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Hace unas semanas, el secretario de Estado de Economía respondía a la prensa -de forma un tanto airada- que el fondo público destinado a comprar o avalar determinados activos del sistema financiero no tenía nada que ver con un ‘plan de rescate de la banca’. Decía que, con su aprobación, el Gobierno sólo pretendía garantizar la liquidez del sistema financiero en aras de lograr que el dinero llegara a familias y empresas. A su derecha, la directora general del Tesoro, Soledad Núñez, asentía y mostraba su perplejidad por la pregunta. ¿Cómo alguien puede poner en duda la solvencia del sistema financiero español?, venía a decir la alta funcionaria. Al parecer, sorprendida por una interpelación -a su entender- tan capciosa.

En aquella conferencia de prensa, David Vegara abrió la puerta a que la opinión pública conociera la identidad de los beneficiarios de ese caudal de fondos público, siempre que fuera legal, pero recientemente ha cerrado cualquier posibilidad con un argumento más propio de las leyes de la Inquisición que las del Derecho moderno. Sostiene Vegara que dar publicidad a las operaciones sería como “estigmatizar” a las entidades financieras españolas. No estaría de más que alguno de sus colaboradores recordara el secretario de Estado de Economía las tres acepciones que da la Real Academia al término estigmatizar.

En primer lugar, marcar a alguien con hierro candente, lo cual no parece que sea el caso. La segunda, imprimir de forma milagrosa a alguien las llagas de Cristo. Y la tercera, afrentar o infamar. Por razones obvias, descartaremos la segunda acepción, por lo que habrá que centrarse en la tercera. Así que, según Vegara, publicar la identidad de las entidades financieras que tengan acceso a fondos públicos es infamante o puede causar afrenta, lo cual no deja de sorprender. Y lo dice, precisamente, quien tiene la obligación de velar (junto con el Banco de España) por la transparencia del sistema financiero, sin duda un valor en alza en estos tiempos de zozobra bancaria. Hagan apuestas por saber cuántas veces pronunciará Zapatero la palabra transparencia de aquí a la cumbre de Washington (tanto si va como si no va) para referirse a la necesidad de reforzar el sistema financiero mundial. Sin embargo, como es habitual, una cosa es predicar y otra dar trigo.

Banqueros y depositantes

El Gobierno se equivoca por muchas razones, pero sobre todo por una. Debería de tener más interés en proteger a los inversores –a los depositantes- que a los accionistas –los banqueros-, porque de otra manera no actuaría defendiendo el interés general, que en última instancia es su mandato constitucional, sino el particular. Si nadie lo remedia, estamos una asimetría evidente. Unos saben la verdadera situación patrimonial de los bancos, pero quienes les prestan su dinero para que estos puedan seguir operando (los ahorradores) no están en condiciones de conocer un retrato fiel de su balance.

Es curioso que las autoridades económicas se apoyen en un viejo concepto de la filosofía moral para justificar su comportamiento:  el sentido de la responsabilidad, olvidando que en realidad con quien hay que tener responsabilidad es con los ciudadanos que tienen depositados cientos de miles de millones de euros en los bancos.

Sostiene el Gobierno que si se publica la lista, la banca no acudirá por miedo a ser penalizada por los mercados. Se trata, en este caso, de un verdadero sofisma, toda vez que se pretende defender algo que objetivamente es falso con argumentos formalmente válidos pero que en realidad no aguantan el rigor dialéctico. Quien precisamente convierte al fondo de adquisición de activos en algo intrínsicamente perverso –y, por lo tanto, sospechoso- es el propio Gobierno, que se inventa una especie de financiación por la puerta de atrás, dando a estas operaciones una carácter clandestino absolutamente injustificado. Vamos, una especie de speakeasies del sistema financiero, ya se sabe aquellos bares que daban de beber a los neoyorquinos en los tiempos de la Ley Seca.

Pensar que a estas alturas de la historia el Gobierno va a ser capaz de evitar una filtración (interesada o no) sobre la identidad de quien vende activos o necesita avales del Estado, es simplemente no entender lo que es la libertad de prensa. Si se produce este supuesto (algo que parece a todas luces más que probable), entonces será cuando la entidad afectada verá como le caen chuzos de punta, lo cual sería objetivamente injusto.  De ahí que la transparencia sea una necesidad, claro a no ser que se quiera volver a los tiempos del secreto bancario, no tan lejano en la legislación bancaria española. Si nos vamos más atrás, habrá que recordar que ya Franco advertía que los españoles no podían vivir en democracia porque no eran suficientemente responsables y necesitaban un papá autoritario.

Ridículas comparaciones

Con todo, el argumento más peregrino de los utilizados por las autoridades económicas tiene que ver con una idea: el BCE tampoco publica el nombre de las entidades que participan en sus subastas de liquidez. Hay una diferencia sustancial y fácil de entender. El Banco Central Europeo no se financia con impuestos de los contribuyentes, sino intermediando en los mercados financieros, y de ahí que sea ridículo hacer comparaciones.

Nuestras autoridades económicas, con su actitud, hacen además un flaco favor a la transparencia de las cuentas públicas bordeando la ilegalidad. Que se sepa, el Tribunal de Cuentas tiene acceso a todas las operaciones del sector público, y, por lo tanto, a las que realice el flamante Fondo de Adquisición de Activos Financieros, que así se llama el invento. Como no podía ser de otra manera, los informes del Tribunal de Cuentas son públicos, por lo que tarde o temprano se sabrían los beneficiarios en caso de que el órgano encargado de fiscalizar el dinero público incluya al citado fondo entre sus organismos a analizar. Es cierto que el informe del TC estaría listo dentro de cinco o seis años, pero eso sólo pondría de manifiesto la existencia de una clase política que confunde la cosa pública con una partida de tahúres a bordo de un barco en el Mississippi, que diría Alfonso Guerra.

En ese asunto, sin embargo, no deja de sorprender la actitud de la banca (afortunadamente no toda), que en lugar de ponerse a la cabeza de la manifestación se oculta tras el secreto administrativo. ¿Qué pasó con la Responsabilidad Social Corporativa? ¿O es que este concepto sólo es una milonga que sólo vale en tiempos de bonanza?

La banca debería ser la más interesada en que se conozca su verdadera situación patrimonial, toda vez que de esta manera se eliminaría la prima de riesgo que hoy soporta, precisamente como consecuencia de que hay una sospecha generalizada sobre su verdadera solvencia. Pagan, por decirlo de manera directa, justos por pecadores. Pero es que, además, el mercado –sus accionistas y los depositantes- tienen derecho a saber la verdadera situación de la entidad a la que le han prestado sus ahorros, y para eso nacieron los hechos relevantes que se comunican periódicamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿O es que es más relevante conocer que un consejero se ha comprado 2.000 acciones de su banco que saber que esa misma entidad ha vendido activos por valor de 2.000 y 3.000 millones de euros? Revelador, muy revelador, el silencio de Julio Segura sobre este asunto. 

Pero hay más. Esta opacidad dañará la reputación de la banca, lo cual es importante para un sistema financiero que se basa en el dinero fiduciario. Si nadie lo remedia, a la banca le puede ocurrir lo que a los ‘ladrilleros’, que nadie derramará una lágrima por ellos cuando estén con la soga al cuello; precisamente por su falta de transparencia y por  su aversión a la luz.

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