De la cobardía de Zarzuela y la democracia ‘progre’

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Federico Quevedo.-  01/11/2008

¿Alguien en su sano juicio se cree que la Reina Doña Sofía mantuvo horas de conversación –grabadas- con la periodista Pilar Urbano sin conocer el fin editorial de la misma? No, ¿verdad? ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que un libro surgido de esas horas de conversación y que, por lo tanto, cuenta con la venia de la Casa Real, se haya publicado sin que la Casa Real lo haya revisado previamente? No, ¿verdad? Pues, entonces, ¿alguien en su sano juicio nos puede explicar a los españoles porqué la Casa Real se empeña en deslegitimar a la propia Reina y poner en entredicho sus palabras y, sobre todo, sus pensamientos? ¿Sólo porque una parte de la sociedad, algunos sectores de los considerados progresistas, han puesto el grito en el cielo por las opiniones de la Reina? Pues permítanme decirles que, en este caso, la Casa Real demuestra, una vez más, una cobardía indigna de la institución a la que representa –la Monarquía- y, sobre todo, le hace una flaco favor a quien ostenta esa representación y a su cónyuge, es decir, a los Reyes y a sus herederos. Pilar Urbano quien, al margen de afinidades y antipatías, es una periodista como la copa de un pino, venderá libros a mansalva y no puedo por menos que alegrarme porque, encima, ha conseguido algo que parecía imposible: demostrar a la sociedad que la Reina, además de gustarle las alpargatas mallorquinas y las regatas, piensa por sí misma y tiene ideas propias sobre asuntos importantes.

Primera reflexión, por tanto: la Casa Real, cada vez más atemorizada por la creciente pérdida de favor popular, no es capaz de defender algo tan simple como el derecho de la Reina a expresar sus opiniones sin interferir en las decisiones de los políticos. Es decir, la Casa Real es cobarde y lo demuestra cada día más. ¿Qué es lo que dice Doña Sofía que tantas ampollas ha levantado? Básicamente se muestra contraria al aborto y la eutanasia, favorable al estudio de la religión en las escuelas y entiende que las relaciones homosexuales no pueden considerarse normales y que la unión de dos personas del mismo sexo no puede ser catalogado como un matrimonio. En ningún caso Doña Sofía ha dicho que el Estado tenga que legislar en esa dirección, simplemente manifiesta sus creencias. Lo que dice es lo que cabe esperar que diga una persona de setenta años, descendiente de los zares, educada en la más estricta disciplina de la Iglesia Ortodoxa -aunque luego se haya convertido al catolicismo- y fiel reflejo de una parte muy importante de nuestra sociedad. Dicho de otro modo, no dice nada anormal ni sorprendente, al margen de que se esté o no de acuerdo.

Sin embargo, la progresía hispana ha puesto el grito en el cielo y ha clamado contra ella injustamente y este es, sin duda, el aspecto que me parece más grave y digno de comentario. Para entender lo que quiero decir hay que ponerse en el caso contrario, es decir, ¿qué hubiera pasado si la Reina se hubiera mostrado especialmente condescendiente con la homosexualidad, el aborto, la eutanasia, la laicidad y la ideología de género? Hoy, sin duda, sus palabras serían alabadas y ensalzadas por los escribas de la progresía oficial y por unos cuantos fariseos de la otra parte, y sus opiniones formarían parte de lo políticamente correcto y de las tablas de la ley del pensamiento único. Por supuesto, ninguno de los que ahora critican la falta de neutralidad de la Reina y le reprochan la ofensa a una parte de la sociedad, considerarían en el caso contrario que se ha roto ese principio de neutralidad y que se ha ofendido a un sector muy importante de la sociedad española: ese sector es digno de ofensa y de agravio y se le priva de todos sus derechos constitucionales. De hecho, cuando Zarzuela reconduce las opiniones de la Reina, eso es exactamente lo que está haciendo, y a todo el mundo le parece bien.

Segunda reflexión, por tanto: la democracia, según los progres, solo actúa en una dirección, la suya. Abundando en esta idea, cabe añadir algo más respecto del derecho de la Familia Real a expresar sus opiniones. No hay ningún artículo de la Constitución –y miren que lo he buscado- donde se diga que los miembros de la Familia Real no tienen derecho a tener ideas propias y, mucho menos, a expresarlas. El principio de neutralidad al que se supone se deben tiene que ver con las decisiones que por mayoría adopte la ciudadanía y las leyes que emanen del Parlamento soberano las cuales debe ratificar el Rey tanto si le gustan, como si no. Es decir, lo grave hubiese sido que la Reina se manifestara contraria a que su marido firmara la reforma del Código Civil que extendió la figura jurídica del matrimonio a las uniones homosexuales, porque entonces sí hubiera roto ese principio de neutralidad. De hecho, a mí siempre me ha parecido absurdo eso de que los Reyes no voten: siendo el primero de todos los ciudadanos, su obligación debería ser dar ejemplo, y dado que el voto es secreto el principio de neutralidad se respeta escrupulosamente. Pretender extender el principio de neutralidad a los pensamientos u opiniones de los Reyes es una idiotez, porque entonces, simplemente deberían permanecer siempre callados porque, de hecho, cada vez que hablan lo que están haciendo es expresar opiniones… Y quién dicta lo que pueden decir y lo que no: ¿La verdad oficial? ¿El pensamiento único de la progresía?

Ese es el quid de la cuestión, y lo que me hace dudar sinceramente del comportamiento democrático de la izquierda o de una parte de ella: los Reyes sólo pueden hablar de aquello que conviene al poder establecido, de lo que comulga con sus principios y doctrinas, y cada vez que su opinión difiera de ese camino será considerado anatema de la religión de Estado y ellos sometidos al juicio sumarísimo de los lobos de la izquierda y la fieras de la prensa adicta al régimen. En el fondo, y esta es mi tercera y última reflexión, esto no es más que la consecuencia que tiene vulgarizar, popularizar o democratizar lo que nunca fue vulgar, ni popular, ni democrático. Dice Pilar Urbano en el libro que Doña Letizia ha “modernizado” a la Reina hasta el punto de que Doña Sofía acaba afirmando en el libro que no hay sangre azul que valga, ni de ningún otro color que no sea rojo, es decir, que la monarquía no goza de ninguna clase de distinción respecto de la plebe. Pues bien, si eso es así, ¿por qué no se somete al juicio de los ciudadanos cada cuatro años, al igual que el Gobierno? La Monarquía, y no es la primera vez que lo digo, es una reliquia de otros tiempos incompatible con una democracia moderna, y hechos como lo ocurrido ponen de manifiesto su anacronismo.

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