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La CNMV tiene una verdadera obsesión con el periodismo. Su anterior presidente, Manuel Conthe, prohibió las exclusivas por decreto y se dedicaba a dar sesudas disertaciones sobre la teoría de la espiral del silencio. Después, su sucesor, Julio Segura, impuso la política de comunicación conocida hasta en la propia casa como "el muro". Ahora, el supervisor ha presentado un curso intensivo para que sus huestes y el mercado en general aprendan a distinguir las noticias de los rumores. Y lo que es más llamativo: la CNMV se arroga la potestad de distinguir entre los buenos y los malos periodistas.

Esta especie de manual de periodismo de Coco (el de Barrio Sésamo) se titula "Criterios para la gestión de noticias y rumores difundidos sobre valores cotizados" y su intención a priori es loable: poner un poco de orden en el caos absoluto que es actualmente la CNMV a la hora de pedir aclaraciones y desmentidos sobre lo que publican los medios, y, sobre todo, a la hora de suspender de cotización a los valores afectados. El problema es que no consigue su objetivo y, además, se arroga unos poderes que la sitúan por encima del bien y del mal.

Así, trata de establecer lo que la CNMV piensa hacer con las noticias exclusivas y con los rumores cuando no hay un hecho relevante detrás. Primero determinará su relevancia basándose en la experiencia previa respecto a noticias similares, la incidencia en las magnitudes contables o financieras de las empresas y la sensibilidad del precio a la noticia. Pero lo divertido de verdad es cómo determinará la veracidad de las informaciones.

El redactor de este cursillo reconoce que la única forma de comprobar al 100% la exactitud de las informaciones es el contacto directo con la empresa o con quien motiva la noticia (ah, el impagable contacto con las fuentes directas). Pero, si no es posible, la CNMV hará de su capa un sayo y decidirá ella solita si una información es veraz o no teniendo en cuenta el grado de precisión de la noticia -si da datos cuantitativos, detalles temporales, nombres propios, etc.- y también "la credibilidad del medio que la difunde" y "si procede de periodistas normalmente bien informados".

Acabáramos. O sea, que el supervisor del mercado decidirá qué medios son creíbles y cuáles no, y qué periodistas están bien informados y quiénes se inventan las noticias. No dice qué criterios va a seguir para ello -esperemos que no decida que todos los medios de Internet son poco fiables, como si fueran todos iguales-, ni si va a elaborar una lista blanca y otra negra. Por lo menos deja fuera de estas disquisiciones las "sagas" como la de la salida de Acciona de Enel, "que cada varias semanas o meses reaparecen en forma de noticia sin que añadan nada novedoso o distinto". Algo es algo.

Si los jueces omniscientes de la CNMV deciden que una información es relevante y veraz, la empresa tendrá que remitir un hecho relevante; si deciden que no lo es, no habrá necesidad de hacer un desmentido. Además, si el veredicto es que la noticia es verdad, se suspenderá de negociación el valor si "la publicación inmediata del hecho relevante no es probable" o si "la complejidad o trascendencia del hecho u operación requieren de un mínimo tiempo para su comprensión y análisis por los inversores". De nuevo será el supervisor quien decida si los inversores son suficientemente inteligentes para entender algo a la primera o no.

Al final, esto significa que la CNMV seguirá haciendo lo mismo que hasta ahora: suspenderá los valores y pedirá a las empresas hechos relevantes, aclaraciones y desmentidos según le venga en gana o según sople el viento (teoría esta última muy extendida entre los brokers). El último ejemplo palmario de esta falta de coherencia fue el día en que se conoció la operación Lukoil, cuando suspendió a Repsol y a Criteria pero no a Sacyr porque "era la única que no tenía una operación en marcha". Sobran los comentarios.

En vez de perder en tiempo con estos cursillos de periodismo de todo a cien y con unas normas tan subjetivas que no sirven para nada, haría bien la CNMV en dedicar sus recursos a cumplir con su principal obligación: acabar con la información privilegiada que campa a sus anchas de forma escandalosa en nuestro mercado. Y de eso no tenemos la culpa los medios ni los periodistas, ni los buenos ni los malos.

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