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Barcelona, 20 nov (EFE).- La consellera de Justicia, Montserrat Tura, se ha puesto hoy a disposición del juez para darle información en su investigación sobre si unas fumigaciones en la cárcel de Quatre Camins provocaron abortos y malformaciones en fetos, pero ha recordado que la Fiscalía ya archivó una denuncia igual en 2002.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha confirmado hoy una información avanzada por El Periódico de Cataluña según la cual el juez de instrucción número 2 de Granollers (Barcelona) investiga si los tóxicos utilizados durante unas fumigaciones podrían haber causado entre 1992 y 2003 los abortos o nacimientos de niños con malformaciones de al menos siete funcionarias de la cárcel de Quatre Camins, en La Roca del Vallès (Barcelona).

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlament, Tura ha afirmado que esta acusación "es suficientemente grave" como para que se tenga que poner a disposición de la autoridad judicial y de la fiscalía "para aportarles toda la documentación que consideren oportuna".

No obstante, ha recordado que ya en el año 2002 la Fiscalía de Cataluña archivó una querella presentada en el mismo sentido, ya que se hicieron informes sobre salud pública y análisis estadísticos.

Fuentes cercanas al caso han precisado que estos informes determinaron que los casos detectados en la cárcel durante aquellos once años no superaban la ratio normal de abortos o malformaciones que se da en el conjunto de la sociedad.

"No se pasó de puntillas", ha recordado la consellera, que ha agregado que también la Inspección de Trabajo intervino en 2002 y tan sólo dispuso medidas correctoras no relacionadas directamente con estos hechos.

Además, ha garantizado que las sustancias utilizadas no estaban prohibidas ni estaba contraindicado su uso en las estancias donde se utilizaban, porque así consta en el expediente que se hizo en su día.

En cambio, no ha podido responder a la pregunta de si la empresa que se encargaba de las fumigaciones aún sigue contratada por la administración.

En cualquier caso, la consellera, que no tenía responsabilidades en el ejecutivo cuando ocurrieron los hechos, ha afirmado que si en la investigación abierta ahora se aportan "cosas diferentes", será la autoridad judicial la que tenga que analizarlas y sacar conclusiones.

Asimismo, se ha quejado de que algunos de los responsables contra los que se presentó en 2007 la querella en los juzgados de Granollers no ostentaban ningún cargo en la cárcel o en justicia cuando sucedieron los hechos. EFE jf/mg/is

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