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Los sindicatos UGT y CCOO en la Comunidad de Madrid han decidido dar un nuevo impulso al conflicto que mantienen abierto de forma permanente con el Gobierno de Esperanza Aguirre. La decisión del Ejecutivo madrileño de posponer hasta 2011 el incremento salarial acordado con los funcionarios de Justicia ha vuelto a sacar este jueves a la calle a los sindicalistas, quienes han llevado a cabo un paro durante toda la mañana. Pero, más allá de las demandas sectoriales, UGT y CCOO planean concentrar todas sus protestas en el ámbito de los servicios públicos. Un frente amplio de desgaste al Gobierno de Aguirre que comprenda una movilización conjunta de los trabajadores de Sanidad, Justica, Educación y otros servicios sociales.

Este será el próximo paso si la Comunidad no cede a algunas de las reivindicaciones que plantean las centrales. La primera pasa por que se respete el pacto con que los funcionarios de Justicia alcanzaron el año pasado con el Ejecutivo. Tras doce días de huelga, ambas partes acordaron una subida salarial mensual de 450 euros, que se implantaría de forma escalonada hasta 2011. Además, se pactó incrementar las plantillas de los registros civiles, los juzgados de lo penal o del Instituto Anatómico Forense.

La Comunidad ha hecho efectivo el aumento de 130 euros correspondiente a 2008, pero, debido a la crisis económica, postergará el resto de la subida hasta 2011. Para los sindicatos, este cambio supone un grave incumplimiento por parte del Gobierno, no sólo en materia de salarios, sino también en cuanto a la ampliación de las plantillas, que no se ha llevado a cabo. El Gobierno autonómico responde que desde que en 2003 recibió la competencia de Justicia, las distintas ramas de funcionarios han disfrutado de entre un 30 y un 55% de subida salarial e insiste en que los aumentos se completarán dentro de tres años. En cuanto al número de funcionarios, el Ejecutivo asegura que la cifra se establece de acuerdo con el Ministerio de Justica, que fija el número de que corresponde a cada autonomía.

Pero el conflicto de la Justicia hay que enmarcarlo en el continuo enfrentamiento de los sindicatos con consejeros como Juan José Güemes, titular de Sanidad;  Lucía Figar, de Educación, o la propia Aguirre. Para Fermín Ramos, secretario del sector Administración General del Estado de UGT, el Gobierno madrileño está deteriorando los servicios públicos para facilitar una posterior privatización con la excusa de su ineficiencia. Así, Ramos señaló que tras protestas como la de este jueves, tanto CCOO como UGT buscarán unificar el descontento en todos los servicios públicos para organizar movilizaciones contra el Ejecutivo.

Cruce de acusaciones

Hasta ahora el Gobierno de Aguirre se ha mantenido firme ante campañas prolongadas de desgaste como las frecuentes concentraciones a las puertas de los hospitales, y ha contraatacado denunciando el gran número de liberados sindicales. Güemes llegó a afirmar que este colectivo en la sanidad pública, cerca de mil personas, le cuesta cinco euros al año a cada madrileños, y que con ese montante se podría construir un hospital.

UGT respondió ayer a estas palabras asegurando que con el sueldo de los altos cargos de la Comunidad y el del personal de confianza de Aguirre se podrían construir un hospital de 250 camas, así como un centro para personas mayores dependientes de 200 camas. El sindicato se basa en el Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2009, que prevé un gasto de más de 30 millones en altos cargos y más de 33 millones de euros en personal de confianza de los distintos gabinetes.

Así las cosas, la pugna entre los sindicatos, que afirman defender los servicios públicos, y el Gobierno, que les acusa de servir al PSOE para desviar la atención de la crisis económica y de intentar mantener sus privilegios a costa de los madrileños, promete ser larga y calentar el invierno político madrileño.

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