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Bogotá, 26 nov (EFE).- El presidente colombiano, Álvaro Uribe, anunció hoy en Bogotá que mostrará a la Procuraduría (Fiscalía) sus declaraciones de la renta y las de sus dos hijos, después de que lo solicitara la oposición liberal durante un debate parlamentario sobre las entidades ilegales de captación de dinero o "pirámides".

"Lo hago por respeto al pueblo colombiano, por transparencia y por fortalecer la autoridad moral para poder continuar la tarea de combatir todas las expresiones del delito", expresó Uribe en una declaración que entregó a la prensa en la sede del Ejecutivo.

El presidente colombiano dijo que entregará al órgano estatal de control de los funcionarios públicos todas sus declaraciones de renta, "desde la primera hasta la última".

"Además, entregaré las declaraciones de renta de mis hijos", agregó, para denunciar que en su país se presenta "un tráfico de calumnias contra el buen nombre" de su familia.

Uribe precisó que una "pirámide" (entidad que capta dinero de forma ilegal) se promovió con la propaganda de que en ella "están los hijos del presidente", Jerónimo y Tomás, y que una mujer llamó a su esposa, Lina Moreno, para decirle que en una "reunión de señoras" se dijo que la primera dama dirigía otra entidad de este tipo.

Otra señora , agregó el jefe del Estado, llamó para preguntar el lugar del departamento del Vichada (este) en el que el presidente poseía un predio, como se lo dijeron unos comisionistas de tierras, para adquirir uno en las vecindades.

En la misma comparecencia, Uribe afirmó que sus hijos "no están en la corrupción", "no son traficantes de influencias ante el Estado" y que escogieron "ser hombres de trabajo, honestos y serios" antes que "holgazanes", "vagos con sueldo" o dependientes del padre.

Al parecer, el presidente aludió a las suspicacias que se han generado por la publicación de fotografías en las que alguno de sus hijos aparece con un directivo de la intervenida empresa DMG, sigla con las letras del nombre de David Murcia Guzmán, detenido la semana pasada en Panamá y deportado a su país.

La empresa era la matriz de oficinas que operaban mediante la entrega de tarjetas prepagado a inversores a cambio de la devolución en cierto tiempo de la misma cantidad de dinero que depositaron con altos intereses y que, según temen las autoridades judiciales, tenía como base el lavado de activos de narcotraficantes y paramilitares.

La intervención de DMG fue formalizada hace once días junto a la declaración, por parte del Gobierno, del estado constitucional de "emergencia social" para afrontar la crisis que se desató con el desplome de "pirámides".

El caso fue debatido anoche en el Senado, promovido por el Partido Liberal Colombiano (PLC), que conforma la oposición a Uribe junto al izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA).

En la sesión, la portavoz del PLC, la ex ministra Cecilia Montaño, dijo que su formación pedía al presidente y a sus hijos "presentar sus declaraciones de renta de 2002 a 2007 (años que coinciden con el tiempo que Uribe lleva en el poder), hacer públicos sus ingresos, para que le devuelvan la confianza al país en sus autoridades". EFE jgh/ao/pdp

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