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Madrid, 24 nov (EFE).- El Defensor del Pueblo y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han mostrado su preocupación por la aplicación del derecho de asilo por parte de las autoridades españolas, tras la devolución a Marruecos sin ningún trámite, el 23 de septiembre, de un niño y un adulto que se dirigían a Ceuta.

El Defensor del Pueblo, que ha abierto una investigación, manifiesta su "honda preocupación ante la justificación ofrecida para impedir el acceso a territorio nacional de personas que pudieran ser solicitantes de asilo o merecedoras de otro tipo de protección internacional".

El defensor recuerda, en respuesta a una queja recibida por este asunto, que aunque las actuaciones que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Ceuta realiza en aguas marroquíes se realizan en el marco del control de la inmigración irregular, no puede olvidarse de la convención de Ginebra para la protección de los refugiados.

Por ello, no comparte la interpretación que la Guardia Civil hace de la posibilidad de realizar una devolución de territorio nacional, sin necesidad de procedimiento administrativo sancionador y "en modo alguno puede tener respaldo esta actuación cuando estén implicados menores de edad, con riesgo para su vida".

El Defensor señala que ante la interceptación de un extranjero que pretenda entrar ilegalmente en España, la única respuesta prevista por parte de los efectivos de la Guardia Civil, es la puesta a disposición, con la mayor brevedad posible, ante la correspondiente Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.

Por ello, establece que el procedimiento utilizado carece de respaldo alguno, impidiendo además que en esos flujos mixtos de inmigrantes que intentan acceder irregularmente a nuestro territorio, se pueda detectar a aquellas personas necesitadas de protección internacional, vulnerando así la Convención de Ginebra de 1951 para la protección de los refugiados.

En su artículo 33, la convención obliga a España a aplicar extraterritorialmente el principio de no devolución, en el caso de buques bajo pabellón español que rescaten a inmigrantes fuera de nuestras aguas territoriales y entre ellos se encuentren solicitantes de asilo.

Por su parte, CEAR recuerda que no se trata de un caso aislado sino que "está constatando con enorme preocupación las crecientes dificultades para que las personas que necesitan protección internacional puedan acceder al derecho de asilo en nuestro país".

Por ello, CEAR reitera que el Gobierno debe garantizar que el derecho de asilo, que está legalmente establecido, sea efectivo en cualquier punto de nuestro territorio y de nuestras fronteras. EFE arv/br

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