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Jueves, 29 de octubre de 2009

La controversia que desata en España la inmersión lingüística puesta en práctica en comunidades como Cataluña, País Vasco o Galicia, dada la relación entre idioma y nacionalismo, se ve muy diferente fuera de nuestras fronteras. El Consejo de Europa, que reúne a 47 países y trabaja por el cumplimiento del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, emitió ayer un informe en el que reprende a España por no proteger y difundir de forma suficiente las diversas lenguas minoritarias.

El documento, que incluye las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo, formado por los titulares de Asuntos Exteriores de los 47 países, así como un informe de expertos, señala que “la mayoría de la población castellanoparlante es poco consciente de la realidad de España como país multilingüe”, y critica a los medios de comunicación porque “apenas prestan atención a esta diversidad”.

Aunque el Consejo reconoce al Ejecutivo español su colaboración en la realización del informe, y le felicita por el alto grado de protección del que disfrutan las lenguas minoritarias, critica la brecha que existe entre los compromisos adquiridos por España y el nivel de protección que en la práctica el Estado ofrece a estas lenguas. Así, denuncia que las dificultades que encuentran los ciudadanos para acceder en una lengua cooficial a los procedimientos judiciales y de la Administración estatal. En este sentido, afirma que el personal que trabaja en las comunidades autónomas utilizando su propia lengua es “limitado y numéricamente poco importante”. Lo mismo sucede en empresas estatales como Correos o Renfe.  

En el caso del catalán, el Consejo reclama que “quede claro” que las autoridades judiciales penales, civiles y administrativas de Cataluña llevarán a cabo los procedimientos en catalán, a petición de una de las partes. Este organismo europeo manifiesta su deseo de que el nuevo Estatuto aumente el uso del catalán en la vida pública, y elogia la creación de las Oficinas de Garantías Lingüísticas, así como las medidas para promocionar esta lengua con incentivos económicos.

Resulta sorprendente que, en un contexto en que formaciones políticas como el Partido Popular, Ciudadanos y Unión Progreso y Democracia se movilizan en contra de las políticas de inmersión lingüística, el Consejo determine que todavía son medidas insuficientes. El informe critica que en la mayoría de comunidades autónomas la enseñanza en la lengua cooficial se basa en un modelo bilingüe, y aboga por que las autonomías dispongan además de un sistema de “plena inmersión” para que la enseñanza se imparta esencialmente en las lenguas regionales.

Por ello, se elogia la política de la Generalitat de convertir el catalán en la lengua de oficio del sistema educativo y en la primera lengua de instrucción para la mayor parte de los jóvenes. En cambio, se reclama a la Comunidad Valenciana que elabore un modelo educativo esencialmente en valenciano para todos los niveles de enseñanza, y se califica de “preocupante” el caso de las Islas Baleares, donde se ha aprobado un decreto para la educación trilingüe.

Poco euskera y gallego

Sobre el euskera, el informe reconoce el compromiso del Gobierno vasco para proteger los derechos de los hablantes, pero matiza que los planes de acción no han sido suficientemente eficaces. Cita como sectores especialmente preocupantes por su escaso uso del vasco a la Ertzaintza y al sistema de salud. También se refiere a Navarra de forma crítica, al considerar que hay problemas para la presencia del vasco en los medios de comunicación, en la enseñanza y en la prestación de servicios públicos, especialmente en Pamplona.

El Consejo de Europa también lamenta que en Galicia el número de alumnos que reciben educación en gallego sigue siendo “muy bajo”, y denuncia los obstáculos que encuentra el asturiano o el aragonés en sus respectivas regiones. En el caso de Galicia, el informe recoge la existencia de acoso laboral a trabajadores por el hecho de hablar gallego. Además, el documento se refiere al uso del árabe y el bereber en Ceuta y Melilla, denunciando la escasa información proporcionada por el Gobierno español y recordando que el Estado no es libre de excluir estas lenguas.

Se trata en definitiva de un polémico informe que pone de manifiesto las contradicciones entre las disposiciones de la Carta europea de las lenguas regionales (en vigor en España desde 2001) y el uso político que ha adquirido la materia lingüística. Hay que recordar que la Constitución española se limita a establecer el castellano como la lengua oficial del Estado, así como el deber de todos los españoles de conocerla y el derecho de usarla. Pero a la hora de delimitar las demás lenguas, deja que sean la comunidades autónomas quienes las fijen en sus estatutos, y afirma que que serán objeto de especial respeto y protección. Una protección que, a juicio del Consejo de Europa, y en contra de lo que muchos opinan, todavía debe perfeccionarse.  

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