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Madrid, 10 dic (EFE).- El Gobierno inspeccionará los modelos de gestión sanitaria de las comunidades autónomas, así como sus resultados, para evitar que se lleven a cabo "experimentos con champán" sobre un sistema de calidad como es el español.

El grupo de ERC-IU-ICV ha obtenido en el Congreso el respaldo del PSOE -ha votado en contra el PP y se ha abstenido CIU- para instar al Ejecutivo a que haga este análisis comparado de los servicios de salud autonómicos en el ámbito de la organización, provisión de servicios, gestión sanitaria y resultados.

Defendida por el diputado de IU Gaspar Llamazares, la iniciativa plantea que se modifique la Ley de 1997 por la que se habilitaron las nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud en el caso de que se encuentren "dificultades o deficiencias genéricas o estructurales" que "impidan alcanzar o distorsionen" el modelo.

Este último punto es el que ha contrariado al parlamentario popular Mario Mingo, quien se ha mostrado proclive a llevar a cabo este análisis pero sin modificar la actual normativa, que permite una gestión que Llamazares ha calificado de "privada formal o funcional" y que ha vinculado especialmente con la Comunidad de Madrid.

Al amparo de esta propuesta, el Observatorio Nacional de Salud y la Alta Inspección del Estado evaluarán el cumplimiento de los fines y objetivos de un modelo que debe seguir siendo "coherente, armónico y solidario".

Llamazares ha abundado en que no se pueden llevar a cabo "experimentos con champán" en "algo tan delicado" como el servicio sanitario español, que se ubica entre los siete mejores del mundo.

El Gobierno debe así garantizar, de acuerdo con la Constitución y la Ley General de Sanidad, el carácter "público, universal y gratuito", así como el perfil integrado de los servicios, en todo el territorio nacional.

La diputada de CIU Conxita Tarruella ha logrado que se incluyera en el texto que, en la realización del análisis, se tengan en cuenta "las diferencias de costes" en las prestaciones de los servicios de salud existentes en las distintas comunidades autónomas.

Tarruella ha conseguido además que el Congreso aprobara por unanimidad una iniciativa para que el Gobierno regularice la situación de los médicos y farmacéuticos hospitalarios que llevan años ejerciendo sin disponer de título de especialista.

En primer lugar, la Administración central y las autonómicas cuantificarán en el plazo de seis meses cuántos médicos especialistas sin título oficial (Mestos) y farmacéuticos en farmacia hospitalaria sin título oficial operan en el SNS.

Se analizarán, asimismo, cuáles son las circunstancias que han determinado las diversas situaciones en las que se encuentran estos facultativos.

Una vez realizado dicho análisis, y a partir de las propuestas de las Comunidades, el Gobierno tendrá que articular las medidas que se consideren necesarias para regular a este colectivo.

Otra propuesta semejante se ha aprobado en torno a los facultativos y a los centros de salud de las cárceles, al instar los grupos parlamentarios al Ejecutivo a que agilice su incorporación definitiva al Sistema Nacional de Salud.

Finalmente, y a propuesta del PSOE, la Comisión de Sanidad ha instado al Gobierno a que elabore en el plazo de seis meses un plan de apoyo a las personas que padecen alergias alimentarias, que afectan al 3 por ciento de los adultos y al 8 por ciento de la población infantil. EFE ad/jrr

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