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Los Ayuntamientos siguen estando de actualidad. Llevamos tres décadas de régimen local constitucional y el descontento municipal continúa. En principio, esto no debería ser así. Primero, porque la propia regulación de la autonomía local parece suficiente. Además de la Carta Europea de Autonomía Local de 1985, la Constitución española abre su Título relativo la organización territorial del Estado, disponiendo que “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las CCAA que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”. Y, más adelante, varios preceptos dedican unas mínimas reglas a la Administración local, esto es, a los municipios y a las provincias. A los municipios para decir que la Constitución garantiza su autonomía y que “las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas”.

El desarrollo constitucional en esta materia aparece en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y en el Texto Refundido de 1986, en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la Modernización del Gobierno Local, en el Texto Refundido de 2004 sobre las Haciendas Locales y en diversas disposiciones sobre población, territorio y denominaciones, sobre organización y funcionamiento, sobre obras y servicios locales, bienes y personal y sobre los regímenes especiales de los municipios de Barcelona y de Madrid. A todo ello hay que sumar la legislación autonómica de régimen local.

Y, segundo, porque los Ayuntamientos han sido los artífices de la mejora de nuestros pueblos y ciudades en las dos últimas décadas. Pueblos y ciudades embellecidos, con más y mejores infraestructuras y equipamientos sociales y, consecuentemente, con más bienestar y más participación ciudadana.

A pesar de ello, los Ayuntamientos se quejan. ¿De qué? Básicamente, de que necesitan más dinero para ejecutar competencias que no son suyas -las llamadas competencias impropias- y, ahora, no lo tienen.

Los Ayuntamientos han llamado a todas las puertas para obtener más financiación. A las Comunidades Autónomas alegando que ejecutan competencias que son de ellas y que no les corresponden. La respuesta política que en su momento se le dio fue la llamada segunda descentralización, una medida política del Gobierno del PP que a lo más que llegó fue a la aprobación de alguna ley en el ámbito regional -por ejemplo, la Ley 1/2003, de La Rioja- que no han servido absolutamente para nada. Mucha propaganda, mucha polémica y poco dinero. Y también están llamando desde hace años al Gobierno de la Nación, sin resultados aparentes.

El ministro Sevilla ya introdujo cambios para mejorar el gobierno local, primero desde un punto de vista organizativo con la nueva Comisión Nacional de Administración Local y, segundo, desde un punto de vista sustantivo, con un paquete de medidas que modificaban la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local y que, por iniciativa suya, se incluyeron en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.

Pero esto no es suficiente. Hay que avanzar por dos caminos. Por un lado, aprobando normas más eficaces y cumpliendo los Ayuntamientos con las que están en vigor y, por otro, por la vía de la financiación. Y los dos caminos discurren en paralelo. Hablemos hoy del primero. En el próximo comentario, del segundo.

En los últimos años, las quejas municipales por una insuficiente financiación han sido menores. Probablemente porque los Ayuntamientos han obtenido ingresos suficientes del boom inmobiliario, infringiendo la normativa al respecto, como jurisdiccionalmente, cuando ha habido recursos, se ha podido demostrar de norte a sur y de este a oeste en este país. Se han financiado, en gran parte, del suelo y de la vivienda. También es verdad que han hecho lo que el resto de las Administraciones. Ahora, cuando la recaudación baja, la voz quejosa se eleva. Pero es que actualmente los ingresos se han reducido para todas las Administraciones. Y por eso, de nuevo, empieza la polémica y el enfrentamiento.

Y como la financiación municipal en los años del boom inmobiliario ha tenido su origen en el urbanismo, en muchas ocasiones, descontrolado, y éste ha venido asociado a casos de corrupción municipal, entendida en sentido amplio, los Ayuntamientos deberían dar ejemplo de transparencia y el legislador de oportunidad.

Si la Ley de Suelo de 2007 y ahora su Texto Refundido de 2008 incluyen algunas medidas de transparencia y anticorrupción, entre otras, relativas a las incompatibilidades y declaraciones de bienes y actividades, a qué esperan los Ayuntamientos para exigir:

-que sus representantes locales y miembros no electos de la Junta de Gobierno Local formulen declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos.

- que formulen declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo en los modelos aprobados por los plenos municipales cuando proceda.

¿A que se publiquen con carácter anual y siempre que finalicen su mandato? ¿A que se inscriban en los Registros de intereses, que tienen carácter público, y son, uno de Actividades y otro de Bienes Patrimoniales?

Si no lo cumplís ¿De qué os quejáis? ¿adónde vais?

Y el legislador, a iniciativa del Gobierno, debería dar también ejemplo de oportunidad retomando la reforma del Código Penal de la pasada legislatura en lo relativo a los delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio.

María Antonia Trujillo

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@María Antonia Trujillo

María Antonia Trujillo (Peraleda del Zaucejo, Badajoz 1960) es diputada por Cáceres, doctora en Derecho y premio extraordinario por la Universidad de Extremadura. Especialista en constitucional, ha sido consejera de Presidencia de la Junta de Extremadura (2000-2003) y de Fomento (2003-2004), desde donde impulsó el Plan Regional de la Vivienda. Posteriormente fue nombrada ministra de la Vivienda en el Gobierno de España. Actualmente es presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Congreso de los Diputados, además de vocal de la de Economía y Hacienda.

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