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El crucifijo colgado en la pared de una escuela pública rompe la neutralidad del Estado en materia de libertad religiosa, según se desprende de un marco jurídico-político basado en el pluralismo, la libertad religiosa de los individuos (además de la ideológica, claro) y la aconfesionalidad del Estado. Solo una suerte de relativismo podría rebatirlo en orden a circunstancias como la costumbre, el carácter mayoritario de la religión católica, la voluntad mayoritaria de los alumnos, la necesidad de frenar a los progres apolillados o, simplemente, el deseo de tener la fiesta en paz.

Amén de los valores mencionados, un derecho: la tutela judicial efectiva, reclamada por el padre de una alumna y una asociación defensora del laicismo. Eso ha funcionado en la sentencia del juez de lo contencioso-administrativo, Alejandro Valentín, que sienta un precedente al ordenar la retirada de los crucifijos en la escuela Macías Picavea de Valladolid. Es coherente con la Constitución la ausencia de símbolos religiosos en los espacios públicos de titularidad estatal. No tiene ningún sentido exhibir los de una determinada confesión religiosa -de una sola, con exclusión de otras-, en el lugar donde se educa en el pluralismo y el respeto a la religión como una opción individual.

Que el crucifijo haya estado siempre en las escuelas, en los Juzgados, en los Ayuntamientos, en las tomas de posesión de los gobernantes, no es razón suficiente para reclamar su continuidad. Ha estado mucho tiempo, es verdad, incluso escoltado por el general Franco y José Antonio Primo de Rivera. Con el advenimiento de la Democracia, se descolgaron las fotos del caudillo y del fundador de la Falange, protagonistas de una sórdida alianza con la Iglesia Católica que se prolongó a lo largo de cuarenta años. Algunos alegarán que el crucifijo viene de más lejos que el franquismo o la Falange. Bien cierto. Sin embargo, a nadie impide la Constitución ir de franquista o de falangista porque son opciones individuales. De tipo político, claro. Tan individuales y tan respetables como las religiosas.

No es obligatorio ser católico, protestante, hebreo, musulmán, budista, testigo de Jehová o miembro de la Iglesia del Séptimo Día. Y nadie lo prohíbe. Pero colocar en un lugar público -de titularidad estatal- un símbolo representativo de una de esas opciones religiosas es una desconsideración a quienes profesen una opción distinta. Apelar a que una de ellas es mayoritaria carece de sentido cuando se trata de preservar un principio (el pluralismo religioso), que de ninguna manera puede depender de una determinada relación de fuerzas.

Por eso desenfocan el asunto quienes transfieren a la voluntad democrática de los Consejos Escolares (alumnos, profesores y  padres de alumnos, básicamente) la decisión de colocar o retirar el crucifijo de los centros públicos de enseñanza. Por la misma razón, podrían colocarse  en las escuelas públicas los anagramas de tal o cual partido político por votación en el seno de los Consejos Escolares. Qué disparate.

No es cuestión de mayorías, En la escuela se puede y se debe educar en el hecho religioso o en el político como motores del comportamiento humano, pero un centro estatal de enseñanza no es el lugar apropiado para la exhibición de símbolos políticos o religiosos. Simplemente, no es el sitio, porque el Estado refundado en 1978 es respetuoso con todas las religiones, pero carece de religión oficial. Está obligado a ser neutral, imparcial, ante las distintas confesiones religiosas, a las que reconoce, respeta e incluso protege especialmente a una de ellas, la católica, por ser mayoritaria y formar parte de nuestra cultura, la cultura de las tres colinas: el Capitolio (Roma), la Acrópolis (Grecia) y el Gólgota (Jerusalén).

Pero retirar el crucifijo de las escuelas públicas, como ha reclamado el PSOE de Castilla y León, aprovechando que un Pisuerga judicial pasó por Valladolid, no supone en absoluto menosprecio, falta de respeto, desdén, ni “cristofobia”, como sugiere monseñor Antonio Cañizares en un evidente exceso verbal.

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@Antonio Casado

Desde sus inicios en el viejo diario Pueblo, Antonio Casado se especializó en información política, a la que sigue dedicándose en prensa, radio y televisión. De la generación profesional de la Transición, está casado y tiene dos hijos. En los años ochenta se incorporó a RNE, donde dirigió el 'Diario de la Tarde' y 'España a las ocho'. Posteriormente fue corresponsal diplomático de RNE y redactor jefe de Tiempo. Actualmente es comentarista político en Onda Cero, Antena 3 TV y Canal Nou. Antonio Casado es socio fundador de El Confidencial.

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