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La tendencia de los empresarios españoles a buscar el paraguas del Estado para asegurarse un determinado nivel de rentas y protegerse, al mismo tiempo, de la competencia exterior es proverbial. No es ningún secreto que el capitalismo español se ha construido a partir de sólidos instrumentos que le han colocado siempre cerca de los poderes públicos, lo que explica, en palabras del profesor Tortella, “la debilidad del espíritu de empresa”.

Se trata, como se sabe, de un fenómeno que viene de antiguo, y que ha propiciado nuestro secular atraso económico y la intensa presencia de capital extranjero en algunas de las empresas fundamentales en el desarrollo económico español. Pero uno creía que tras el repliegue del Estado en la actividad económica, iniciado en los años 80 (comienzo de las privatizaciones y reconversiones industriales), y culminado en los 90 (liberalizaciones y cuasi liquidación del sector público empresarial), la figura del papá Estado protector de los empresarios estaba en vías de extinción. Craso error.

Resulta que los editores de la televisión privada han hecho piña para que el legislador (léase Moncloa) cambie la ley con el objetivo de hacer viable su negocio. Se quejan de que con tantos canales de televisión digital terrestre no les salen las cuentas, por lo que lo más razonable sería reducir el número de canales puestos a disposición de las televisiones públicas y, sobre todo, que les permitan emitir en cerrado para rentabilizar sus inversiones. En una palabra, se trata de lograr que haya menos bocas en el reparto de la tarta publicitaria.

Lo curioso del asunto es que esos mismos editores hace poco más de tres años no hicieron ascos a asumir nuevas concesiones. En concreto, en noviembre de 2005, cuando por Acuerdo de Consejo de Ministros el Gobierno decidió ampliar el número de adjudicaciones a los canales en funcionamiento.

Veo Televisión (Unidad Editorial) y Net TV (Vocento), se beneficiaron de un canal digital adicional; mientras que Telecinco, Antena 3 y Cuatro, obtuvieron dos nuevos canales de forma gratuita, se supone que por razones históricas, ya que vienen operando desde hace casi veinte años.

Espectro televisivo

El legislador, como se ve, pudo optar por ampliar el espectro televisivo con nuevos operadores que introdujeran mayor competencia en el sector, pero en su lugar se decidió por concentrar la oferta televisiva en las mismas manos.

Ahora bien, les obligó  al “estricto e incondicional cumplimiento de los compromisos asumidos en sus respectivos planes detallados de actuación”, lo que parece lógico teniendo en cuenta de que se trata (mientras nadie diga lo contrario) de un servicio público. ¿Y qué es lo que decían los pliegos de condiciones de los nuevos concursos? Pues ni más ni menos que  los beneficiarios estarían obligados a emitir una” programación novedosa, innovadora y diferenciada respecto a la oferta en analógico” (sic). Con sólo practicar un poco de zapping durante 10 minutos, uno se da cuenta de hasta qué punto se cumple la ley.

No es eso lo peor. La ampliación de canales en TDT se hizo el mismo día en que el Consejo de Ministros adjudicara a La Sexta un nuevo canal de televisión en analógico con el compromiso de que emitiera en abierto. No hace falta haber hecho un máster en estrategia política para entender que a cambio de que hubiera un nuevo operador (en este caso la cadena de Roures y Contreras) el Gobierno decidió aumentar el número de canales en digital terrestre. Pero ahora, mire usted por dónde, resulta que dicen que hay demasiados canales y que lo que procede es que alguno de ellos pase a la clandestinidad.

Perdón, reclaman poder operar en cerrado, cuando ellos mismos sabían la inviabilidad de una oferta televisiva tan amplia (20 canales de carácter estatal más los de ámbito local y autonómico) para un país con poco más de menos de 45 millones de habitantes. Si no salen mal las cuentas, eso significa un canal por cada millón de habitantes. Y como recordaba hace poco un directivo de la TDT, la tarta publicitaria se limita en estos momentos a 60 millones de euros, y no parece que vaya a crecer mucho dentro de los 472 días que faltan para el apagón analógico.

No vayan a pensar que alguien puso una pistola en el pecho a los editores de televisión para optar a los nuevos canales. Como afirma la Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, “las cinco sociedades concesionarias del servicio público de televisión terrestre de ámbito estatal existentes a la entrada en vigor del Real Decreto (…) han solicitado, en plazo, canales digitales adicionales”. Y se cita textualmente a Antena 3, Gestevisión Telecinco, Sogecable (dos canales digitales adicionales cada una) y Veo Televisión y Net TV, uno por barba.

Pero ahora resulta que el negocio no es rentable. Y se dice después de que en la pasada legislatura se aprobaran nada menos que una ley, cinco reales decretos, nueve órdenes ministeriales, dos acuerdos de Consejo de Ministros y más de 200 resoluciones a la medida del sector.

Es lo que tiene ser liberal. Si el negocio amenaza con ser ruinoso, lo que hay que hacer es pedirle al Estado que haya menos competencia. ¿Por qué no abrieron las nuevas concesiones a nuevos operadores?

Desde luego que los editores de televisión no son los únicos. Los empresarios de las energías renovables (fotovoltaicas o de molinillos) suelen pedir al Gobierno que les  asegura una rentabilidad. Como se ve, lo mismo que las pymes de la esquina. Ésas que se ven abocadas al cierre por falta de transparencia e igualdad de oportunidades en el proceso acumulación del capital, que diría un clásico.

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@Carlos Sánchez

Quise ser periodista para viajar; pero al final algo debió fallar y he acabado siendo una especie de tecnócrata del periodismo económico. No me quejo. Ello me permite aprender todos los días y contar lo que sucede. Sin apriorismos y sin necesidad de echar mano de los célebres espejos deformantes que colgaban del Callejón del Gato, y que tanto asombraban a Valle-Inclán. Nací en Madrid en el mismo año en que Bardem estrenó Calle Mayor y soy Licenciado en Ciencias de la Información. He escrito un par de libros sobre el capitalismo español y trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Y al final he descubierto que Internet es todo eso y algo más. Carlos Sánchez es subdirector de El Confidencial.

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