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Asunción, 13 nov (EFE).- Un tribunal paraguayo dictaminará mañana si el sacerdote español José Antonio Rubio es culpable de la presunta "sobrefacturación" para la construcción de nueve pozos financiados por un programa social de la Unión Europea (UE).

El sacerdote cumple en actualidad una condena de cinco años y medio privación de la libertad tras otro juicio en 2007, en el que fue hallado culpable también de estafa en un proyecto financiado por la UE.

El tribunal, integrado por los jueces Víctor Medina, Blanca Gorostiaga y Elsa García, deberá determinar sobre la presunta "sobrefacturación" de 137.000 dólares para la construcción, en 2004, de nueve pozos pilotos en el marco de un proyecto a cargo de Rubio que fue financiado por la UE.

El dictamen judicial, que será divulgada el viernes, también determinará la presunta implicación en el caso del asistente del sacerdote, Sócrates Garcete, para quien la fiscal de la causa, Victoria Acuña, pidió 5 años de prisión por supuesta estafa y lesión de confianza.

Acuña también solicitó una pena de cuatro años de cárcel para el ingeniero Jorge Marín, ejecutor de las obras en cuestión, y de dos años y seis meses para las arquitectas Eliza Vera, Mirna Ayala y Rocío Mendoza, estos últimos como presuntos cómplices de estafa.

Rubio, quien reside en Paraguay desde hace 25 años y sostiene que fue engañado por sus colaboradores, está siendo juzgado desde el pasado 26 de septiembre pasado, y actualmente se encuentra en arresto domiciliario por una condena derivada de otro juicio.

En su alegato final, el sacerdote, que goza de popularidad en Paraguay por sus proyectos de viviendas para pobres, se declaró de nuevo inocente y reiteró que regresó voluntariamente de España para someterse a los procesos abiertos en su contra.

"En estos tres años y medio que aproximadamente llevo en el Salesianito -su residencia- no he salido, ni me ha pasado por la cabeza poner un pie afuera. Nunca he tenido un policía que haya estado vigilando si salía o entraba", destacó Rubio.

El sacerdote, de 62 años, fue declarado culpable por el desvío, en 2004, de 14.000 millones de guaraníes (2,3 millones de dólares al cambio de esa época) de un fondo de 3,2 millones de dólares, también financiado por la UE para la construcción de 50 pozos de agua potable en localidades rurales.

Un tribunal de apelación, integrado por los jueces Tomás Cárdenas, Gustavo Ocampos y Natividad Meza, ratificó el 6 de mayo pasado la condena de cinco años y seis meses de prisión dictada en agosto del 2007 contra Rubio.

La Corte de Apelación también ratificó en esa ocasión la condena a cinco años y medio de cárcel para los paraguayos Sócrates Garcete, codirector del proyecto de potabilización de agua en comunidades pobres, denominado Ysacá, y de Rubén Ramírez Cataldo, a quien impuso una condena de cuatro años y seis meses como cómplice de ambos. EFE rg/lb/pdp

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