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Valencia, 28 nov (EFE).- La Asamblea de Estudiantes del campus de Tarongers de la Universitat de València (UV) ha advertido hoy de que demandará por injurias y calumnias al decano de la Facultad de Derecho, Carlos Luis Alfonso, después de que haya presentado una denuncia en comisaría por los hechos ocurridos anoche en la facultad.

Mientras el decano y el Rectorado mantienen que varios estudiantes violentos bloquearon la salida del edificio a siete profesores que habían participado en el recuento electoral de las elecciones de estudiantes celebradas en la facultad de Ciencias Sociales y Derecho, los estudiantes aseguran que sólo intentaban acceder al centro y no impedir la salida de nadie.

Desde la Asamblea han calificado de "ridícula" la acusación de "secuestro" de los siete profesores y han argumentado que su gesto de "despejar y abandonar" durante la jornada electoral las instalaciones, demuestra su intención de no interferir en las elecciones.

Los estudiantes mantienen que, mientras celebraban la asamblea diaria en la Facultad de Derecho a partir de las 22.00 horas, agentes de la policía se personaron en el edificio mientras el decano y el responsable de la seguridad del centro pedían una lista con los nombres de los alumnos que se encontraban allí en ese momento.

Tras negarse a facilitar una "lista negra" a la Universitat, los estudiantes plantearon ofrecer sus carnés universitarios para identificarse aunque la propuesta fue rechazada, por lo que decidieron no dar sus nombres.

Según explican en el comunicado, decidieron entonces salir del centro para debatir su postura sin la "presión policial" pero, al hacerlo, las puertas del edificio fueron cerradas dejando en su interior las pertenencias de los estudiantes.

Por ello, y siempre según su versión, intentaron acceder al edificio aprovechando la salida de los profesores encargados del escrutinio aunque fue "imposible".

Para los estudiantes, esa forma de gestionar el conflicto por parte del Decanato y el Rectorado provoca una desviación de sus objetivos que son "informar sobre las verdaderas consecuencias del proceso de Bolonia y paralizarlo para poder así abrir un debate público general al respecto".

Asimismo, consideran una "grave irresponsabilidad" el intento de "criminalización" por parte del decano de Derecho el movimiento de protesta estudiantil. EFE cdg/ct/jmi

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