Un grupo de Mossos d'Esquadra en Barcelona (Efe).
Los mossos condenados a seis años de cárcel por torturas estuvieron en activo hasta ayer
@Alfons Quintà .- 27/11/2008 06:00h
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La audiencia de Barcelona condenó a penas de prisión de hasta seis años y siete meses a cinco Mossos d’ Esquadra por delitos de torturas, lesiones graves, detención ilegal, violación de domicilio, contra la integridad moral y malos tratos. Es la peor condena a un cuerpo policial autonómico. Aún están pendientes de vista oral otras acusaciones contra Mossos por malos tratos. En algunos casos parece muy probable una sentencia condenatoria, debido a la existencia de grabaciones por cámaras de seguridad, cuya difusión provocó en su día un justificado escándalo.
En el caso ahora juzgado, las víctimas fueron una pareja de rumanos, ajenos a todo acto delictivo. Ninguno de los dos fue nunca imputado. Él era hemofílico y ella estaba embarazada de tres meses. Erróneamente, los Mossos confundieron al hombre con un atracador.
La sentencia califica el proceder de la policía autonómica catalana de “cruel en exceso, brutal o salvaje”, así como impropio de un Estado de Derecho. Resulta probado que un agente introdujo una pistola en la boca del detenido, quien también fue amenazado de ser “arrojado por un barranco”.
El detenido empezó a ser golpeado en el coche que lo condujo a la comisaría de los Mossos, donde los malos tratos incrementaron. Fue amenazado de muerte: “Si la juez te suelta –le dijeron– te podemos a matar. No serás el primero”. Los malos tratos continuaron pese a que la víctima manifestaba ser hemofílico y, por lo tanto, podían causarle la muerte. Finalizaron cuando un Mosso advirtió que la escena era grabada por una cámara de seguridad. El torturado precisó una transfusión de urgencia.
Las penas van desde la ya indicada a dos años y tres meses. Ahora implicarán la suspensión temporal de los agentes. Cabe recordar que los hechos tuvieron efecto en julio de 2006 y que una investigación interna no expuso en absoluto lo que ahora la sentencia judicial declara probado. La conserjería de Interior trató el caso como si fuese una banalidad. Por ello, los agentes habían continuado ejerciendo sus funciones hasta hoy.
Denuncias desde Italia
El 2007 se informó de que las denuncias por racismo contra los Mossos se habían multiplicado por ocho en un año. El 19 de enero de aquel año el programa de gran audiencia de la TV pública italiana “Mi Manda RAI-TRE” efectuó una larga emisión, con conexión en directo con Barcelona, sobre presuntos malos tratos de los Mossos a jóvenes italianos detenidos en la Ciudad Condal.
Participaron en el programa tres jóvenes sardos acompañados del alcalde de su ciudad. Manifestaron haber sido “brutalmente golpeados” por los Mossos y encerrados durante dos días, sin comer ni beber. Uno de ellos dijo que le habían roto dos costillas y otro que había sufrido lesiones en mandíbula y dientes. El atestado policial no hizo alusión a las lesiones, pese a que paralelamente habían sido objeto de certificación médica. Participó en la emisión el intendente barcelonés de los Mossos, Joan Miquel Capell, quien no supo dar explicaciones convincentes.
El programa, emitido de nueve a once de la noche, incluyó una entrevista ya transmitida el mes de abril anterior en la que otro joven italiano, Massimo Muci, declaraba también haber sido recluido durante dos noches y tres días por mossos, y "tratado como un perro". Desde la ciudad de Gorizia llamó en directo la madre de un joven que, según declaró, había estado detenido durante dos días por los mossos, acusado de haber hurtado dos euros. Fue puesto en libertad sin cargos. El conductor del programa, Andrea Vianello, exhibió una nota del ministerio de Asuntos Exteriores italiano afirmando tener conocimiento de este tipo de hechos. Ningún periódico barcelonés informó de aquella emisión, pese a la gran audiencia que registró.
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Opiniones de los lectores (6)
6. 
lucas27/11/2008, 11:19 h.
Es que las policías políticas dan problemillas a veces, pués suele ser un ideólogo del partido quien las dirige, ahí está la vasca como mal ejemoplo, y esta que acaba de commenzar aún está a tiempo, no lo digo por sus componentes de base, que bastante tienen con cumplir las órdenes que le llegan del comisariado político.
5. jorge627/11/2008, 10:34 h.
Espeluznante. Y me temo que esto es sólo la punta del iceberg, ya que no se tienen en cuenta los casos en que por falta de pruebas médicas y de testigos las denuncias no prosperan, a pesar de resultar verosímiles. Es imprescindible que se establezcan cuanto antes controles aleatorios de drogas y esteroides entre los miembros de las FCSE PD: Es cierto que durante la tramitación de un proceso penal el procedimiento sancionador administrativo se suspende, pero eso no impide a la autoridad administrativa competente la adopción de medidas cautelares, como la suspensión de empleo y sueldo o el cambio de puesto de trabajo, mientras el expediente se resuelve.
4. el navelina27/11/2008, 10:34 h.
Cuanta gente en Cataluña, añora a la Policia Nacional, en Reus el otro dia fue emocionante ver a la gente como se agolpaba a la puerta de la Comisaria, despidiendo a los que han sido durante años sus protectores, una vez se hicieron cargo de la Seguridad Ciudadana los mosos. Que vuelvan pronto que en Cataluña los necesitamos
3. nou27/11/2008, 10:11 h.
Hoy los sres. Quintà y Baiget nos proponen dos nuevas noticias con carga habitual de crítica a todo lo que provenga de estas tierras.
En cuanto a la sentencia a los mossos, es buena noticia que tengamos la capacidad de denunciar torturas cuando las ha habido y éstas no queden impunes. Sin la colaboración de asuntos internos de la polícia autónomica que puso las cámaras esta condena no habría sido posible, o sea que por una vez el sistema ha funcionado.
Contrasta con el caso Roquetas, que con resultado de muerte, al máximo responsable se le condenó tan solo a quince meses de prisión, creo que ya esá en la calle. Curiosa no la diferencia.
2. pacopepea27/11/2008, 09:35 h.
Sr Redactor,las adminisraciones cuando un expediente abierto a un funcionario esta tambien siendo investigado judicialmente ,tienen la obligación legal de suspender la tramitación de dicho expediente hasta que haya resolución judicial,reiniciandose una vez dictada sentencia.
Sin entrar en el fondo de este caso no se puede sancionar ningun acto administrativamente,hasta que se resuelva judicialmente.
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