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"Zapatero tiene que resistir las presiones. Tiene que evitar la tentación de recurrir de nuevo al ladrillo para esquivar la recesión. Sería un error garrafal volver a confiar en la construcción para salir de la crisis. Hay que poner en marcha un nuevo modelo productivo; eso es lo importante. No hay que volver a caer en los errores del pasado". Esta apasionada reflexión la hizo hace unos días, en voz alta, un veterano dirigente político curtido en mil trincheras, que conoce como pocos las bambalinas del poder.

Me refiero al poder socialista, no al  menguante poder de la oposición, que no ha sabido capitalizar políticamente esa extraña operación de los 150.000 millones de euros que continúan siendo una ilusión óptica. Vamos a ver, si la operación no es un plan de recate de la banca, como sostiene en público David Vegara, ¿por qué el Gobierno no hace llegar ese dinero a los bancos al tipo de interés oficial para que éstos, a su vez, lo canalicen y distribuyan entre sus clientes sin aguardar la noche de los tiempos? Es decir, sin esperar a que continúen cerrándose cada día cientos de empresas ahogadas por falta de crédito.

Nuestro interlocutor está perfectamente informado sobre todo lo que se cuece en el mundillo económico, y en especial de los movimientos que existen en torno a Pedro Solbes para convencer al vicepresidente de que la única salida, el último salvavidas, que tiene la economía para evitar que a la vuelta del próximo verano haya cuatro millones de parados es volver al ‘ladrillo’, el gran creador de empleo. Solbes, a quien nunca le han gustado los ladrilleros -al contrario que a Miguel Sebastián y a su socio David Taguas- resiste, por el momento, con la ayuda del gobernador Fernández Ordóñez, convencidos ambos de que el sector tiene que purgar sus culpas.

Más allá del debate político entre dirigentes socialistas, este pulso es uno de los más interesantes de los últimos tiempos en términos de estrategia económica, toda vez que pone de manifiesto dos formas de entender la actuación del Gobierno. El corto plazo, representado por quienes quieren volver a poner en marcha la maquinaria de la construcción, y el medio y largo plazo, simbolizado por quienes sostienen que aunque la crisis sea más dolorosa en términos de empleo, lo importante es poner las bases para regenerar el tejido industrial con la vista puesta en ganar productividad, el gran agujero negro de la economía española.

Falsas liberalizaciones

En este debate hay quien se acuerda de Miguel Boyer, que a mediados de los ochenta, en el primer Gobierno de Felipe González, puso las bases de la burbuja inmobiliaria con su agresiva política fiscal en materia de vivienda. No solamente liberalizó falsamente los alquileres, sino que calentó los precios permitiendo deducciones fiscales que ningún Gobierno se ha atrevido a eliminar por razones electorales.

Los resultados de aquellas medidas no han podido ser más pobres. En 1981, el porcentaje de viviendas en alquiler respecto del total, era del 20,8%, mientras que hoy apenas el 9,3% de los pisos son arrendados. Por el contrario, el porcentaje de viviendas en propiedad es ahora del 86,3%, cuando hace 15 años era del 73,1%, lo que revela el fracaso de las medidas ‘liberalizadoras’ para abaratar precios. Sin embargo, todavía hay quien cree -y de ahí las presiones sobre el Gobierno socialista- que la única solución es estimular la construcción de viviendas mediante el aumento de las deducciones fiscales, lo que tendría efectos benéficos sobre el bolsillo de las familias, que así estarían en condiciones de absorber más rápidamente ese millón de pisos que hoy esperan inquilino. De paso, el Estado se beneficiaria vía ingresos por la mayor actividad económica y la consiguiente liberación de recursos que hoy se destinan a financiar el desempleo.

El debate está ahí, y no hay ninguna duda de que es útil ante la ausencia de ideas para salir de la crisis. Y es que sorprende ver a un Gobierno, y en particular a su presidente, volcado en tapar las vías de aguas que ha abierto el ciclón económico. Ocurre, sin embargo, que el capitán se ha olvidado de la necesidad de que alguien maneje el timón, lo que no es exactamente lo mismo que anunciar medidas cada dos o tres semanas de apenas recorrido. Manejar con soltura el timón es requisito imprescindible en un contexto como el actual, en el que a Zapatero se le está complicando el diálogo con los agentes económicos, su gran coartada para no tener que tomar ninguna decisión impopular. Esas que cuestan votos a corto plazo, pero que ayudan a un país a salir adelante.

Acierta Zapatero cuando se niega a hacer  recortes sociales. Es, desde luego, mejor dejar funcionar los estabilizadores automáticos para mantener niveles mínimos de renta de los trabajadores, que hacer los recortes que aprobaron los anteriores gobiernos de la democracia a las primeras de cambio. Pero yerra cuando se olvida de ensanchar la oferta económica y, en su lugar, se limita a gobernar la demanda con medidas que han dejado seco al erario público.

Lo cierto es que aunque en la CEOE de Díaz-Ferrán las cosas se han calmado algo, las heridas siguen sin cicatrizar del todo; pero es que en CCOO se ha abierto un melón que no va a ser fácil de cerrar. Es probable que Fidalgo gane a Toxo en el próximo Congreso, aunque sea por la mínima y tras una guerra civil en el sindicato que tiene mucho de leninista, toda vez que la candidatura del gallego es lo más parecido a una revuelta palaciega, pero hay fundadas razones para intuir una posición más dura de CCOO respecto de Moncloa, donde todavía se frotan los ojos al ver la hiperactividad de Zapatero. Al presidente le está sucediendo lo mismo que a los últimos inquilinos de la Moncloa durante su segundo mandato: España se le ha quedado tan pequeña que quiere dirigir el mundo, aunque sea en silla prestada o con los pies por delante fumándose un puro de manera ostentosa.

Zapatero, sin embargo, antes de que llegue su minuto de gloria, todavía tiene que encarar una crisis en ciernes que le puede dar algún quebradero de cabeza: la actitud de UGT ante el ministro Corbacho, cuyo peso político está cada vez más debilitado. Cándido Méndez, al parecer, le ha puesto la proa. Hay quien dice dentro del sindicato que no da la talla, que no ha cubierto las expectativas, pero no se oculta un hecho incuestionable. Los dos responsables de empleo que tuvo Jesús Caldera los puso UGT, Valeriano Gómez y Antonio González, pero en su lugar Corbacho optó por traerse de Cataluña a Maravillas Rojo, con lo que se ha producido un cortocircuito en la política social del Gobierno de indudable calado sindical. Como se ve, problemas domésticos para un líder galáctico.

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