieu, que estará fiambre como decía Alfonso Guerra pero sigue de cuerpo presente, hemos confiado el tercer poder del Estado a 4.500 personas a los que no exigimos que tengan sentido común ni sensibilidad social, ni siquiera que no cometan la estupidez de decretar un año de alejamiento para una madre que reprendió a su hijo con un bofetón. Según parece, nos basta con que hayan aprobado una oposición muy dura y sean capaces de recitar de memoria algún artículo del Código Civil, que eso sí que es prueba de capacidad y mérito. Es decir, que nos hemos puesto en manos de unos sujetos muy aplicados en sus estudios, algo que, aunque a ellos pueda resultarles extraño, no es vacuna suficiente contra la imbecilidad.

Para protegerse de una posible incomprensión, los sesudos funcionarios que componen nuestra Justicia han entablado entre sí lazos de solidaridad que van más allá de lo imaginable. De hecho, se han conjurado para que nada de lo que ocurra a su alrededor puede achacarse a sus deficiencias sino a las de los demás. A los jueces no se les olvida prorrogar la fecha de prisión de los narcotraficantes; si éstos salen en libertad por la puerta falsa es porque no hay ordenadores o por la mala cabeza de algunos secretarios judiciales. No es que sus togadas eminencias trabajen lo justito, jueguen mucho al golf y, a consecuencia de ello, se les acumulen los expedientes, sino que hay mucho interino que no distingue una providencia de un auto, y así es que no se puede, oiga. En definitiva, que nunca hay dejación de funciones sino insuficiencias estructurales ajenas a estos vigorosos servidores públicos.

Injerencia inadmisible

Admitida esta tesis, afear las conductas de estos destajistas del Derecho ha de considerarse una injerencia inadmisible, por mucho que a Zapatero le molesten algunas de ellas, haga comparecer en el Congreso a Carlos Dívar, que es un santo varón o, al menos, muy católico, y amenace, como hizo este viernes, con reformas legales para evitar que al juez Tirado sólo le cueste 1.500 euros irse de rositas. ¿Acaso a  Noé se le puede hablar impunemente de lluvia?

Si de algo han pecado nuestros jueces ha sido de prudencia. Hasta que no murió la pequeña Mariluz no supimos que había 270.000 sentencias no ejecutadas en España, dato que el Consejo General del Poder Judicial debía conocer, pero que, seguramente, no aireaba para que no nos preocupáramos innecesariamente. Sufrían sin proferir queja alguna, callaban para no llenar de nubarrones nuestro venturoso Estado de Derecho, y en pago a su silencio criticamos su corporativismo. No tenemos perdón de Dios.

 Molestos por nuestra displicencia, los hacedores de Justicia preparan una huelga el 18 de febrero, que es más bien un cierre patronal ya que quienes llaman a la movilización no son las asociaciones de magistrados sino las propias Juntas de Jueces. Bastaría con imaginarnos que es por la tarde todo ese día, ya que sus señorías no pisan un juzgado en horario vespertino ni en defensa propia, pero no podremos ignorar el mensaje de que se rebelan porque sus desvelos no son apreciados.

La culpa de que la Justicia sea decimonónica, lenta, ineficiente, un cachondeo y, en muchas ocasiones, manifiestamente injusta es culpa, por este orden, del Gobierno y de la oposición, que no ponen medios, de los ordenadores de IBM que son una castaña, de los becarios de los Juzgados, del personal de plantilla, de los secretarios, de los abogados que son unos zotes, de los delincuentes que no dejan de delinquir, de los ciudadanos que se creen víctimas de delitos inexistentes y hasta de San Raimundo de Peñafort, que no hace el milagro de dar curso divino a los legajos. Los jueces son inocentes y cobran poco. Es bueno saberlo.

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@Juan Carlos Escudier

Dice Ambrose Bierce que el reportero es un escritor que, con suposiciones, se abre camino hasta la verdad para dilapidarla seguidamente con una tempestad de palabras. Dilapidando verdades y palabras llevo más de 20 años. Nací en Diario 16; crecí en El Mundo y me licencié en este Confidencial. He sido corresponsal político de 20 Minutos en este siglo XXI adC (antes de la crisis). Comparto este Sin Enmienda con una columna diaria en Público. Si conocen un trabajo respetable, háganmelo saber.

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