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Caracas, 2 dic (EFE).- El líder opositor venezolano Manuel Rosales dijo hoy que no rehuirá la citación de la Fiscalía General, para defenderse de acusaciones de corrupción en su contra, y remarcó que el presidente Hugo Chávez no logrará sacarlo del mapa político.

"No le tengo temor (a Chávez); voy a enfrentarlo, porque tengo la verdad y con mentiras no podrá sacarme del camino", declaró Rosales a los periodistas al comentar la citación, "en calidad de imputado", que hoy le hizo la Fiscalía para el próximo 11 de diciembre.

"Voy a enfrentar todo lo que tenga que enfrentar. Esta es una revolución de ladrones, de corruptos, que pretenden linchar políticamente a todos los que nos oponemos a la coronación de Chávez", puntualizó en alusión al deseo del gobernante de que se reforme la Constitución y se permita la reelección continua, para aspirar así a futuras candidaturas presidenciales.

Chávez ha pedido reiterada y públicamente a la justicia contemplar las denuncias contra Rosales y encarcelarlo.

"Desde que él (Chávez) dio esa orden, todos los poderes del Estado se activaron; esa es la mejor demostración de que aquí no hay (independencia de) poderes", reiteró Rosales.

La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) interpeló el pasado viernes, durante ocho horas, al entonces gobernador de Zulia y ahora alcalde de Maracaibo, capital de ese estado fronterizo con Colombia, para obtener información sobre los casos de corrupción que se le imputan y que paralelamente estudia la Fiscalía.

Las denuncias aluden a un presunto fraude fiscal en la Lotería de Zulia, supuesta acumulación ilegal de bienes personales y donación de bienes públicos a particulares, entre ellos 248 vehículos.

"Ya desmonté en la AN, durante ocho horas y punto por punto, las mentiras que me habían montado", a diferencia de las autoridades de Gobierno que "no han explicado los ladronismos y actos de corrupción de toda monta que tienen ministros" y "grupos cercanos a lo que es el alto poder", añadió hoy.

Adicionalmente a esos cargos, Rosales afronta la acusación de estar involucrado en un supuesto y reciente plan de golpe de Estado y magnicidio contra Chávez.

El informe de la comisión especial de la AN que investiga el asunto y que fue presentado la semana pasada involucra en el complot a Rosales, directores de medios de prensa, empresarios y militares.

El informe es discutido desde hoy en el pleno parlamentario y también implica a los directores de los diarios El Nacional, Miguel Henrique Otero; El Nuevo País, Rafael Poleo, y de las emisoras Globovisión, Alberto Federico Ravell, y Radio Caracas Televisión (RCTV), Marcel Granier.

Asimismo, al titular del gremio empresarial Fedecámaras, José Manuel González, y al empresario Nelson Mezerhane, al ex embajador ante la ONU Diego Arria.

Este último es identificado en el informe como la persona que iba a asumir la Presidencia "tras el asesinato de Chávez", y en caso de que no aceptara ocuparía el cargo el ex ministro de Defensa general Raúl Isaías Baduel.

Todos ellos han negado el plan y lo han atribuido a "un montaje", lo que el parlamentario oficialista Mario Isea, presidente de esa comisión especial, denuncia como un intento por "banalizar" el caso.

El plan fue denunciado inicialmente en septiembre pasado en la emisora VTV de la red de televisión estatal y desde entonces líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), liderado por Chávez, divulgan diversas conversaciones, una de ellas atribuidas a unos ex altos mandos militares retirados ya detenidos.

Los interlocutores se plantean derrocar a Chávez atacando por aire el palacio de Gobierno, matarlo "haciendo volar" el avión presidencial o dispararle en alguna manifestación.

Ellos aseguran contar para ello con apoyo de militares y directivos de medios de comunicación privados.

Entre los primeros detenidos figuran el general de la Guardia Nacional Wilfredo Barroso, el vicealmirante Carlos Millán, el teniente coronel de Ejército Ruperto Sánchez y el mayor de Ejército Helímenas Labarca Soto, todos retirados.

Además de estos militares, a otras personas, asimismo detenidas, se les decomisó después armas de fuego, entre ellas un cañón que presuntamente iba a ser utilizado en el plan magnicida. EFE ar/lnm/jip

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