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El señor Zapatero está tan entregado a remediar la crisis (¿qué crisis? ¿Es que alguna vez hubo una crisis?), que, para hacer feliz a la ciudadanía, ha decidido que las empresas en quiebra, o sea, aquéllas en que el activo realizable es inferior al pasivo exigible, dejen de serlo. Pero no porque los socios repongan los recursos que la empresa ha perdido vía ampliación de capital, no, que eso sería lo fácil. El Gobierno ha solucionado el grave problema con una sencilla modificación legal. En efecto, mediante una disposición adicional única introducida en un Decreto-Ley, ya no considera incursas en  causa de disolución a las sociedades anónimas y limitadas que, pongamos por caso, hayan perdido todos sus fondos propios y más. Basta con que las pérdidas sean por el deterioro (sic) en rúbricas del balance tan poco significativas como el Inmovilizado Material, las Inversiones en Inmuebles y las Existencias. ¿Cómo se les ha quedado el cuerpo? Esto no son artificios contables. Son milagros contables.

Se trata del Real Decreto-Ley 10/2008, publicado en el BOE del pasado viernes 13 de diciembre, que, con la que está cayendo, ha pasado casi desapercibido a pesar de su indudable trascendencia. Un escándalo mayúsculo, en un país donde los escándalos se suceden un día detrás de otro. En 1776, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América proclamó como derecho inalienable de los hombres la búsqueda de la felicidad. Nuestro Gobierno ha profundizado en la idea. Para que esa felicidad pueda alcanzarse con más facilidad, nada más apropiado que disponer, rango de ley mediante, que aquí no quiebra nadie. ¿No es fantástico? Para mí que Zapatitos se ha quedado corto, porque, ya puestos, lo mejor sería abolir la propia contabilidad, esa ciencia o técnica -depende de las escuelas- que tantos quebraderos de cabeza produce a las empresas.

Una solución alternativa podía consistir en que las empresas vuelvan a la “cuenta de la vieja”, la única que vale: la de Caja y tiro porque me toca. Los auditores internos, externos y mediopensionistas, al paro por aguafiestas y cicutas. Descubierta la magia del Decreto-Ley, sólo hay un paso en el camino de perfección por el que nuestro Gobierno nos conduce con mano firme: que, por el mismo procedimiento, disponga que no hay crisis (¿qué crisis? ¿Es que alguna vez hubo una crisis, José Luis querido, pedazo de estadista?). No sé si los parados tendrán trabajo o los empresarios tendrán créditos, pero crisis, lo que se dice crisis, ninguna. Lo ha dispuesto el Gran ZP.

Una ventaja adicional nada desdeñable del Real-Decreto que consagra el Fin de la Contabilidad es que, al no existir ninguna empresa en la desagradable situación que supone una quiebra, los bancos no tendrán que provisionar crédito de ningún tipo. ¿No es maravilloso, again? ¿Cómo no se le habrá ocurrido a Madoff? Para terminar de arreglarle el cuerpo a los banqueros ahora que estamos en fiestas, José Luis les ha preparado un aguinaldo (“regalo que se da en Navidad o en la fiesta de la Epifanía”, según el DRAE) bancario: con efectos retroactivos desde el 1 de enero pasado, banqueros y altos ejecutivos bancarios tributarán por las rentas de capital recibidas de sus propias entidades al 18%, en lugar de al 43%. Una medida de gracia solo aplicable a bancos y cajas.

Por partes. La nueva Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF), en su art. 46, introdujo una limitación en el cómputo de los rendimientos de capital mobiliario que tributarían al tipo fijo del 18%, al excepcionar de dicho tipo a los rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios cuando procedieran de entidades vinculadas con el contribuyente, ya que, en estos casos, por imperativo legal, pasan a formar parte de la renta general, tributando por consiguiente a la escala general del impuesto.

Con independencia de la injusticia que late bajo semejante tratamiento fiscal, el presidente del Gobierno se ha encargado de empeorar la situación haciendo gala de su desprecio infinito a los contribuyentes. A tal efecto, la  Disposición Final Tercera, apartado Dos, del Real Decreto 1804/2008 introduce, con efectos 1 de enero de 2008, una nueva Disposición Adicional Séptima al Reglamento del IRPF que, en definitiva, supone que a partir de dicha fecha los rendimientos que satisfagan las entidades de crédito (bancos, cajas de ahorro, etc.) a, pongamos por caso, sus consejeros, no se va a considerar que proceden de entidades vinculadas, a los efectos de aplicar lo dispuesto en el citado art. 46 de la LIRPF. 

Es decir, los rendimientos que estos perceptores (personas físicas vinculadas a las entidades de crédito) obtengan derivados de la cesión de capitales propios tributarán al tipo fijo del 18% y no al tipo de gravamen de la escala general (un 43% para las rentas más altas), como le ocurrirá “al resto de los mortales” que se encuentren en igual situación, esto es, vinculación con entidades distintas de las de crédito. Se hace así de peor condición, en lo que a tributación se refiere, a cualquier persona vinculada con una entidad que no sea de crédito.

Conviene decir que el articulito en cuestión forma parte de un Decreto-engrudo donde, por haber, hay hasta normas relacionadas con el mecenazgo. La señora Vicepresidenta ha dicho que en su promulgación ha habido “absoluta trasparencia”, sin duda la que en Física distingue a los llamados agujeros negros. Digamos también que el Real Decreto lleva la conformidad del Consejo de Estado, aunque algunos rumores apuntan a que el “Supremo Órgano Consultivo” no habría informado de una norma fiscal que se habría introducido a última hora, lo cual podría explicar una “conformidad” que, de otro modo, implicaría un desconocimiento del Derecho por parte del alto organismo, en la forma, y una indigencia intelectual extrema, en el fondo.  

Porque la norma de marras, una especie de compendio de infracciones de principios elementales en un Estado civilizado, vulnera abiertamente, ahí es nada, principios tan poco importantes como los de legalidad y jerarquía normativa, y el de igualdad ante la ley (“a igual renta, igual tributación”): arts. 14 y 31 de la Constitución Española.

El referido aguinaldo es, en definitiva, uno más en la larga lista de favores a la banca y a los banqueros, un postre muy navideño para ese gigantesco menú de rescate que, por importe de 250.000 millones, ha venido a premiar una gestión nada profesional capaz de enladrillar al lucero del alba. Y mientras el Gobierno despliega sus favores con los señores del dinero, al pequeño y mediano empresario que se deja las pestañas intentado pagar la nómina, que le vayan dando. Se le trata como lo que es: un súbdito que paga y calla.

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