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Bogotá, 23 dic (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por la muerte de Jesús María Valle Jaramillo, defensor asesinado en su oficina de Medellín en 1998, informaron hoy fuentes humanitarias locales.

La sentencia será comunicada a más tardar mañana al Gobierno, lo mismo que a la familia de Valle y a sus representantes en la causa, el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), de Medellín, y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), de Bogotá.

La decisión la divulgó en Medellín el Instituto Popular de Capacitación (IPC), que precisó que la condena fue proferida durante las sesiones celebradas por el órgano judicial de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) del 24 al 25 de noviembre pasado en Costa Rica.

La condena es la primera contra el Estado colombiano en un caso en el que la víctima es un defensor de derechos humanos, agregó la organización no gubernamental (ONG), que recordó que el abogado penalista Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998 cuando presidía el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos del departamento de Antioquia, del que es capital Medellín.

Valle había asumido el cargo en 1988, "después de que fueran asesinados consecutivamente los presidentes del Comité Héctor Abad Gómez, Luis Fernando Vélez Vélez, y Carlos Gónima", resaltó el IPC.

La ONG precisó que, en este caso, la sentencia "habla de la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte del defensor de derechos humanos".

Es una decisión, agregó, que "deberá implicar para el Gobierno investigar el homicidio en un contexto de persecución por sus denuncias y por la complicidad entre paramilitares, ejército y las autoridades de ese entonces".

El IPC precisó que Valle había denunciado de manera pública, entre 1994 y 1998, la actividad de unas cooperativas de seguridad conocidas como Convivir, y las "acciones conjuntas" de tropas de la brigada del ejército de Medellín y paramilitares en la localidad de Ituango, escenario de matanzas por las que la Corte Interamericana también condenó al Estado en junio de 2006.

El defensor presentó estas denuncias ante los generales Alfonso Manosalva y Carlos Alberto Ospina, que por la época se sucedieron en el comando de la IV Brigada, de Medellín, y el entonces gobernador de la región, el actual presidente de Colombia, Álvaro Uribe. EFE jgh/ap/ics

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