El cuento de la libertad de expresión

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Juan Carlos Escudier.-  22/11/2008

Las adjudicación de 83 licencias de radio por parte del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), un órgano tan independiente como dos siameses cogidos de la mano, ha suscitado un extraño consenso en buena parte de la oligarquía mediática, que ha quedado fuera, muy perjudicada o directamente expulsada de la ampliación del dial. Tan curioso de contemplar como las Leónidas, esa lluvia de estrellas fugaces de noviembre, está siendo este fenómeno de poner a caer de un burro a los miembros del Consejo por medios tan dispares como El País, el ABC o El Mundo, o esa solidaridad que han desplegado entre sí enemigos tan irreconciliables como Jiménez Losantos y Luis del Olmo, con el consiguiente peligro de que la cosa acabe en boda.  

Teóricamente, el CAC venía a representar el destierro definitivo de la discrecionalidad. Se suponía también que el órgano en cuestión era independiente del poder y, en consecuencia, ajeno a los avatares de la pelea política, por lo que  sus decisiones serían neutrales y ajustadas a criterios profesionales. Todo ha sido una farsa: los que mandan lo han seguido haciéndolo a través de sus braceros en el Consejo, cuya fidelidad ha superado con creces el elevado nivel que se atribuye a los canes. “Es verdad que propusimos a Ramentol porque nos vota, pero cuando le llamabas te decía que cuidado, que él era independiente. A nosotros las adjudicaciones nos han perjudicado en algunos sitios”, explicaba esta semana en Madrid un cualificado dirigente de ERC a un grupo de periodistas. Si hubiera sido de madera, le habría crecido la nariz.

Uno es joven, tiene aprecio a la vida -dos argumentos definitivos- y no moriría, como Voltaire, para que el pachá de la COPE pudiera seguir insultando a diestro y siniestro (antes de las elecciones, sólo a siniestro), pero es justo reconocer que el CAC ha aplicado a determinados medios el “cordón sanitario” que se le exigía. La expresión tiene su aquel, porque fue utilizada por primera vez en la jerga diplomática al finalizar la I Guerra Mundial en referencia a los comunistas rusos, y ahora se emplea contra la extrema derecha mediática o cercana. Paradojas de la historia.

La conclusión no puede ser peor para la ciudadanía. Si quien adjudica televisiones es Esperanza Aguirre se debe esperar que la tajada se la lleven Ramírez&Losantos, la pareja de  moda en los ambientes más liberales; si es Zapatero quien se inventa dos canales a repartir, el pastel acabará en el estómago de su pandilla habitual; y si los que distribuyen los caramelos son los comisarios políticos del Tripartito, revestidos de independencia y otros atavíos, los beneficiarios serán los baluartes del catalanismo, muy reconocibles por ir tocados con barretina o por su capacidad para rezar el Ave María en la lengua de Llull.

Lo sucedido en Cataluña no es, como pretenden los damnificados, un ataque a la libertad de expresión, que es un derecho individual y no de las empresas, aunque éstas y sus voceros traten de arrogarse la delegación de su ejercicio. Para colmo, cual dinosaurios apedreados por meteoritos, las empresas informativas se extinguieron hace algunos años, y lo hicieron con tanto sigilo que llevó tiempo confirmar que habían sido suplantadas por sucedáneos al servicio de intereses bastante espurios. ¿Alguien cree que los constructores que se han ido adueñando de buena parte de la prensa de este país están imbuidos de amor a la verdad y arden en deseos de comunicarla? 

Si se permite la autocita –es petulante pero el párrafo quedó niquelado-, “los proyectos intelectuales e ideológicos han sido sustituidos por simples maquinarias conspirativas, cuya auténtica dimensión se muestra en relación con el poder. El medio adulará o azotará, clamará o callará, alertará del fin del mundo o describirá el paraíso, según convenga”. En resumidas cuentas, lo que importa no es lo que se dice sino por qué se dice, y en esto último intervienen factores diversos, incluido ese principio sagrado según el cual los accionistas son mis amigos y los amigos de los accionistas también. Veamos otros: los amigos del director son mis íntimos; a Espe no me la toques que nos da una radio; a Camps no me lo toques que nos da una tele; a Chaves no me lo toques que nos compra unos miles de periódicos; y así.

Con todo, el secuestro de la libertad de expresión por parte de estos conglomerados de intereses sería soportable si, al menos, se asegurara el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, algo que tampoco ocurre, y que no hay que confundir con el derecho de algunos a difundir información, que ese está bastante asegurado con independencia de que lo que se difunda sea veraz, falaz o mediopensionista. Camilo José Cela Conde, el hijo que no viajaba a la Alcarria, anticipaba esto mismo hace casi tres años: “La asepsia de una crítica responsable y ajena a intereses políticos es pura utopía. En su lugar, tenemos hoy una especie de brega parlamentaria que se refleja en los artículos de opinión de la prensa escrita y hablada, cuando no en el uso manipulado de las informaciones. No estamos hablando, pues, de libertad de información sino más bien de todo lo contrario: de  abuso en el empleo de los medios de comunicación por parte de quienes lo controlan”.

Estamos atrapados en un laberinto sin salida. De un lado, unos estamentos políticos que se arrogan la facultad de adjudicar concesiones en virtud de un pretendido interés público, que en realidad es el suyo propio y el de su objetivo de permanecer en el poder ad calendas graecas; de otro, unos medios que incumplen la función social que tienen asignada en una democracia, a mayor gloria de las cuentas corrientes de sus propietarios y ejecutivos. En medio, queda el ciudadano, que tiene derecho a apagar la tele cuando aparece Julián Muñoz para explicar lo bien que ha robado y no lo hace.

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