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Cuenta Montesquieu* que César prohibió a los romanos guardar en sus casas más de sesenta sestercios. La ley nació con un objetivo: conciliar  a los deudores con los acreedores, y buscaba obligar a los ricos a prestar a los pobres, toda vez que estaban obligados a poner a trabajar su dinero, lógicamente siempre que su patrimonio dinerario excediese de esa cantidad, que equivalía al salario mensual de un obrero de la época. La medida no sólo favoreció a los más menesterosos de la sociedad romana, sino que, además, permitió que los pobres pudieran sufragar a los ricos pagando intereses sobre las sumas prestadas, lo que facilitó la libre circulación del dinero en la Roma de hace 2.000 años. Monstesquieu saludó la idea siglos después y llegó a la conclusión de que se trataba del mejor sistema para garantizar que el dinero circulase por las cañerías sociales y no se guardara bajo el colchón de los ricos.

Desconozco si al vicepresidente Solbes le han sugerido una medida similar. Por ejemplo, que nadie puede tener en el banco más de 6.000 euros a la vista, lo cual hoy se sería una auténtica aberración, pero no estaría de más que alguien del Gobierno echara una pensada más sobre algunos cuellos de botella que tiene la economía española para poder funcionar de manera adecuada. Sin necesidad de grandes reformas ni de revoluciones palaciegas, simplemente aplicando el sentido común, lo cual no es fácil en estos tiempos que corren, en los que la acción de los poderes públicos se ha burocratizado tanto que son incapaces de tomar decisiones con un mínimo de celeridad, salvo que vaya a quebrar un banco.

Tres ejemplos ilustran hasta que punto las autoridades económicas y los representantes sociales no tienen suficientes reflejos para afrontar lo que está ocurriendo. En primer lugar, en lo relacionado con el mercado de trabajo. Resulta que en este país, tal y como acaba de poner de relieve la Encuesta de Población Activa, el desempleo está subiendo a un estratosférico ritmo del 45%, tasa que sería escandalosa hasta para la nación más pobre de la tierra. Pero aquí, unos y otros miran hacia otro lado, como si no fuera con ellos. Se supone que algún problema tendrán las pymes para despedir de forma abundante, en muchos casos a profesionales extremadamente valiosos. Sin embargo, en lugar de identificar los problemas, gobierno, sindicatos y patronal siguen mareando la perdiz. Algo lógico, por otra parte, teniendo en cuenta que no tienen ningún estímulo o aliciente para alcanzar pactos. El Gobierno ha dicho que no hará en ningún caso reformas unilaterales, por los que los agentes sociales pueden seguir calentando el banquillo hasta que se aburran. Mientras que el Gobierno tiene la coartada perfecta para no enfrentarse a una parte de la opinión pública, la que se quede insatisfecha con la reforma.

Empresas abocadas al cierre

Cabe preguntarse si en un contexto como el actual no sería razonable abordar de forma inmediata los costes de Seguridad Social que tienen muchas de las empresas abocadas al cierre, lo cual aliviaría su situación financiera. ¿De verdad tiene algún sentido continuar engordando el Fondo de Reserva de la Seguridad Social cuando miles de empresas (sobre todo las de menos de cinco o diez trabajadores) tienen que cerrar porque están ahogadas por el pago de cotizaciones sociales? ¿O es que el Gobierno prefiere que cierren las empresas y seguir pagando los costes sociales de los despedidos a través del Inem? Es evidente que el pago de cotizaciones no es la causa última de los problemas empresariales, pero nadie negará que la medida aliviaría sus problemas de liquidez, aunque la cuantía del Fondo de Reserva se congele durante un par de años.

Otro cuello de botella está relacionado con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Cada vez son más las empresas a las que Hacienda les reclama el pago del tributo (algo lógico, por otra parte); pero resulta que no pueden hacerlo simplemente porque sus deudores no han satisfecho las cantidades pactadas (un caso que afecta a multitud de proveedores). El Fisco, sin embargo, no entiende de estas milongas, salvo que la empresa que debe el dinero se encuentre inmersa en un concurso de acreedores, y ni corta ni perezosa exige que se le ingrese el IVA correspondiente.

La alternativa que da Hacienda es esperar dos años para solventar una gestión de cobros, como se ve mucho tiempo para algunas compañías que están con el agua al cuello. Parece evidente que el Fisco debería ser más sensible a este problema acortando los plazos con el único objetivo de que se frene la bola de nieve de los impagados, que no ha dejado de crecer a medida que se intensifica la crisis económica.

El tercer cuello de botella está vinculado a un asunto que suele llamar poco la atención de los medios de comunicación: el llamado efecto crowding out, que se produce cuando las administraciones públicas expulsan del mercado de crédito a los sectores privados de la economía, familias y empresas. Se trata de un fenómeno preocupante que afortunadamente había desparecido de la economía española, pero que en los últimos meses ha resurgido con una fuerza inusitada. Las administraciones públicas necesitan dinero, mucho dinero, para cubrir sus cada vez más abultados déficit, por lo que han vuelto a pedirlo a los inversores, como es natural. La consecuencia no puede ser otra que la inevitable. En un mercado que funciona con cartilla de racionamiento, resulta que hay nuevos jugadores que quieren dinero a espuertas, lo que expulsa a otros agentes económicos y produce, además, subidas adicionales del coste de financiación. No solamente hay menos dinero disponible al haber más competencia por captarlo, sino que, además, es más caro al aumentar la demanda de crédito y por lo tanto los tipos de interés.

Un par de datos ilustran la naturaleza del problema. En agosto pasado, la financiación a los sectores no financieros creció un 8,1%, pero la contribución de empresas y familias al crecimiento de esa tasa fue de 7,6 puntos. Las administraciones públicas captaron el medio punto restante. Lo mismo ocurrió en julio, y da la sensación de que este efecto crowding out durará hasta que las administraciones públicas no racionalicen sus políticas de gasto.

Como se ve, resolver los problemas no sólo es una cuestión de fe, algo que esgrime este Gobierno con asiduidad en el debate político, y sobre lo que Montesquieu llamó la atención hace 260 años. Decía el jurista francés que “la buena fe de los españoles ha sido famosa en todos los tiempos”. Ya Justino, recordaba,  hablaba de la fidelidad de los españoles para guardar los depósitos.  “A veces se han dejado matar por mantenerlos en secreto”, insistía. Pero el propio Montesquieu recordaba que “esta cualidad admirable, unida a su pereza, forman una mezcla de la que resultan efectos perniciosos; y así, ante sus propios ojos, los pueblos de Europa hacen todo el comercio de su Monarquía”. Palabra de Monstesquieu 

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