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La palabra ‘solvencia’ se ha convertido en la más utilizada por las clase política para referirse al sistema financiero español. No seré yo quien lo ponga en duda. Pero sorprende que en los análisis oficiales que se hacen sobre la salud del sistema financiero (sin duda desinteresados) se obvie -o se silencie- un hecho preocupante. Nada menos que el 61,3% de los créditos concedidos por bancos y cajas (año 2007) tienen que ver con el ‘ladrillo’, nuestro ‘subprime’ particular. 

Veamos. El 8,7% de lo prestado por la banca se lo han tragado las constructoras. Las promotoras inmobiliarias, por su parte, se han comido nada menos que 17,3% de esa pastizara, que diría un castizo; pero es que, otro 35,3% tiene que ver con la adquisición o rehabilitación de viviendas. Por decirlo de una manera más clara. De los 1,72 billones que han prestado bancos y cajas a sus clientes, más de un billón de euros están relacionados directamente con este viejo material que ya se utilizaba en Mesopotamia hace 3.000 años y que con el tiempo se ha convertido en el símbolo del capitalismo español. Habrá quien piense que este porcentaje es perfectamente llevadero y que el sistema financiero puede aguantarlo, pero no parece que vayan por ahí los tiros. Todo lo contrario.

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria está enladrillando el balance de bancos y cajas de ahorros de forma cada vez más evidente, sin que ninguna autoridad económica llame la atención al sistema financiero por ello (al menos en público). La banca, en lugar de procurar el concurso de acreedores para aquellas empresas que no están en condiciones de devolver sus compromisos de pago, como haría cualquier empresa comercial, ha optado por refinanciar las deudas contraídas por sus clientes, aumentando obviamente la exposición de su cuenta de resultados al riesgo inmobiliario. Nada que ver, por lo tanto, con esa ‘purga’ tan saludable de la que habló hace algunos tiempo Pedro Solbes.

A priori, esta estrategia puede parecer inteligente y hasta ‘patriótica’, que diría el presidente del Gobierno, toda vez que permite dos cosas. Por un lado, evita que bancos y cajas de ahorros queden retratados ante la opinión pública con un aumento excesivo de la morosidad (lo que les libera de hacer provisiones). Por otro, permite que las entidades de crédito sigan beneficiándose de los raquíticos flujos de caja que generan estos días las inmobiliarias, lo cual les viene muy bien en unos momentos en los que la liquidez en un bien ciertamente escaso.

La estrategia, por lo tanto, parece razonable a priori, pero con sólo observar la historia financiera de este país en los últimos 30 años, se ve que es un auténtico disparate. Si algo ha quedado claro es que la manera más directa de llegar al desastre es retrasar los problemas mirando para otro lado. Eso ocurrió tras las dos choques petrolíferos de los años 70 y así nos fue. Y lo mismo sucedió entre 1978 y 1983, que marca el perímetro temporal en el que se desarrolló la mayor crisis financiera que ha tenido este país desde que los Fugger prestaban dinero a Carlos V.

Como recordó hace algún tiempo Isidro Fainé, el presidente la Caixa en un brillante artículo publicado por el Banco de España, de los 110 bancos que operaban en España a finales de 1977, 51 se vieron afectados por problemas de solvencia entre esos años. Inicialmente, recordaba, “se trató de entidades de menor tamaño; sin embargo, las dificultades acabaron extendiéndose a entidades de dimensiones considerables”. La crisis alcanzó su punto álgido en 1983, con la expropiación de los 20 bancos del conglomerado industrial Rumasa, y se alargaría hasta 1985. Los 51 bancos con dificultades gestionaban un volumen de depósitos cercano a los 9.500 millones de euros, empleaban a más de 35.600 empleados y contaban con 2.622 oficinas. La factura para los ciudadanos fue brutal. La crisis bancaria costó al erario público (saldo entre lo aportado y lo recuperado) 2.993 millones de euros de los de entonces. Como se ve, eso de socializar las pérdidas de la banca no lo inventó Bush.

La crisis bancaria estuvo ligada al empeoramiento de la actividad económica (aumento de morosidad), pero también al deterioro del margen de intermediación, al encarecimiento de la remuneración de los depósitos y a la elevación de los coeficientes obligatorios de inversión; pero también se debió, como sostiene Fainé, a que “algunas de estas entidades acometieron inversiones crediticias de alto riesgo, llegando a exceder los límites aconsejables. Bien para compensar unos mayores costes del pasivo y de infraestructura, consecuencia, en buena medida, de la ambiciosa expansión territorial emprendida a partir de 1974; bien por su condición de banco industrial; bien por la falta de rigor en el otorgamiento de créditos; o bien por actuar como recaudador de fondos para las empresas pertenecientes a su mismo grupo, recurriendo incluso a financiaciones cruzadas”.

“En algunos bancos” –insistía Fainé- “llegó a existir una excesiva concentración de riesgos, que, por otro lado, no eran debidamente contabilizados. En este entorno se dieron prácticas contables tendentes a enmascarar la situación y se llevó cabo una huida hacia adelante, forzando actividades dudosas, aflorando inexistentes revalorizaciones de activos, renovándose operaciones fallidas, etc. Dada la imposibilidad de superar la crisis, se acentuaron las operaciones irregulares, las cuales aceleraron el colapso de las

entidades afectadas”.

¿ A que les suena?

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