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Barcelona, 13 nov (EFE).- El fiscal Fernando Rodríguez Rey ha pedido hoy al tribunal que depure responsabilidades por el "caso Treball" para restaurar así la "quiebra en el funcionamiento del sistema democrático" y la pérdida de confianza de los ciudadanos a raíz de este episodio de supuesta corrupción política.

En la última sesión del juicio, que se celebra en la Audiencia de Barcelona, el ex conseller Farreres, que afronta una pena de cinco años y medio de prisión, ha acudido hoy arropado por los presidentes de las patronales Foment del Treball, Joan Rosell, y Cepyme, Eusebio Cima.

En sus informes finales, el ministerio público ha sostenido que el "caso Treball", como todos los delitos de corrupción, supone una "quiebra en el funcionamiento del sistema democrático" que "socava" la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de las instituciones y sus responsables.

Por este motivo ha pedido al tribunal que, como uno de los tres poderes que constituyen el Estado, depure responsabilidades por este episodio de supuesta corrupción para restaurar así la "confianza" de los ciudadanos, que deben sentirse desconcertados "cuando la administración sirve a sus intereses particulares".

El ministerio público ha admitido que se desconoce cuál era el "objetivo último" de la conducta de los procesados, aunque se puede "elucubrar" sobre el mismo, pero ha apuntado que el presunto desvío de dinero público se debió llevar a cabo "por amistad o por militancia partidista".

"En cualquier caso, por un vínculo personal lo suficientemente intenso" como para que los procesados aceptaran desviar los fondos públicos en beneficio de las empresas del empresario vinculado a UDC Víctor Manuel Lorenzo Acuña.

La fiscalía ha justificado que sólo acuse de la presunta malversación al ex conseller y el ex secretario general porque, a diferencia del similar "caso Pallerols" de presunto desvío de fondos del Departamento de Trabajo, ellos eran los únicos que intervinieron en la contratación de los estudios y sus destinatarios.

Rodríguez Rey ha desmontado la "estrategia" de los procesados de "cargar el muerto a los muertos", al haber responsabilizado del encargo de los estudios y del desvío de fondos a un ex alto cargo del Departamento y un empresario de UDC ya fallecidos.

Por su parte, la defensa de Farreres ha sostenido que su cliente ha sido víctima de un "intento de linchamiento y asesinato cívico" con el que las acusaciones han pretendido "acabar con toda una época, la del prestigio de Cataluña en España" y el Gobierno de Jordi Pujol, que "sí fue evidentemente mejor".

Para Pau Molins, abogado de Farreres, en el juicio por el "caso Treball" se ha intentado echar abajo "uno de los más relevantes consellers de la historia moderna de Cataluña", que injustamente ha sido tildado de corrupto por ERC, ICV y el abogado ex militante de UDC Xavier Rotllan, acusación popular en esta causa.

En sus informes finales, la defensa de Farreres ha esgrimido varios estudios externos encargados por el Gobierno tripartito, acerca de cuyo "apasionante" contenido no ha evitado ironizar: "El cultivo de la chufa", "Fabulario de brujos y brujas", "Seguimiento de la almeja brillante" y "El Parchís", que costaron unos 12.000 euros cada uno.

También se ha referido a otro informe sobre el papel de China en la seguridad asiática, que fue encargado por un departamento dirigido por ICV, que ejerce la acusación particular en la causa, y por el que se pagaron 15.000 euros.

Con ello, ha pretendido demostrar que tanto en anteriores gobiernos como ahora es habitual la práctica de externalizar los estudios, porque los servicios internos de los departamentos son incapaces de proveerlos de toda la información que necesitan, a entidades de prestigio, en su opinión, también cuestionable.

Por su parte, la letrada de la Generalitat no ha dado cuenta de los motivos por los que ayer retiró dos cargos que inicialmente imputaba a los procesados, pero se ha escudado en la reciente jurisprudencia para justificar que les aplique la atenuante de reparación del daño por haber pagado la fianza que les solicitó el juez instructor. EFE rg/pll/pv

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