Las celebradísimas detenciones del lunes confirman el alto grado de eficacia policial alcanzado en la lucha contra ETA. “Hasta acabar con ellos”, en palabras de Zapatero, ya acompasadas a las que viene utilizando Rajoy después de cada golpe. Unidad de los demócratas y eficacia de las Fuerzas de Seguridad del Estado. A estas alturas del curso, no hay más receta que ese fecundo cruce de lo político y lo policial.

Funciona cada vez mejor un Facebook pacientemente elaborado por los servicios de información, donde aparecen todos los jovencitos curtidos en las algaradas callejeras. Es la cantera de ETA. Todos los detenidos figuran en el álbum con algunos años menos. Otro resorte clave de la lucha antiterrorista está siendo la infiltración, redoblada después del fracaso de la negociación del Gobierno con la banda terrorista. Los servicios de información aprovecharon las grietas abiertas en la estructura de ETA por la propia dinámica del acercamiento. Esos dos elementos, cruzados a su vez con la excelente colaboración francesa, hacen creíble el discurso del ministro Rubalcaba cuando garantiza a los etarras una plaza en la cárcel. O cuando habla a los alevines del terrorismo del acortamiento del tiempo entre el ingreso en ETA y el ingreso en la cárcel.

Asistimos a una justa apología del trabajo policial como punta de lanza de la política antiterrorista del Gobierno. Buen motivo para reflexionar sobre las barbaridades difundidas en la pasada Legislatura sobre la supuesta complicidad de Zapatero con los terroristas. No para acabar con ellos sino como jugada política para seguir en el poder. Zapatero ha rectificado, se dice ahora. Por supuesto que ha rectificado. Pero de método, no de objetivo. El objetivo era y sigue siendo acabar con ETA. El diálogo como medio de acabar con ETA acabó enterrado entre los cascotes de la T-4. Bien lo sabemos. Pero dos años después de aquella salvajada no podemos seguir cultivando especies envenenadas, como la del reforzamiento de la banda terrorista. A pesar de los cuatro asesinatos perpetrados a lo largo de este 2008, nadie en su sano juicio afirmaría que ETA está más fuerte o tiene más apoyo social que antes de la negociación con el Gobierno.

Puestos a mirar por el retrovisor, tampoco me resisto a señalar que uno de los tres etarras detenidos el lunes por la noche en Irún, Ibai Egurrola, figuraba en una de las 133 listas impugnadas por la Abogacía del Estado y anuladas por el Tribunal Supremo en vísperas de las últimas elecciones municipales (mayo de 2007). Conviene recordárselo a quienes acusan al Gobierno Zapatero, un día sí y otro también, de haber sentado a ETA en los Ayuntamientos vascos. En algunos, por ser precisos. En unos sí y en otros no, según el grado de contaminación etarra apreciado por la Fiscalía y los juristas del Estado. El principio de legalidad está reñido con el método de la tierra quemada. El método hubiera sido letal para la salvaguarda de derechos fundamentales, como el de elegir y ser elegido (derecho de sufragio). Por eso en su día no se impugnaron todas y cada una de las 256 listas de ANV, como proponía el PP. Y por eso no prosperará ahora la iniciativa del PP para disolver una Corporación (Azpeitia) que acaba de condenar el asesinato de un convecino, aunque sin el voto de los seis concejales de ANV.

De cualquier modo, en algunos sectores adversos al Gobierno se sigue dando por supuesto que los amigos de ETA están en los ayuntamientos vascos y navarros gracias al Gobierno, sin molestarse en recordar que el número de las listas no impugnadas por el Gobierno, a través del Abogacía del Estado, fue menor que el de las impugnadas y posteriormente anuladas por el Tribunal Supremo, y técnicamente no por su connivencia con una banda terrorista sino por “la planificada penetración de los miembros de Batasuna en las candidaturas de ANV con la finalidad de instrumentalizar su personalidad jurídica, a fin de perpetuar la actividad de aquella organización ilegal en la vida política”.